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El proceso de repolitización y la ley de Democratización de la Representación Política, la transparencia y la equidad electoral en Argentina.


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18/10/2011


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           Se reconoce, desde la ciencia política, que no puede darse una verdadera profundización de la democracia sin partidos, entendidos como instituciones con una organización que pretende permanecer en el tiempo y que buscan explícitamente influir en el Estado, básicamente tratando de colocar a sus representantes en posiciones de gobierno, por medio de la competencia electoral o utilizando algún otro tipo de sustento popular. Sin los partidos se dificulta la posibilidad del votante de conocer las políticas públicas que intentarán llevar a cabo los distintos candidatos, así como evaluarlo y controlarlo en el ejercicio de sus funciones. La teoría nos indica que la política sin partidos no es viable, y la historia reciente nos advierte que la comprensión del sistema partidario es tarea compleja cuando sólo surgen aquí y allá partidos personales que no resisten más que a la figura de su líder fundador.

Al debilitarse los partidos políticos en tanto ámbitos de formación de cuadros y espacios de deliberación, negociación, lucha, conflicto y socialización en torno de una imagen del mundo deseada y compartida, a la vez que las divergencias entre las diferentes facciones no se resuelven, los conflictos se trasladan al interior del Estado agregando aún más complejidad e incertidumbre a la tarea de gobernar. Así, una vez en el gobierno, los partidos ocupan los cargos con miembros provenientes de diferentes facciones sin una orientación relativamente coherente o recurren a cuadros técnicos extrapartidarios con una visión de la gestión meramente tecnocrática

Nada se hará para revertir las incapacidades sistémicas de nuestros Estados si se aborda la mejora de la política sólo como un asunto del dirigente político. La política no es ni puede ser un asunto librado a la buena voluntad o profesionalización de cada individuo. Antes bien, es una actividad colectiva, tanto por sus fines como por sus medios. Desde este punto de vista, la política, en tanto actividad transformadora de la realidad, transcurre por los partidos, principales instituciones en las que se cristalizan las formas de interpretación de lo colectivo.

Mejor política significa, entonces, partidos políticos más fuertes, organizaciones capaces de disputar espacios de poder y discutir modelos de sociedad entre ellos y con otros representantes de diversos intereses sociales. Su legitimidad y reconocimiento como actores fundamentales de la democracia emanará de su capacidad para interpretar, recoger, representar y dar respuesta a las principales necesidades de la sociedad. De tal forma, para que las democracias de partidos funcionen adecuadamente, es necesario que haya democracia en y entre los partidos.

Teniendo en cuenta estos aspectos generales, observamos cómo en los últimos ocho años, en Argentina se ha avanzado en reformas fundamentales como la apuesta por un modelo de producción y empleo; la extensión de derechos sociales; la soberanía política ante los organismos financieros internacionales; la reforma de los medios de comunicación audiovisual, entre muchas otras medidas.

Así, la tarea de recuperación de la política vino de la mano de la reconstrucción del Estado en alianza con los actores socioeconómicos y organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, entre otras, las cuales aportaron volumen y fuerza política a cada uno de los centros de gravedad elegidos para alcanzar los objetivos.

Este proceso de reconstrucción y reconfiguración de los alcances del Estado  se extendió a las normas que regulan la política, los partidos y las campañas electorales. En este sentido, el objetivo central de la ley de democratización de la representación  ha sido igualar las oportunidades de todas las fuerzas políticas, fortaleciendo a los partidos políticos y transparentando el funcionamiento de las campañas electorales.

Como pudimos observar el último 14 de agosto, la Ley de Reforma Política establece la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La participación electoral cercana al 80% del padrón demostró, contra la intuición de muchos, que la ciudadanía reafirma su vínculo con la democracia y respalda, con su voto, las políticas que fomentan la transparencia en la selección de candidatos.

Por su parte, el sistema impidió que quienes fueron derrotados en la primaria puedan competir en la elección general, evitando claramente la proliferación de sellos electorales que se crean para cada comicio y carecen de inserción efectiva en la sociedad. Este punto es realmente importante, si entendemos que un objetivo en el marco que concierne a la profundización de la democracia debe estar relacionado con el fortalecimiento de los partidos como herramientas de participación popular en los asuntos públicos.

Asimismo, se elevaron los requisitos para la constitución de un partido y el piso mínimo a alcanzar para mantener la personería jurídica, así como se fortalecieron los mecanismos de control sobre los niveles de afiliación. Comprendiendo que la fragmentación excesiva del sistema de partidos es perjudicial para la democracia, esta ley apunta a corregir una notoria debilidad de nuestro sistema actual, que presenta aproximadamente setecientos  partidos con con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Por otra parte, el Estado garantizó a todos los partidos espacios de publicidad en medios audiovisuales de forma equitativa y proporcional, garantizando la difusión de todas las propuestas independientemente de su trascendencia en términos electorales.

En términos generales esta reforma refuerza el peso de la dirigencia local para la definición de las estrategias electorales, impulsando una mayor necesidad de debate y discusión política con los sectores internos y del resto de la comunidad. En este sentido, es necesario recordar los recursos que hacen al mantenimiento del poder en un partido: a) la competencia, o indispensabilidad para cumplir una función, lo que excede el  mero saber técnico; b) las relaciones con el entorno, lo que incluye la capacidad para establecer alianzas y conflictos con otras organizaciones; c) la comunicación, esto es, el control  ejercido  sobre  los  canales  de  información  interna  y  externa;  d)  las  reglas formales,  entendidas  como  la  facultad  de  interpretación  para  aplicar  u  omitir  los estatutos; e)  la financiación, o control del flujo de dinero; y f) el reclutamiento, que implica la definición de los requisitos de admisión, carrera y permanencia.

En el marco definido por la nueva ley, la utilización de estos recursos cobra otra dimensión e importancia. Si bajo el esquema anterior, controlar el financiamiento y las relaciones con el entorno (especialmente con la “superestructura”) son los factores desequilibrantes en la definición de los candidatos, a partir de este nuevo esquema, la competencia, la comunicación y la posibilidad de hacer alianzas locales (sin negar la importancia que aun conservarán los otros recursos) aumentarán su peso relativo. Ahora habrá que interpelar a la ciudadanía y no sólo al afiliado (cuando se lo hace), lo cual obligará a una mayor y mejor comunicación de ideas y proyectos así como generará  márgenes de negociación ampliados. Esto implicará, consecuentemente, mayores exigencias respecto a las cualidades de los candidatos que serán presentados como alternativa política.

¿Este esquema perjudica o beneficia las chances electorales de los principales partidos políticos? Como todo fenómeno social, los fenómenos políticos se asientan sobre la subjetividad de los actores. No podemos predecir con exactitud cómo estos reaccionarán ante cambios en las reglas de juego. Además, generalmente, los actores se amoldan a las nuevas reglas, aprenden y tratan de utilizar sus recursos de modo de sacar el máximo provecho. La respuesta que nos permita saber cuáles serán los impactos sobre los partidos políticos y la dinámica política, dependerán de la adaptación y aprendizaje que hagan de esas nuevas reglas los actores políticos. Todo cambio, indefectiblemente genera incertidumbre. Pero ésta es más fácil de enfrentar cuando se parte de estilos de abordaje de la realidad basados en la construcción colectiva, colocando el foco en los problemas de los hombres y mujeres por encima de cualquier solución prediseñada.

La legitimidad y reconocimiento de los partidos políticos como actores fundamentales de la democracia, como intenté remarcar en estas líneas, surge de su capacidad de representar las principales necesidades de la sociedad. Gran parte de las explicaciones que buscan dar luz sobre la crisis de representación,  ponen el foco sobre el debilitamiento de los partidos políticos para continuar con estas funciones primordiales de las democracias representativas. La brecha creciente entre representantes y representados no es zanjada por los partidos y estos son vistos cada vez más como entidades autorreferenciales y presas de lógicas de acumulación de poder ajenas a los problemas sociales.

El sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas apunta a alcanzar un mayor acercamiento que intente cerrar dicha brecha, con lo cual se puede creer que será un buen marco para fortalecer a los partidos. La reforma de las instituciones políticas era una deuda pendiente de la democracia, en tanto condición necesaria para una mayor calidad de la representación de las demandas ciudadanas hacia el Estado. Los resultados, si bien serán más nítidos en el mediano plazo, ya empezaron a vislumbrarse.  

* Una versión ampliada de este artículo fue presentada en el último Congreso de la SAAP, por Lucas Chedrese y el autor.

*Foto: Sebastián Domenech





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