Se reconoce, desde la
ciencia política, que no puede darse una verdadera profundización de la
democracia sin partidos, entendidos como instituciones con una organización que
pretende permanecer en el tiempo y que buscan explícitamente influir en el
Estado, básicamente tratando de colocar a sus representantes en posiciones de
gobierno, por medio de la competencia electoral o utilizando algún otro tipo de
sustento popular. Sin los partidos se dificulta la posibilidad del votante de
conocer las políticas públicas que intentarán llevar a cabo los distintos
candidatos, así como evaluarlo y controlarlo en el ejercicio de sus funciones. La
teoría nos indica que la política sin partidos no es viable, y la historia
reciente nos advierte que la comprensión del sistema partidario es tarea
compleja cuando sólo surgen aquí y allá partidos personales que no resisten más
que a la figura de su líder fundador.
Al debilitarse los
partidos políticos en tanto ámbitos de formación de cuadros y espacios de deliberación,
negociación, lucha, conflicto y socialización en torno de una imagen del mundo
deseada y compartida, a la vez que las divergencias entre las diferentes
facciones no se resuelven, los conflictos se trasladan al interior del Estado
agregando aún más complejidad e incertidumbre a la tarea de gobernar. Así, una
vez en el gobierno, los partidos ocupan los cargos con miembros provenientes de
diferentes facciones sin una orientación relativamente coherente o recurren a cuadros
técnicos extrapartidarios con una visión de la gestión meramente tecnocrática
Nada se hará para
revertir las incapacidades sistémicas de nuestros Estados si se aborda la mejora
de la política sólo como un asunto del dirigente político. La política no es ni
puede ser un asunto librado a la buena voluntad o profesionalización de cada
individuo. Antes bien, es una actividad colectiva, tanto por sus fines como por
sus medios. Desde este punto de vista, la
política, en tanto actividad transformadora de la realidad, transcurre por los partidos,
principales instituciones en las que se cristalizan las formas de interpretación
de lo colectivo.
Mejor política significa, entonces, partidos
políticos más fuertes, organizaciones
capaces de disputar espacios de poder y discutir modelos de sociedad entre
ellos y con otros representantes de diversos intereses sociales. Su legitimidad
y reconocimiento como actores fundamentales de la democracia emanará de su
capacidad para interpretar, recoger, representar y dar respuesta a las
principales necesidades de la sociedad. De tal forma, para que las democracias
de partidos funcionen adecuadamente, es necesario que haya democracia en y
entre los partidos.
Teniendo en cuenta
estos aspectos generales, observamos cómo en los últimos ocho años, en
Argentina se ha avanzado en reformas fundamentales como la apuesta por un
modelo de producción y empleo; la extensión de derechos sociales; la soberanía
política ante los organismos financieros internacionales; la reforma de los
medios de comunicación audiovisual, entre muchas otras medidas.
Así, la tarea de
recuperación de la política vino de la mano de la reconstrucción del Estado en alianza con los actores socioeconómicos y organizaciones de la sociedad civil como los
sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, entre
otras, las cuales aportaron volumen y fuerza política a cada uno de los centros
de gravedad elegidos para alcanzar los objetivos.
Este proceso de
reconstrucción y reconfiguración de los alcances del Estado se extendió a las normas que regulan la
política, los partidos y las campañas electorales. En este sentido, el objetivo
central de la ley de democratización de la representación ha sido igualar las oportunidades de todas
las fuerzas políticas, fortaleciendo a los partidos políticos y transparentando
el funcionamiento de las campañas electorales.
Como pudimos observar
el último 14 de agosto, la Ley de Reforma Política establece la realización de
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La participación electoral
cercana al 80% del padrón demostró, contra la intuición de muchos, que la ciudadanía
reafirma su vínculo con la democracia y respalda, con su voto, las políticas
que fomentan la transparencia en la selección de candidatos.
Por su parte, el
sistema impidió que quienes fueron derrotados en la primaria puedan competir en
la elección general, evitando claramente la proliferación de sellos electorales
que se crean para cada comicio y carecen de inserción efectiva en la sociedad.
Este punto es realmente importante, si entendemos que un objetivo en el marco
que concierne a la profundización de la democracia debe estar relacionado con
el fortalecimiento de los partidos como herramientas de participación popular
en los asuntos públicos.
Asimismo, se elevaron
los requisitos para la constitución de un partido y el piso mínimo a alcanzar
para mantener la personería jurídica, así como se fortalecieron los mecanismos
de control sobre los niveles de afiliación. Comprendiendo que la fragmentación
excesiva del sistema de partidos es perjudicial para la democracia, esta ley
apunta a corregir una notoria debilidad de nuestro sistema actual, que presenta
aproximadamente setecientos partidos con
con capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones.
Por otra parte, el
Estado garantizó a todos los partidos espacios de publicidad en medios audiovisuales
de forma equitativa y proporcional, garantizando la difusión de todas las
propuestas independientemente de su trascendencia en términos electorales.
En términos generales
esta reforma refuerza el peso de la dirigencia local para la definición de las
estrategias electorales, impulsando una mayor necesidad de debate y discusión
política con los sectores internos y del resto de la comunidad. En este
sentido, es necesario recordar los recursos que hacen al mantenimiento del
poder en un partido: a) la competencia, o indispensabilidad para cumplir una
función, lo que excede el mero saber
técnico; b) las relaciones con el entorno, lo que incluye la capacidad para
establecer alianzas y conflictos con otras organizaciones; c) la comunicación,
esto es, el control ejercido sobre
los canales de
información interna y
externa; d) las
reglas formales, entendidas como
la facultad de
interpretación para aplicar
u omitir los estatutos; e) la financiación, o control del flujo de
dinero; y f) el reclutamiento, que implica la definición de los requisitos de
admisión, carrera y permanencia.
En el marco definido
por la nueva ley, la utilización de estos recursos cobra otra dimensión e
importancia. Si bajo el esquema anterior, controlar el financiamiento y las
relaciones con el entorno (especialmente con la “superestructura”) son los
factores desequilibrantes en la definición de los candidatos, a partir de este
nuevo esquema, la competencia, la comunicación y la posibilidad de hacer
alianzas locales (sin negar la importancia que aun conservarán los otros
recursos) aumentarán su peso relativo. Ahora habrá que interpelar a la
ciudadanía y no sólo al afiliado (cuando se lo hace), lo cual obligará a una
mayor y mejor comunicación de ideas y proyectos así como generará márgenes de negociación ampliados. Esto
implicará, consecuentemente, mayores exigencias respecto a las cualidades de
los candidatos que serán presentados como alternativa política.
¿Este esquema
perjudica o beneficia las chances electorales de los principales partidos
políticos? Como todo fenómeno social, los fenómenos políticos se asientan sobre
la subjetividad de los actores. No podemos predecir con exactitud cómo estos
reaccionarán ante cambios en las reglas de juego. Además, generalmente, los
actores se amoldan a las nuevas reglas, aprenden y tratan de utilizar sus
recursos de modo de sacar el máximo provecho. La respuesta que nos permita
saber cuáles serán los impactos sobre los partidos políticos y la dinámica
política, dependerán de la adaptación y aprendizaje que hagan de esas nuevas
reglas los actores políticos. Todo cambio, indefectiblemente genera
incertidumbre. Pero ésta es más fácil de enfrentar cuando se parte de estilos
de abordaje de la realidad basados en la construcción colectiva, colocando el
foco en los problemas de los hombres y mujeres por encima de cualquier solución
prediseñada.
La legitimidad y
reconocimiento de los partidos políticos como actores fundamentales de la
democracia, como intenté remarcar en estas líneas, surge de su capacidad de
representar las principales necesidades de la sociedad. Gran parte de las
explicaciones que buscan dar luz sobre la crisis de representación, ponen el foco sobre el debilitamiento de los
partidos políticos para continuar con estas funciones primordiales de las
democracias representativas. La brecha creciente entre representantes y
representados no es zanjada por los partidos y estos son vistos cada vez más
como entidades autorreferenciales y presas de lógicas de acumulación de poder
ajenas a los problemas sociales.
El
sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas apunta a alcanzar un
mayor acercamiento que intente cerrar dicha brecha, con lo cual se puede creer
que será un buen marco para fortalecer a los partidos. La reforma de las
instituciones políticas era una deuda pendiente de la democracia, en tanto
condición necesaria para una mayor calidad de la representación de las demandas
ciudadanas hacia el Estado. Los resultados, si bien serán más nítidos en el
mediano plazo, ya empezaron a vislumbrarse.
* Una versión ampliada de este artículo fue presentada en el último Congreso de la SAAP, por Lucas Chedrese y el autor.