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La estricta división de poderes en México: el gran pendiente de la República


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08/01/2019


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   La estricta división de poderes en México: el gran pendiente de la República


 

                                                                     Marcos David Silva Castañeda

 

En una República, ante los asuntos públicos, el poder que representa la pluralidad de la Unión es el poder Legislativo. 

El poder que manda y controla al Poder Ejecutivo es el Poder Legislativo; cualquier inversión es un vicio grave al orden republicano.

El primer dique de  protección constitucional que evita que el Ejecutivo coopte el Poder Estatal en una sola persona, es un Poder Legislativo autónomo.

Cuando asistimos a un Poder Legislativo débil, como ocurrió a lo largo de los siglos XIX y XX, se constituye un régimen de partido único con un caudillo que absorbe, para sí, todo el poder estatal; se desarrolla, finalmente, una justicia a capricho, claramente, inquisitorial.

Cada vez que Andrés Manuel López Obrador perdona, acusa, y sentencia, todo al mismo tiempo, sea por contratos del NAIM, por la "protección a huachicoleros", por el estado que guarda el Sistema de Salud o por el uso que se les da a los recursos públicos en las Universidades, se arroja facultades constitucionales que no tiene; interrumpe la presunción de inocencia y ocupa, fácticamente, los tres poderes de la Unión.

Es una justicia "espectáculo", en la que él indica, y solo él, quién sí y quién no es culpable; suprimiendo la necesidad de proceso alguno y la aportación de pruebas, sin ninguna otra guía que la que se deriva de su estado de ánimo.

Cuando AMLO se da a sí mismo la facultad de colegir la comisión de un delito, sin que medie una sentencia judicial, tergiversa el Derecho, revierte el orden republicano, y posterga, por más tiempo, la estricta división de poderes en el país.

Una sentencia, emitida por un Juez o Jueza, es una decisión de carácter judicial de quien puede pronunciar el Derecho, consiste en una decisión frente a una situación de hecho dada con fundamento en la Ley.

Una sentencia se pronuncia por la parte actora o la parte demandada. En todo el proceso, toda persona acusada, es inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad. Empero, en pleno siglo XXI, en México, asistimos a un jefe del Ejecutivo que le indica al Legislativo qué hacer, que se arroja competencias propias del juez y que otorga perdón a aquellos que, según él y solo él, han cometido delitos en agravio de la nación.

¿Cuántas generaciones pasarán para que nos demos cuenta de las diferencias entre un sistema de justicia autónomo, con base en el principio de presunción de inocencia y uno inquisitorial cooptado y conducido a capricho del Ejecutivo?

De esa distinción dependerá la realización, por fin, en el siglo XXI, de la estricta división de poderes en la República mexicana.



Etiquetas:   Democracia   ·   República

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