. Desde la década
pasada, se promovió la rendición de cuentas, la apertura de portales de
transparencia, entre otras iniciativas; todas en respuesta a la desconfianza
generada en los gobiernos sobre la eficiente gestión pública; sin embargo,
estos procesos de participación y vigilancia ciudadana no han podido detener
los casos de corrupción que han puesto en jaque a la clase política del país y
de Latinoamérica.
En
nuestro país, este esfuerzo por construir un gobierno abierto, sostenible y
transparente, se iniciaron después del gobierno de Alberto Fujimori; donde las
fuerzas políticas y sociales se unieron a través del Acuerdo Nacional buscando
una dirección democrática y transparente basada en la participación ciudadana y
que finalmente este acuerdo se traduzca en la mejora del nivel de vida de la
población peruana.
Sin
embargo, conducir un gobierno abierto con sus principios de transparencia y
acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas e
integridad no ha sido fácil después de 20 años. Han pasado 04 gobiernos elegidos mediante
democracia, en los cuales ninguno ha podido establecer espacios de diálogos y
concertación en torno al Acuerdo Nacional para la gobernanza del país, sumado a
ello la ausencia de partidos políticos y gobiernos outsiders con partidos
“vientres de alquiler”, ha conllevado a debilitar las propuestas estratégicas
del país hacia el bicentenario (aunque en los últimos dos años CEPLAN se ha
esforzado por tener la Visión país). A esto se suma, los esfuerzos por la
descentralización, a fin de generar capacidades de gestión en los gobiernos
regionales y locales, para que sean capaces de gestionar sus territorios, cuyos
resultados medidos con la ejecución presupuestal, demuestran una ineficiencia
durante cada año presupuestal.
En
consecuencia, en el año 2018, Perú ha empezado asumir que debe ser un Estado
moderno con capacidades que le permita crear valor público, que conozca y
entienda la problemática y necesidades de la población, por lo que ser un
gobierno abierto y transparente es indispensable, pero para ello necesita
servidores públicos comprometidos con esta gestión. Este nuevo modelo de valor
público basado (Moore, 1995) que refiere que el
Estado sea dinámico, creativo, formador y participante de la esfera pública; es
decir, que los administradores públicos deben dejar el esquema rígido arcaico; más
bien este conformada por recursos humanos que ayuden al gobierno a volverse más
adaptable a las transformaciones materiales y a las condiciones sociales, y a
las cambiantes necesidades y aspiraciones políticas.
Sin
embargo, en los últimos años, la corrupción se ha convertido en el peor enemigo
de la gestión pública, siendo la principal preocupación de la ciudadanía, a
pesar de los esfuerzos del Gobierno por demostrar procesos transparentes. Uno
de los procesos que en Perú se ha instaurado para garantizar la transparencia
es el proceso de rendición de cuentas que realizan los gobiernos regionales y
locales, siendo una oportunidad para mostrar los proyectos ante la ciudadanía; no
obstante, este acto público hasta la fecha no ha favorecido a detener la
corrupción, como indica el reporte de la Contraloría General de la República
que el 52% de las municipalidades distritales y provinciales son las entidades
más denunciadas, seguido por un 26% de los gobiernos regionales con un 26% y
22% en el Gobierno Central.
De
acuerdo, a la Contraloría General de la República estos esfuerzos de
transparencia, no han evitado que, durante el año 2019, el cálculo del tamaño
de la corrupción, superó los S/23 mil millones, lo que equivale al 3% del
Producto Bruto Interno (PBI) del país. En un informe del 2016, de la misma
Contraloría mencionó que las perdidas eran de S/10 mil millones anuales por
corrupción y que solo S/ 3 mil millones de soles se lograba rastrear y 7 mil
millones quedaban impunes. Esta situación puede hace reflexionar, sobre los
funcionarios y servidores públicos con escasos valores éticos, planteándose la
posibilidad de motivación, en vista que un gran 70% aproximadamente queda
impune. Según la Contraloría, son 3,079 funcionarios los que han sido
procesados penalmente en 2019. De ellos, al 85% se le imputaron los delitos de
negociación incompatible, colusión y peculado, reafirmo gran motivación para
seguir con esta lacra.
El
caso Lava Jato demostró que la corrupción es sistemática y perdura en el
tiempo. (Quiroz, 2013) sostiene que la
corrupción perdura en el tiempo debido a que han construido redes que continúan
con estas prácticas. Además, que los empresarios y funcionarios se coluden para
sacar más dinero al Estado adjudicando proyectos a cambio de coimas, aumentando
el precio de las obras y repartiéndoselas entre compañías amigas y socias. (Medina, 2017) refiere que la
corrupción opera en un mercado de oferta y demanda, siendo un fenómeno en el
que los participantes hacen un análisis de costo y beneficio; es decir, lo
consideran un negocio.
Por lo tanto, esto nos lleva a deducir, que la corrupción
es un negocio que se ha implementado al interior del Gobierno, conformado por
funcionarios y empresarios, que han encontrado la clave perfecta para embaucar
a los mecanismos de Gobierno Abierto que el mismo Gobierno ha diseñado e
implementado. Como una forma de traición desde los funcionarios y servidores
públicos hacia su Gobierno y sobre todo al Estado. ¿Entonces cómo se hace, para
que este enquistamiento de la corrupción sea doblegado por la participación
ciudadana?
Lo
que se propone es que el gobierno abierto y profundización de la democracia tienen
que estar unidad por un lazo fuerte como una malla estratégica, conformada por
funcionarios y servidores públicos honestos y éticos y la sociedad civil, para
asegurar que los procesos realmente sean transparentes. Esta acción estratégica
tiene que ser liderada por una persona con características intachables en la
función pública y alguien de la sociedad civil; no menciono Presidente de la
República, ni Presidente del Congreso (aunque es lo ideal), pero los últimos
gobiernos peruanos no han demostrado su ética y transparencia. Entre los
liderazgos también puede ir un representante de los partidos políticos que no
se haya envuelto en problemas de corrupción, igual de los representantes de las
universidades, colegios profesionales, organizaciones sociales, productivas, y
otros.
Este Frente Anticorrupción tiene que ser capaz
de colocar personas probas y con características éticas y morales en cada uno
de los estamentos del Estado, porque hay que recordar que el enquistamiento es
grande, y ha capturado a grandes poderes del Estado. Este
plan perfecto corrupto del sector público y sector privado tiene que ser
desarticulado a través del Gobierno Abierto con participación ciudadana. Un
periodista de un reportaje periodístico mencionaba que los destapes de
corrupción logrados hasta el momento ha sido gracias al mismo personal que
labora en el sector público. Cabe tener en cuenta que, la población de la
sociedad civil que integra al sector privado puede llegar a ser cómplice de
estas redes de corrupción.
Referencias
·
Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (2019). Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). https://www.ceplan.gob.pe/sinaplan/
·
Contraloría General de la República
(2019). Cálculo del tamaño de la corrupción
y la inconducta funcional en el Perú. https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html
·
Medina, J. (2017). La corrupción. Proetica,
https://www.proetica.org.pe/etiqueta/jorge-medina/.
·
Moore, M. (1995). Creating Public
Value. Strategic Management in Government. Cambridge: Harvard University
Press.
·
Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción
en el Perú. IEP. Imagen tomada de internet.https://www.inclusionempresarialperu.com/https://www.asesoriaintegraldetesis.com/
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