Las ejecuciones extrajudiciales se mantienen en la 4T como mecanismos de represión

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y ataques físicos en contra de defensores de derechos humanos se han intensificado en los primeros seis meses de gobierno de López Obrador.


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De acuerdo con un informe presentado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C.; Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, durante el primer semestre de este gobierno se documentaron 41 violaciones de garantías individuales contra defensores de derechos humanos.

En el período de referencia, se registraron 154 detenciones arbitrarias,  en la mayoría de los casos por policías estatales, que superan las cifras de 2010 y 2011 con 63 y 90 detenciones arbitrarias, respectivamente.

En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales, éstas se mantienen como mecanismo de represión con una tendencia a la alza. La población más afectada es de origen indígena, siendo los defensores del territorio, las víctimas de este acto.

A diferencia de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, en los seis primeros meses del gobierno de López Obrador sí se ha usado la ejecución extrajudicial contra dos mujeres.

Si bien se observan cambios en las cifras y en algunas tendencias, la larga lista de graves violaciones a los derechos humanos que se arrastran desde hace más de 10 años muestran que no es suficiente disminuir el uso de  mecanismos represivos, lo importante es, y eso calificará al gobierno en curso, la lucha contra la impunidad, pues las demandas de Memoria, Verdad y Justicia siguen siendo grandes retos.

A partir de la llegada de López Obrador se continúan utilizando las estrategias represivas, sobre todo, por parte de los gobiernos estatales, por ejemplo,  en Michoacán con un gobierno no afín a la política del tabasqueño y Chiapas a través de Morena permanecen esas mismas prácticas de represiones masivas y detenciones arbitrarias.

Por su parte,  el gobierno lopezobradorista no ha querido desmantelar los grupos paramilitares, que han sido las manos siniestras de gobiernos anteriores, los cuales operan impunemente y cometen ejecuciones extrajudiciales. El hecho de que operen desde años, no exonera de ninguna manera a López Obrador, porque no importa quién sea el perpetrador, su presencia recae en el Ejecutivo Federal.

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