Comentario al Anteproyecto de Ley que modifica el CP en materia de Delitos contra la libertad e indemnidad sexual

Esta semana, el Gobierno aprobó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Este proyecto de ley prevé medidas de prevención, atención y reparación de las victimas de violencia sexual equiparable a las ya existentes para las de violación de género en el seno de la pareja o expareja. Asimismo, lo que se pretende con esta ley es acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual.

 

. Este proyecto de ley prevé medidas de prevención, atención y reparación de las victimas de violencia sexual equiparable a las ya existentes para las de violación de género en el seno de la pareja o expareja. Asimismo, lo que se pretende con esta ley es acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual.
Ahora bien, de acuerdo con el principio de legalidad del Derecho penal, el anteproyecto de ley ha de ser aprobado por el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE), por lo que se podrá modificar ciertas medidas de dicho anteproyecto.

El objetivo de este proyecto de ley es ajustar nuestro Derecho al Convenio de Estambul; que obliga a que los delitos sexuales se hagan en base al consentimiento. Actualmente, la ley penal requiere para que haya delito de agresión sexual “violencia o intimidación” (art. 178 CP), por lo que, si no se dan estos presupuestos tipificados, el hecho se considera abuso. Por ello, la nueva ley lo que pretende es que todo acto sin consentimiento sea considerado agresión sexual.

En su texto explicita que no existe consentimiento “cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.

En cuanto a las penas, la agresión sexual sin penetración se reduce la pena de prisión 1 a 4 años (actualmente de 1 a 5 años), y la agresión sexual con penetración se reduce de 4 a 10 años de pena de prisión (en la actualidad: 6 a 12 años). Fuentes del Ministerio de Igualdad alegan que la reducción de las penas se debe a que la nueva ley funde en un solo delito la distinción actual entre agresión y abuso sexual, y por ello, la horquilla debe ser distinta, más proporcional.

Esta reforma del CP modificará diversos tipos penales entre ellos los delitos que se consideran abusos sexuales ahora serán tipificados como agresiones sexuales, por lo que su pena será superior, y asimismo ocurrirá en algunos casos en materia laboral.

Si el delito además lleva asociado un agravante, el rango de penas irán de los 2 a los 6 años de prisión si no hay penetración (actualmente de 5 a 10 años) y de los 7 a los 12 años de prisión cuando haya penetración (en la actualidad: de 12 a 15 años). Cuando concurra dos o más agravantes la pena de prisión oscila entre los 4 y 7 años cuando no haya penetración (en estos momentos es de 7 a 10 años), y cuando haya penetración la pena de prisión será de 15 años (se mantiene la regulación actual).

Asimismo, el anteproyecto añade circunstancias agravantes nuevas, entre ellas, cuando el agresor sea pareja, expareja o familiar de la víctima o usare fármacos para anular la voluntad de la víctima, o los actos que vayan acompañados de violencia extrema de gravedad. La agravante de agresión sexual grupal sigue manteniéndose como ahora se regula en el CP.

Como novedad, esta ley incorpora en el CP un “delito de acoso ocasional” (conocido como acoso callejero); es un delito leve que castigará a quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas” y “creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad. Para estos casos, el anteproyecto establece una pena de multa, de localización permanente o de trabajos en beneficio a la comunidad.

Asimismo, establece que los delitos sexuales serán competencia de juzgados especializados en la materia, aunque no precisan con claridad como se llevara a cabo esto; si ampliando las funciones de los Juzgados de Violencia o creando nuevos juzgados. Lo que si que establece es que se da el plazo de 1 año para modificar la LOPJ y el EOMF. También, prevé una formación inicial y continua para todos los operadores que intervienen en el procedimiento por agresión sexual: jueces, fiscales, forenses o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También, equipara las victimas de violencia sexual a las de género con el fin de que aquellas victimas puedan acceder a determinados derechos y ayudas de forma que no haga falta denunciar el hecho delictivo, bastando solo el informe de Servicios Sociales, sanitarios o centros especializados. Además, aquellas mujeres que se encuentren en situación de irregularidad y denuncien una violencia sufrida no se les podrá abrir un expediente de expulsión.

Por último, el proyecto de ley establece que las Administraciones Públicas han de instaurar recursos de información y asesoramiento telefónicos y presenciales para las víctimas de agresión sexual. 

UNETE



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