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¿Quiénes pagan las indemnizaciones ordenadas por violaciones a los derechos humanos, nosotros o los perpetradores?


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07/03/2019


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Cada vez los ciudadanos están más conscientes que si sufren violaciones a sus derechos humanos y las cortes naciones no solucionan dichas violaciones o son las propias cortes las causantes de las violaciones, los ciudadanos pueden acudir a instancias internacionales y denunciar al Estado. Si las instancias internacionales dan la razón a los denunciantes, decretarán que el Estado ha incumplido con los relevantes tratados internacionales y ordenarán que el Estado repare las violaciones cometidas. El abanico de reparaciones es variado. Dependiendo del tipo de violación cometida, las instancias internaciones pueden ordenar medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición y compensaciones económicas ¿Quién tiene que pagar por todo eso? La respuesta es simple: el Estado. Cuando una instancia internacional de derechos humanos conoce un caso contencioso, la parte acusada siempre es el Estado, ya sea porque uno de sus agentes irrespetó un derecho humano o ya sea porque el Estado no previno, investigó o sancionó las violaciones cometidas por un particular.


La responsabilidad internacional del Estado se ve entonces comprometida por las acciones y omisiones de todo “órgano del Estado”. En sus Artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU sistematizó el derecho internacional consuetudinario, definiendo qué se entiende por “órgano del Estado”. Así, el Artículo 4 considera que “órgano del Estado” es cualquier órgano que ejerce “funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado”. El numeral 2 del mismo Artículo señala que “se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado”. Finalmente, el Artículo 5 dispone que “se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o entidad que no sea órgano del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad”.

Es así que cualquier ministro, secretario o funcionario del Ejecutivo, incluyendo el Presidente de la República, es un órgano del Estado. Los asambleístas y todos los funcionarios de la Asamblea Nacional son órganos del Estado. Los jueces de todas las cortes y juzgados, desde aquellos localizados en parroquias rurales hasta los magistrados de la Corte Nacional y la Corte Constitucional, son órganos del Estado, como así también los son los miembros del Consejo de la Judicatura y todos los fiscales y defensores públicos. Todos los integrantes de la Función de Transparencia y de la Función Electoral son órganos del Estado. Los alcaldes, prefectos, consejeros, concejales, presidentes de juntas parroquiales y demás integrantes de los gobiernos autónomos descentralizados son órganos del Estado, así no pertenezcan al gobierno central. Los policías, militares, agentes de tránsito, sin importar su rango o posición, son órganos del Estado. Finalmente, todos quienes ejercen atribuciones del poder público, bien sea en empresas públicas, hospitales públicos, el IESS, escuelas públicas y demás, son órganos del Estado.

Si cualquiera de las personas mencionadas arriba comete una violación a los derechos humanos por acción u omisión, esa persona se convertirá en perpetrador y comprometerá la responsabilidad internacional del Estado. Si el Estado es sancionado por una instancia internacional, el Estado deberá reparar a la víctima, otorgándole, entre otras, una adecuada compensación.

Ahora bien, esas compensaciones se pagan de las arcas fiscales. Las arcas fiscales contienen nuestros impuestos, los beneficios que nuestros recursos naturales producen, las utilidades de nuestras empresas públicas. Es nuestro dinero. ¿Por qué nosotros debemos pagar por las violaciones cometidas por malos funcionarios públicos? ¿No sería más justo que sean ellos los que paguen?

Estas preguntas deben responderse desde dos perspectivas: una internacional y otra nacional. Desde la perspectiva internacional, el Estado es uno solo. Es irrelevante para los organismos internacionales quién fue el causante de la violación. Lo único relevante es si esa persona es o no órgano del Estado. Si lo es, el Estado es responsable y el Estado deberá pagar. Desde una perspectiva nacional, algunos Estados han reconocido la injusticia que se comete cuando las violaciones a los derechos humanos se reparan con el dinero público y los perpetradores no reponen el dinero pagado. Ecuador es uno de esos Estados. La Constitución Ecuatoriana, en su Artículo 11(9), consagra el deber del Estado, sus delegatarios, concesionarios y “toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública”, de reparar las violaciones a los derechos de los particulares. La misma norma dispone que el Estado “ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

Nótese que la Constitución es imperativa (“ejercerá”). Por lo tanto, la repetición, esto es, el derecho del Estado de cobrar las erogaciones económicas causadas por el daño producido por funcionarios públicos, no es una simple prerrogativa o facultad que el Estado puede decidir si la ejerce o no. Es una obligación estatal que debe ser satisfecha cada vez que el erario público se ha visto comprometido a causa de indemnizaciones o gastos en los que el Estado incurrió con motivo de violaciones a los derechos humanos perpetradas por sus agentes. 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Artículo 67, define el objeto y alcance de la repetición. Conforme a esta norma, la repetición “tiene por objeto declarar y hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando el Estado ha sido condenado a reparar materialmente mediante sentencia o auto definitivo en un proceso de garantías jurisdiccionales o en una sentencia o resolución definitiva de un organismo internacional de protección de derechos”.

Como puede observarse, está expresamente establecida en el Ley la obligación del Estado ecuatoriano de cobrar a los servidores públicos las reparaciones materiales ordenadas en decisiones finales de los organismos internacionales que condenaron al Estado. De no cumplirse con esta obligación estatal, seremos nosotros y no los perpetradores los que paguen las indemnizaciones, algo que las normas constitucional y legal citadas arriba buscan específicamente evitar.

La obligación del Estado de cobrar a los perpetradores las reparaciones materiales ordenadas por instancias internacionales es un tema que en los últimos días se encuentra en el debate nacional a raíz de una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Quintana Coello y otros vs. Ecuador. Los hechos del caso se remontan al año 2004, cuando el entonces Presidente de la República, Lucio Gutiérrez, convocó al entonces Congreso Nacional a una sesión extraordinaria que culminó con la cesación de todos los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia. La resolución del cese de todos los magistrados se aprobó con 52 votos a favor y tres votos en contra. Cuarenta diputados que se encontraban en la sala se abstuvieron.

Los magistrados cesados acudieron al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y mediante Sentencia de 23 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado ecuatoriano era responsable por violar los derechos de los magistrados cesados, protegidos en los Artículos 8(1), 23(1) y 25(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ordenó al Estado pagar una cantidad total de aproximadamente diez millones de dólares estadounidenses como reparación por los daños causados.

El 30 de enero de 2019, mediante resolución, la Corte Interamericana comprobó que el Estado ecuatoriano cumplió con los pagos ordenados y con el resto de medidas de reparación y decidió archivar el caso.

Los magistrados cesados fueron reparados en sus derechos, el Estado ecuatoriano cumplió con la sentencia de la Corte, pero las indemnizaciones las pagamos nosotros, el pueblo ecuatoriano. Ahora corresponde que el Estado cumpla con la obligación constitucional y legal que tiene de recuperar los dineros pagados. El Estado debe requerir a quienes causaron las violaciones declaradas por la Corte Interamericana que devuelvan al Estado los diez millones de dólares que el Estado pagó. ¿Quiénes fueron los causantes de las violaciones declaradas por la Corte Interamericana? La respuesta la encontramos en la misma sentencia que condenó al Estado. Quien convocó al Congreso Nacional con intenciones de cesar a los magistrados fue el ex Presidente Lucio Gutiérrez. Quienes cesaron a los magistrados fueron los 52 diputados que votaron a favor del cese. Son entonces responsables solidarios de las violaciones decretadas por la Corte Interamericana tanto el ex Presidente Gutiérrez como los 52 diputados.

El Estado ecuatoriano tiene ahora el deber constitucional de exigir al ex Presidente Gutiérrez y a los 52 diputados que entreguen al Estado los diez millones de dólares que el Estado pagó. Los ciudadanos debemos estar atentos a que esto suceda y debemos exigir que las autoridades pertinentes ejerzan la repetición y que los organismos de control velen por el cumplimiento de esta obligación. Caso contrario los perpetradores quedarán impunes y seremos nosotros los que asumamos sus deudas.

El exigir que los perpetradores paguen las indemnizaciones es además un mensaje claro a las autoridades actuales. Si ustedes cometen violaciones a los derechos humanos, ustedes serán quienes paguen, no el pueblo.

Este mensaje es por demás importante en el contexto actual que vive el país. La grosera persecución política encabezada por el Presidente Moreno y ejecutada por sus ministros de Estado y por el Consejo transitorio, presidido por Julio César Trujillo, ha cometido varias violaciones a los derechos humanos que poco a poco están siendo presentadas a las instancias internacionales. Los jueces y magistrados no están ofreciendo respuesta a estas violaciones y se están convirtiendo ellos mismos en violadores a los derechos al debido proceso y a la protección judicial. Tenemos jueces que dictan órdenes de prisión preventiva inmotivadas, que mantienen encarceladas a personas por el solo hecho de ser familiares de coacusados, que no ofrecen garantías de independencia e imparcialidad. Los jueces, como se señaló arriba, son órganos del Estado y sus actos y omisiones comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Cuando el tiempo llegue y el Estado sea sancionado, los jueces serán responsables solidarios de reembolsar al Estado las reparaciones materiales que las instancias internacionales dicten.

Paradójicamente, Julio César Trujillo participó en el caso Quintana Coello y otros como perito propuesto por los representantes legales de los magistrados cesados. Trujillo declaró ante la Corte Interamericana sobre “el principio de independencia e imparcialidad y la forma como se designaban y destituían jueces del más alto tribunal del Ecuador”. Ahora Trujillo es quien encabeza la institución que ha destituido a todos los jueces de la Corte Constitucional, a todos los miembros del Consejo de la Judicatura, a todos los superintendentes, a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral, a la mayoría de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y al Ombudsman.   

El actual Consejo de la Judicatura, nombrado por Trujillo y sus colegas, todavía está a tiempo de salvar al Estado de una condena internacional y de salvarse a sí mismos de pagar las indemnizaciones que indudablemente se van a decretar. El Consejo ha iniciado un “proceso de evaluación” a los magistrados de la actual Corte Nacional de Justicia. La forma misma como se está diseñando la evaluación llevará a la destitución de los magistrados. Recomiendo mucho a los miembros del Consejo de la Judicatura leer la sentencia Quintana Coello y otros vs. Ecuador. Para el Presidente Moreno, para Trujillo y los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio ya es muy tarde. Ellos ya cometieron violaciones a los derechos humanos que en su tiempo serán declaradas por las instancias internacionales. Sobre ellos el Estado deberá ejercer la repetición de todas las indemnizaciones que deberá pagar a las autoridades inconstitucionalmente cesadas. Para ustedes, miembros del Consejo de la Judicatura, todavía hay tiempo. Piénselo bien.

Fuente de la fotografía.



Etiquetas:   Ecuador

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