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Acciones efectivas, más allá de la firma de un Tratado Internacional: De cómo el pequeño venció al gigante:

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26/12/2019

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El “hambre de libros” conocida como la privación de acceso al conocimiento para las personas con discapacidad visual era un gigante perenne a nivel mundial difícil de vencer.

Por muchos años, se trabajó en la sensibilización sobre este tema para un cambio a favor de la sociedad en su conjunto, tomando acciones hacia una igualdad de condiciones y derechos.

La manera de hacer viables esos derechos era a través de una armonización internacional en limitaciones y excepciones al Derecho de Autor reflejado en un instrumento internacional.

En general, los libros en formato accesible, provenían de contadas agencias especializadas con recursos limitados, que debían tramitar la autorización expresa del titular para poder transformar, reproducir o distribuir obras en formatos accesibles y en algunos casos el pago de regalías por su uso o explotación; el costo era bastante alto y aun cuando eran reproducidos no podían distribuirse internacionalmente.

De otra parte, hay que considerar que la propiedad intelectual es de aplicación territorial, lo que implicaba duplicación de esfuerzos que no permitían compartir las reproducciones de un país a otro, aun cuando se contaba con normas similares.

Este cambio debía tratarse ante el Organismo encargado de estos temas a nivel mundial, cuya competencia recaía en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

El análisis ingresó como tema de examen en la agenda del Comité de Derechos de Autor y Derechos Conexos en la OMPI, en el año 2007, a pedido de la delegación de Chile.

De todas las opciones presentadas, la que requería atención prioritaria por tratarse de un derecho humano, fue el acceso al conocimiento para las personas con discapacidad visual.

Sin dejar de lado la protección al Derecho de Autor y todo lo que ello implicaba, había que dar atención prioritaria a este grupo de la sociedad, otorgando un amparo equilibrado con incentivos para que se pueda seguir creando y a la par proveer a la sociedad de un conveniente acceso al producto del esfuerzo creativo.

Así, se pasó de la sensibilización a la acción, combatiendo de manera formal y frontal en la OMPI, a lo que se denominó “hambre de libros”. La batalla había iniciado, para lo cual se presentaron una serie de propuestas, entre ellas un proyecto de tratado elaborado por la Unión Mundial de Ciegos, que contenía lo que se requería para vencer a este gigante.

El detalle estaba en que dicha Unión tenía el estatus de observador en la OMPI y para términos de la presentación de propuestas había que ser un Estado miembro, por lo que ellos no podrían presentarla.

La interrogante era conocer quien se enfrentaría al gigante, en el campo de batalla del sistema multilateral y político, a su sistema de protección y a los actores que lo respaldaban, e iniciar el proceso frente a una mayoría que veía pocas posibilidades de triunfo.

En ese escenario, para mayo de 2009, con 91 estados miembros y 53 observadores presentes en la décima octava sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor, tres países en desarrollo, valientemente dieron el paso al frente, Brasil, Ecuador y Paraguay, presentaron la propuesta de la Unión Mundial de Ciegos, respecto a un tratado internacional sobre excepciones a favor de las personas con discapacidad visual.

Como hace siglos atrás el pequeño David se enfrentó a Goliat, y lo venció. En esta ocasión, este pequeño grupo de países unidos como un solo hombre hicieron frente al gigante “hambre de libros” y a todo el sistema que detrás lo protegía como fuerte armadura.

Levantaron su voz por 161 millones de personas en todo el mundo ciegas o con una visión reducida; por cerca de 153 millones con daño visual sin posibilidad de corrección; de los cuales casi el 87% vivían en países subdesarrollados y en vías desarrollo, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, presentadas a esa fecha en la propuesta.

En este punto, a nivel mundial se mantenía la expectativa respecto a si prosperaría o no, esta propuesta y más aún cuando llegar a acuerdos en el sistema multilateral podría significar años de negociaciones, muchas veces con poco o ningún resultado.

Se enfrentaban además al paralelismo significante entre derechos humanos y las normas de propiedad intelectual, lo que implicaba considerar a ambos regímenes como complementarios y en ese enlace la propiedad intelectual como una herramienta a favor del desarrollo, un soporte para la aplicación de los derechos humanos.

En los años siguientes, el trabajo fue arduo y concertado, el impulso de los actores concernidos fue clave, el compromiso de los países proponentes fue firme y así fue como en el año 2012, bajo el amparo de la OMPI se convocó a una Conferencia Diplomática para junio del 2013, en Marrakech, Marruecos con el objetivo de concluir el tratado.

A pesar que la Conferencia se había convocado y que se había llegado a un considerable progreso, esto no implicaba que se logre la adopción del tratado.

En su recta final, este pequeño David, se enfrentaría al gigante frente a un numeró de militantes que doblaba el número de los que iniciaron el combate, 186 Estados miembros de la OMPI, en los que se incluía 600 negociadores, para definir si alcanzarían el objetivo propuesto.

Parecía que no lo lograrían, en la recta final, algunos países no querían flexibilizar sus posiciones. Sin embargo, el pequeño David junto a todo el ejército que para entonces ya lo acompañaba logró lo que parecía imposible: El tratado vio la luz en esa Conferencia Diplomática, con su adopción y la firma de 51 Miembros. ¡Fueron cuatro años de negociación y tres de puesta en vigencia!

El Tratado constituyó un hito, tanto en tiempo como en oportunidad, y llegó a ser conocido como el “Milagro de Marrakech” que estableció un precedente en el sistema multilateral, de que es posible alcanzar victorias aunque el tamaño y las circunstancias sean adversas.

El Tratado de Marrakech entró en vigor el 30 de septiembre de 2016, luego que veinte de sus partes lo ratificaron. Una vez en vigencia, le correspondería a cada Estado modificar sus leyes y hacer las gestiones necesarias para su puesta en marcha, de lo contrario sería un acuerdo más sin una efectiva aplicación.

Pero no todo quedó en la firma del Tratado, Brasil, Ecuador y Paraguay continuaron con su trabajo interno, cumpliendo con el objetivo propuesto. Lo mismo ocurrió con cada país que lo ha ratificado. Sus acciones efectivas se han visto reflejadas en su adopción e implementación, al permitir que millones de personas con discapacidad visual a nivel mundial, cuenten con textos que les permitan acceder al conocimiento de acuerdo a sus necesidades, así́ como permitir el intercambio transfronterizo de obras, dentro del margen del Tratado.

Como ejemplo de las acciones efectivas, más allá del tratado, citaré el caso de Ecuador, que ha dado grandes pasos hacia cambios efectivos en esta área, volviéndose un referente a nivel regional. Ha trabajo en la creación de la Red Nacional de Entidades Autorizadas, acuerdos con universidades, capacitaciones, socialización, asesoramiento, ha trabajado de manera articulada con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, entre otros.

El triunfo ha sido indudable, el trabajo para su implementación, motivante y completo. Y, finalmente, más allá del triunfo diplomático, la ratificación del mismo con 61 signatarios.

Etiquetas: Propiedad Intelectual · Derecho de Autor

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