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Ley Sinde: élites protegiendo élites
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10/03/2011
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Está semana, el relato que os ofrezco (en un máximo de 1700 palabras, como siempre) será de terror, puesto que voy a hablar de la ya tristemente famosa ley Sinde, ese apartado sigilosamente situado al final de la Ley de Economía Sostenible y creado única y exclusivamente para poder eludir la decisión habitual de los jueces en el tema que toca.
Que nadie se equivoque: pese a lo que puede verse en los medios de comunicación controlados por las grandes compañías mediáticas, la guerra en la que estamos inmersos los españoles no va de “desaprensivos internautas” contra “talentosa gente de la cultura”, no. Va de élites protegiendo élites frente a todos los demás y frente a quien sea, a niveles impensables para el ciudadano de a pie, con un violento forcejeo entre un progreso social que hubiese debido ser imparable por su propia naturaleza y una industria basada en modelos de mercado obsoletos que utiliza un gobierno para tratar de mantener su estatus privilegiado.
Porque, aunque muchos parezcan incapaces de entenderlo (en realidad, se diría que no quieren hacerlo, de otro modo es incomprensible, no parece un gran esfuerzo mental), como apunta un estudio jurídico más que recomendable (la Ministra y sus ayudantes deberían sentarse a leerlo y, de paso, estudiar algo de Derecho, ya que se meten a hacer una ley en este país), los derechos de propiedad intelectual son derechos privados de naturaleza patrimonial. Por lo tanto, es por completo inmoral pretender equipararlos a intereses dignos de protección reforzada, como sí lo son el orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales. No puede plantearse de ningún modo que, para que un señor pueda mantener su más que próspero negocio como siempre, los demás tengamos que aceptar unas restricciones en nuestros derechos.
Que de eso se trata, todo esto. De eso y nada más.
La famosa “industria”, esa que se ha aprovechado durante años de subvenciones a dedo en este país porque “el cine ERA cultura” (que ya no, cuidado, ahora es un negocio que pretende robarle el ciudadano yonqui, como tuvo a bien decir un representante del grupo. Ahora, las cartas sobre la mesa, o pagas, o no tienes derecho al producto), está presionando al límite para imponer su voluntad y su cartera sobre toda la sociedad. No asume que las cosas son distintas y los contratos deben escribirse de otro modo. Su modelo de mercado, perpetuado a lo largo de los años en un cómodo control absoluto de la creación y distribución de sus contenidos con el que nos maleaba a todos a su antojo (¿cuántos años tardó “La guerra de las galaxias” en ser vista en las televisiones? ¿Cuánto, “Lo que el viento se llevó?”… o, a otro nivel ¿quién fue el último al que le devolvió el dinero tras cobrarle por un bodrio que habían publicitado a bombo y platillo como gran película del año?), se ha visto golpeado por la realidad del progreso. Y debe cambiar, o morir como buen dinosaurio. Pero de ningún modo debe afectarme a mí en el ejercicio de mis libertades.
Eso, es lo que ha olvidado por completo el gobierno, un gobierno (“socialista”, que se dice… bueno, en fin) que, asombrosamente, no se posiciona con la sociedad para la que, supuestamente, trabaja. Al contrario, sólo parece importarle que las mismas personas que se estaban enriqueciendo en el pasado (y a las que tanto debe por favores propagandísticos, entre otras cosas), sigan enriqueciéndose en el futuro, del modo que más pueda convenirles, creando para ello los mecanismos de control que sean pertinentes.
Si es necesario, incluso al margen de los jueces. Quitándose máscaras. Entrando a saco con el saco. Demencial.
Se escudan, claro, en la protección de la propiedad intelectual y, más allá todavía, en “el autor”. Que, realmente, es el único que podría tener algún derecho moral a algo en este asunto, no los muchos intermediarios que pretenden seguir aferrados a su estela, forzándonos a todos a seguir pagándoles sus desorbitados sueldos y los de sus abogados.
Obviamente, entre los autores hay gente razonable, pero muchos cantantes, escritores y gentes del cine (“autores”, en general) han aplaudido organizadamente la ley Sinde, agrupándose en torno a algo lamentable que se autodenomina “Coalición de Creadores”. Nombres conocidos, gente que hubieras esperado que se plantearan las cosas de un modo más liberal, más cercano a la sociedad y menos decepcionante. Es una pena que no hayan sabido ver más allá de su bolsillo inmediato o de la frustración natural que puede derivarse de contemplar cómo otros, ajenos a su círculo, se enriquecen con su trabajo. Eso, puedo entenderlo perfectamente, claro que sí.
Pero, es que, es un hecho: existe internet y el control de la distribución es prácticamente imposible, a menos que se ataquen libertades de otros, de todos. Hay que asumirlo y, si no se asume, es que se están priorizando cosas que no deberían ni de lejos entrar en cuestión. Si hay que elegir entre primar unos derechos u otros, los que deben bajar la cabeza son los privados de carácter patrimonial, señores. Sin más vueltas. Y aquellos que están dispuestos a aceptar que todos caigamos bajo la censura (gobierno, coaliciones de creadores del tipo que sea, empresarios de la industria…), tendrán que asumir la censura social.
Por supuesto, lo ideal sería no entrar en insultos, aunque no es cosa sólo de uno de los bandos, como parecen plantear algunos. Yo, que aspiro a vivir algún día de mis obras, soy más de la opinión mesurada de Juan Gómez–Jurado (menos mal que hay autores como él, o como Isabel Coixet o Álex de la Iglesia, que sí reflexionan y comprenden lo inaceptable de algo como la ley Sinde) cuando dice que hay que asumir los cambios y buscar nuevas soluciones. Pero nuevas. No forzar las viejas bajo el pisotón guiado de la bota de un gobierno que actúa forzado por empresarios de un negocio extinto, a espaldas de su pueblo.
Definitivamente, los autores que tanto aplauden y se comprometen con una ley pro–censura deberían tener muy presente que, para perdurar en el nuevo modelo de negocio, en el que no se puede pretender cobrar “por copia”, sino “por fama”, va a ser imprescindible buscar de salida el agrado de sus clientes y la comprensión social para la profesión. Debe buscarse la empatía, no aumentar el abismo que separa las partes del conflicto, que es lo que está pasando. Cada vez más y más, con comportamientos como el de la SGAE, odiada y rechazada por sus prácticas que pudieran ser interpretadas como mafiosas, en connivencia con el gobierno. ¿En ese marco, realmente se puede esperar otra cosa que la total indiferencia del usuario por si cobra o no cobra alguien perteneciente a una élite privada para la que se estableció una tasa pública (¡y llamándonos a todos presuntos ladrones!)? El propio canon, ilegal, inmoral, y aún implantado por la fuerza pese a las respuestas de los tribunales, ha llevado a eso: si me consideran ladrón de salida y me cobran preventivamente por robar, entonces ya no hay delito. Me he ganado el poder copiar lo que me dé la gana.
Y, como dice la sabiduría popular: quien roba a un ladrón, tiene mil años de perdón.
Hay que ser tremendamente torpe, mucho, para crear algo como la ley Sinde, y muy ingenuo para pretender que sea socialmente aceptada nunca. Ni esta, ni ninguna otra vía que lleve a la censura, por mucha presión y muchos chantajes que planteen las fuerzas de “la industria”. Lo peor que ha podido hacer el grupo de mentes pensantes que poco pensaron al redactarla, es dar pie al “pirata” a protestar y decir “¡atención todos, que vulneran nuestros derechos!”, provocando el rechazo social contra el que sufre el robo y una reacción normal contra el evidente intento de censura. Porque, sí, es verdad, otra vez vulneran nuestros derechos.
Una última reflexión, para los autores que han firmado ese manifiesto respaldando la ley Sinde o, al menos, para los que realmente quieran dialogar y no cerrarse en banda para ganar dinero a costa de lo que sea. Con un acto así, con una aberración como la ley Sinde, se han abierto puertas que jamás hubieran debido abrirse. Puede parecer que compensa, para vivir mejor en el momento o para no sentirse robados en sus beneficios; pero la situación creada, o que se pretende crear, tarde o temprano nos afectará a todos, en todos los ámbitos de la vida.
El gobierno, presionado por un grupo empresarial que no obtenía los resultados deseados en los tribunales, se ha colocado por encima de los jueces para beneficiar económicamente a un sector privado a costa de los derechos de toda la sociedad. Y es de imaginar que, si se sale con la suya, no será la única vez que lo haga. Sólo la primera.
A veces puede parecer que supone un buen negocio vender las libertades, pero nunca lo es.
¿Quieren los autores (“autores”, no resto de profesiones intermediarias que se han vuelto parasitarias y que nadie tiene por qué verse obligado a mantener, y que son el auténtico problema en este asunto) proteger sus derechos “patrimoniales”? Bien, perfectamente legítimo: que acudan a los tribunales, que para eso están. Y si los tribunales no les dan la razón será que, sencillamente, la sociedad, que es quien decide qué es delito y qué no (la voluntad de la sociedad, no la de ningún gobierno, que debería limitarse a gestionar o de lo contrario entramos en la tiranía), ha decidido que el camino debe ser otro y, por tanto, las alternativas a buscar para salvar su negocio deben ser otras.
Como ciudadanos, todos, absolutamente todos (incluso las élites, aunque se sientan por encima de la ley), estamos viviendo una situación lamentable. Un aborto forzado a seguir vivo, como es la ley Sinde, supone un enorme retroceso para lo que hasta ahora se definía como un Estado de Derecho Democrático y Social. Veremos a dónde nos lleva.
Se avecinan tiempos interesantes, que dirían los chinos. Otros que saben bien cómo amordazar la red y sujetar al ser humano.
Artículo publicado originalmente el 30 de enero 2011 en el Blog de la escritora Díaz de Tuesta
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