Descubre como el Covid-19 afecta el Cobro Judicial en Costa Rica - Derecho - Reeditor.com

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El cobro judicial inicia cuando hay mora en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados, con fuerza ejecutiva o sin ella.

En su mayoría, los cobros judiciales son procesos de recaudación por préstamos rápidos, compras de artículos de toda clase y por tarjetas de crédito.

Los procesos de cobro judicial le manchan su historial crediticio hasta por cuatro años y hasta por más tiempo si usted no se defiende ante este cobro judicial.

Implicaciones en el Cobro Judicial

1. En un proceso de cobro judicial en su contra le pueden embargar sus cuentas bancarias, incluso, en la que le depositan su salario.

2. Si usted fue fiador de la deuda de otro, su responsabilidad es igual a la del deudor, por lo que una vez entablado el proceso de cobro judicial le podrían embargar su casa y su salario por un dinero que otra persona se obligó a pagar y no hizo.

3. Su deuda puede ser cedida a otra empresa por lo que su acreedor ahora es otro, si usted tenía una deuda con una financiera que le prestó dinero, pero de repente le llegó una notificación de que estaba en cobro judicial con una empresa que jamás había escuchado, es porque su acreedor cedió su crédito a otra empresa y esto podría traer consecuencias legales para usted.

4. Los intereses de su deuda prescriben al año, si pasado ese tiempo la empresa acreedora le cobra a usted intereses, puede usted hacer las gestiones necesarias para que no le cobren esos intereses.

5. Si le llaman constantemente para cobrarle una deuda, asesórese legalmente antes de tomar alguna decisión. Lo que le indican en la llamada telefónica debe de verificarlo y constatar lo que le informen.

6. No es obligatorio para el acreedor informar sobre el inicio del cobro judicial al deudor.

7. Es obligatorio de acuerdo con la nueva reforma presentar la demanda del cobro judicial en el despacho judicial del lugar donde vive el deudor.

8. Debe contar con el patrocinio de un asesor legal.

El país enfrenta una crisis sanitaria por covid-19 y la demanda de procesos de cobro judicial han aumentado en los últimos meses.

Esta es una de las expresiones del alto endeudamiento de la población mediante créditos bancarios, tarjetas de crédito, préstamos rápidos, compras de electrodomésticos y deudas por servicios. Se suman a las deudas por el impago de servicios u obligaciones legales con entidades públicas, como la Caja del Seguro Social (CCSS).

Los plazos establecidos para el cobro judicial no se ven afectados por la pandemia. Estos plazos siguen siendo obligatorios para estos procesos. Lo que si se puede ver afectado por la pandemia es los períodos de resolución de los despachos judiciales debido a la mora que existe actualmente.

Estas demoras si ocasionan daños al ejercicio del comercio, área en la que el tema de la liquidez juega un importante papel para las distintas empresas y comerciantes.

Lo que debemos tener en cuenta es disminuir el tiempo en la realización de la demanda.

El escrito de demanda debe reunir una serie de requisitos, cuya presencia debemos revisar con detenimiento, puesto que si se cumple con ellos y el documento reúne las condiciones analizadas anteriormente, podemos dictar la resolución donde se declare la admisibilidad de la demanda y se le ordenará al (a/la) demandado (a) el pago de los extremos reclamados en un plazo de quince días.

Los requisitos en cuestión son:

a) Los nombres y calidades de ambas partes.

b) Exposición sucinta de los hechos.

c) Fundamentos de derecho.

d) La petición.

e) Las sumas reclamadas por concepto de capital e intereses.

f) Estimación.

g) Medio para atender futuras notificaciones.

h) Lugar para notificar a la parte demandada

Por otra parte, parece que hay una reiteración en cuanto a la pretensión, porque se establecen como requisitos “la petición” y también “las sumas reclamadas por concepto de capital e intereses”, y es obvio que, por tratarse de un proceso para el cobro de obligaciones dinerarias, no se puede reclamar otra pretensión material que no sea el pago del principal y los réditos adeudados. Además, no es necesario que se pida en forma expresa, la condena en costas al (a/la) demandado (a), porque debemos recordar que ese es un pronunciamiento que el juez o jueza debe hacer de oficio, y en estos procesos en la resolución inicial, siempre se ordenará el pago de ellas (artículo 221 párrafo cuarto del CPC y 5.1 de la LCJ).

Otro problema que se puede presentar, es la ausencia de firmas en el escrito inicial, y en este sentido, debemos tener presente que si se trata de la rúbrica del (de la) abogado (a) autenticante, se le debe conceder un plazo de tres días al (a/la) demandante, que correrá a partir del día hábil siguiente a aquel en que se notificó la resolución que hace la prevención, para que su director profesional comparezca ante el tribunal a estampar su firma. Si no se hace, se rechaza la demanda. Igualmente se rechazará, si lo que falta es la firma de la parte, porque en este caso, no existe el acto de voluntad.

También deberá ser rechazada de plano la demanda, si del análisis del documento sustento de esta se desprende que el (la) accionante no es el titular del derecho que se viene reclamando. Aunque se trata de uno de los presupuestos materiales de la pretensión y, por lo tanto, un aspecto de fondo que debería ser analizado en sentencia, la oposición restringida que contempla este tipo de procesos justifica que esa revisión se haga obligatoriamente de previo a la admisión de la demanda. Por último, si la demanda contempla el reclamo de sumas evidentemente improcedentes, como, por ejemplo, el cobro de intereses corrientes y moratorios de un mismo período o un monto de capital superior al señalado en el documento base, se debe hacer un rechazo de plano parcial de la demanda, en cuanto al cobro excesivo.

Es adecuado el rechazo parcial de la demanda, porque con eso se evita la formulación de una oposición justificada y el consiguiente señalamiento para la celebración de la audiencia oral, y también porque la ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho.

Si deseas obtener mayor información o asesoramiento sobre el cobro judicial puedes contactarnos en ERP Lawyers.