El pasado noviembre del 2020, fue
aprobada la nueva Ley de emprendimiento que busca impulsar el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas en el país, al tiempo que define un marco
regulatorio para ellas, de acuerdo a sus necesidades y características
particulares.
En momentos de recesión como los
que vive el mundo y particularmente Colombia, acudir a la promoción del
emprendimiento es una forma adecuada de apuntarle tanto al desarrollo
empresarial, como a la generación de ingresos, de forma tal que el crecimiento
económico se pueda dar de la mano de la productividad y la equidad para las
personas más vulnerables.
Y es precisamente en esos
criterios de inclusión, que permitan que los emprendedores de las bases de la
pirámide, donde está el reto más grande para lograr que el emprendimiento
conlleve ingresos, dignidad, estabilidad en el tiempo de los negocios y porque
no, que contribuya a generar verdadera riqueza en ellos y no que sea una estela
de emprendedores fracasados, que pasan de idea en idea y de fracaso en fracaso.
Criterios de inclusión dentro de
los programas y proyectos que lideren tanto desde el nivel presidencial, como
en los territorios los alcaldes y gobernadores son necesarios para poder
avanzar en disminuir la pobreza y dinamizar la economía vía consumo. Tenemos en el país 170 municipios incluidos
en los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), que fueron
priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con
mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad
institucional.
Representan estos municipios una
oportunidad única para generar las posibilidades de alianzas entre el sector
público, privado y comunidades organizadas, que permitan el desarrollo de
unidades productivas que le apuesten a las necesidades de consumo del mercado,
a las ventajas competitivas de la región, aunadas a su vocación productiva.
Estas alianzas deberán contener dentro de su esquema, no sólo recursos de
capital semilla, capacitación y asistencia técnica, sino que deben garantizar
un proceso constante de acompañamiento, que en el mediano plazo garantice su
sostenibilidad, tanto financiera, como técnica y organizacional.
Otra dificultad que se debe
enfrentar al generar emprendimiento en zonas rurales y municipios pequeños, son
los problemas estructurales de infraestructura, tanto de vías, como de
servicios públicos y conectividad, que no permiten que los productos y
servicios puedan circular eficientemente entre los territorios y esto se
refleja claramente en los niveles de empleo formal que generan las
microempresas en Colombia, el cual está muy por debajo del que generan otros
países miembros de la OCDE.
En resumen para lograr que el
emprendimiento se convierta en un verdadero motor de desarrollo y de empleo
digno para los más excluidos, es necesario que los emprendedores, las comunidades, los
gobernantes, las universidades y el sector privado en general se unan alrededor
de crear las condiciones necesarias y poder aprovechar todo lo que traer la
nueva ley de emprendimiento. Es una tarea de todos y un gran reto que debe ser
asumido incluso por los futuros congresistas, quienes deberán apoyar el proceso
de puesta en marcha de los decretos reglamentarios requeridos para avanzar.
Se vislumbra una gran oportunidad
para avanzar en lo relacionado con la reactivación, si se mira juiciosamente la
necesidad de reconversión productiva de algunas regiones, ya sea por cambios en
la vocación productiva, por daños ambientales provocados por el extractivismo,
por oportunidades del mercado o simplemente por la posibilidad de gestionar
recursos que permitan reactivar procesos económicos en zonas con alta potencialidad para
implementar nuevos proyectos en diferentes sectores económicos.