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La instauración de la justicia virtual en Bolivia producto de la pandemia por COVID-19


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03/12/2020


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El acceso a la justicia es un derecho fundamental en Bolivia, que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado, artículo 115-I, al establecer que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.


En situación de necesidad o de crisis generalizada, las cuales imposibilitan el normal trabajo y desenvolvimiento de las unidades funcionales de justicia (Salas, Tribunales de Sentencia y Juzgados), el acceso a la justicia se ve restringido, por lo que las instancias judiciales pertinentes establecieron propuestas de solución conducentes a minimizar dichos efectos o plantear fórmulas alternativas para su ejercicio, dando paso a la instauración de la justicia virtual.

En Bolivia, al igual que en el resto del mundo, el Órgano Judicial ha afrontado la pandemia haciendo uso de medidas de gestión judicial conducentes a sostener en forma efectiva el acceso a la justicia. Una de esas medidas ha sido la incorporación de Tecnologías de la Comunicación e Información, dirigidas a dinamizar el proceso judicial, así como al desarrollo de las audiencias judiciales en las diferentes materias.

Las tecnologías de información y comunicación (TIC), son un conjunto de técnicas utilizadas para el manejo de todo tipo de información, valiéndose los avances de la comunicación (radio, televisión, internet y otros), así como los avances en el plano tecnológico (software y hardware).

En el caso boliviano, el Órgano Judicial ha implementado portales dirigidos a viabilizar el acceso a la justicia para los operadores del sistema judicial y principalmente de la sociedad. En ese sentido, se ha incorporado el Buzón Judicial, las Notificaciones Electrónicas, el seguimiento informático de causas, la Oficina Gestora de Procesos y en el último tiempo como emergencia de la crisis sanitaria emergente de la pandemia Covid-19, mediante Circular 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia se ha determinado la implementación de las audiencias judiciales vía videoconferencia, inicialmente desarrolladas en materia penal y constitucional.

La Ley N° 025 del Órgano Judicial, ha permitido este escenario pues ya preveía la incorporación de nuevas tecnologías en las prácticas jurisdiccionales al disponer en el parágrafo I del Artículo 121 que “Los tribunales y juzgados, podrán utilizar medios informáticos, electrónicos, magnéticos, archivos de imagen, programas, bancos de datos y otras aplicaciones de medios que posibiliten la tecnología para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de la documentación y las actuaciones procesales”.

Hoy por hoy, a nueve meses de la adopción de medidas de confinamiento producto de la emergencia sanitaria, ya se encuentra en vigencia el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, por el que tanto los operadores de justicia (magistrados, vocales, jueces, conciliadores), así como los fiscales, abogados de entidades públicas y privadas, abogados en el ejercicio libre de la profesión y la ciudadanía en su conjunto, han estando recurriendo a plataformas de videoconferencia que permiten la comunicación sincrónica entre los videoconferentes, lo cual, en el ámbito de la administración de justicia, han dado génesis a un nuevo escenario de relacionamiento denominado cibercultura judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen algunos retos que tiene el Sistema Judicial frente a la virtualidad. Después de un confinamiento de más de cuatro meses por causa de la emergencia sanitaria, se reactivó el funcionamiento de la administración de justicia a través de medios virtuales y tecnologías de la información. Se logró la reanudación de los términos judiciales y eso implicó que tanto tribunales como jueces, empezarán a prepararse para atender y prestar sus servicios en la era de las tecnologías, un mecanismo que hoy en día marca la delantera.

De forma casi impuesta, se está dando un cambio de mentalidad frente al escenario de la justicia; las actuaciones dejaron de ser presenciales, siendo ahora la virtualidad, la regla general y no la excepción.



Se logró que de forma válida se presenten demandas a través de mecanismos virtuales, evitando el desplazamiento de las personas y la realización de diligencias presenciales. Lo anterior, permitió que las personas puedan someter sus controversias a la administración de justicia vía correo electrónico.



Se evidencia un ahorro significativo en tiempo, lo cual debería propender por una mayor eficiencia en el trabajo de los despachos judiciales.



Surge además la necesidad de atender problemas de orden tecnológico como: 1. la conservación e integridad del expediente digital y, 2. la unificación de las tecnologías que estarán al servicio de la administración de justicia. Este aspecto ha sido criticado por expertos en materia digital, por considerar que en la actualidad no están dados los presupuestos necesarios para que las actuaciones judiciales sean conservadas integralmente en medios digitales.



Se ha evidenciado, en algunos casos, una falta de colaboración de parte de los abogados y los intervinientes para facilitar la realización de las audiencias virtuales. Es necesario la colaboración de todos para asegurar que las actuaciones se realicen sin problemas, como, por ejemplo, preparar con antelación las condiciones técnicas de conectividad para la realización de audiencias virtuales.



Es cierto, que lo ideal hubiera sido que la justicia virtual contara con un proceso planeado y diseñado con anterioridad, pero, la actual situación de emergencia sanitaria obligó a hacer uso de las herramientas tecnológicas que son comunes y frecuentes en otros escenarios de la vida. Por lo tanto, con sus pros y sus contras, la justicia digital ha llegado para quedarse, por lo que la prioridad de hoy es abordar los retos y construir sobre lo existente.

 



Etiquetas:   Derecho Civil   ·   Derecho   ·   Derecho Penal

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