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La Sociedad Civil y la lucha contra la Corrupción


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17/09/2018


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Escrito en el ámbito de las Relaciones Internacionales y las Ciencias Políticas y Administrativas, el siguiente ensayo es propositivo, en términos de procurar la difusión de los principios que se ha definido en las organizaciones de cooperación internacional y las experiencias en materia de defensa de la sociedad civil frente a los abusos que derivan de la corrupción de las instituciones,


Contexto  

En medio de la vorágine del Siglo XXI, en un periodo de incertidumbre, se puede comprobar el endeble orden mundial que ha generado el período Trump, que ha buscado imponer a sus aliados sus condiciones, en una serie de marchas y retrocesos, que primero amenazan, luego empujan y terminan apaciguándose en la negociación, con gran desgaste para Estados Unidos y sus contradicciones internas. Por razones del propio equipo republicano, se ha ido debilitando la impronta nacionalista inicial, se ha empeorado la relación con los vecinos para transitar hacia un período crítico, en donde el negativismo de Trump frente al calentamiento global y sus urgencias, lo está dejando desnudo en la plaza pública. Su anunciado crecimiento interno por la vía de los hidrocarburos ha tenido la respuesta de una naturaleza implacable, que ha destruido Estados completos, lo que está llevando a una posición presidencial de difícil manejo, mientras Rusia y China avanzan posiciones de influencia en áreas que estaban limitadas en la vieja concepción hemisférica y bipolar del Siglo XX, lo que refleja un retroceso de la influencia de los Estados Unidos, principalmente frente a América Latina, que era considerada por Trump como su “patio trasero”, con el patronazgo ejercido siempre por los gringos.

Su vecino más distante es hoy el México de López Obrador que ha levantado las banderas anticorrupción para la unidad nacional, echando fuera a los partidos tradicionales y comprometiendo una lucha sin cuartel contra las mafias del narcotráfico. Sin necesidad de terminar el muro, Trump ha generado un cierre de fronteras, pero regalando espacios a China que ingresa estratégicamente en apoyo de Venezuela y la recuperación petrolera.

En este contexto, nuevos actores compiten por la hegemonía, en escenarios menos ideologizados, sobre la base de un pragmatismo temerario que irrespeta los territorios de terceros países para posicionar sus fuerzas militares y avanzar influencias sobre el mapa político mundial, en la perspectiva de una eventual conflagración nuclear.

En un plano supranacional, el mundo ha sido anclado a un orden que relativiza la soberanía de los Estados y favorece la irrupción descontrolada de las corporaciones a nivel planetario, respaldadas por reglas del juego que impiden su efectiva fiscalización en desmedro de la periferia y en beneficio de los países donde radican las casas matrices de las corporaciones multinacionales. En la expansión de ese modelo neoliberal, potencias como China, Rusia, la India, Reino Unido, han desplegado estrategias público privadas que relativizan las instancias mundiales de cooperación, como el FMI, el Banco Mundial, la OEA y la misma ONU, que comienzan a quedar sin el financiamiento de los Estados Unidos que diseñaron el orden de post segunda guerra mundial.

La resistencia de los Estados frente al libertinaje que impulsan los intereses corporativos, buscando la desregulación vía legal o reglamentaria, cooptando políticos para abrir normativas o anular las que les afecten o limiten, La corrupción, en sus múltiples expresiones es lo que hoy amenaza la soberanía efectiva de los países. En la convicción de que nos ubica y compromete en este choque de intereses. Significa estar por la opción imperial neocolonialista que imponen los grupos planetarios supranacionales, los mismos que se han coordinado desde la Trilateral Comission para diseñar un nuevo orden mundial, o con las organizaciones de la sociedad civil que aspiran a un sistema político económico que garantice calidad de vida y sustentabilidad.





Propuesta

Desde la Sociedad Civil se debe fiscalizar par que la corrupción no sea un cáncer terminal. Estamos en un combate soterrado que es preciso colocar en el tapete como un tema prioritario de las decisiones políticas internas de nuestros países y de la ciudadanía.

La preocupación por el debilitamiento del Estado Nación frente a la Corrupción, se ha manifestado en convenciones que tratan de generar reglas del juego que eviten la acción dolosa de agentes económicos que evaden la potestad de los Estados o realizan tráfico de influencias, ejerciendo un cohecho sobre las personas con poder en los procesos de compra pública, planificación territorial, permisos ambientales, regímenes tributarios. 

El Grupo del Banco Mundial contra la Corrupción ha señalado que la corrupción es un síntoma de la debilidad de los Gobiernos y sus esfuerzos   están destinados a abordar tanto los síntomas como las causas fundamentales que afectan a sus proyectos, promoviendo al mismo tiempo iniciativas mundiales y regionales para fortalecer y promover la acción colectiva, el intercambio de información, la transparencia y la rendición pública de cuentas.

Mediante Decreto del Ministerio de RREE Nº 375 de 30 de enero de 2007, Chile ratificó la Convención de la ONU contra la Corrupción, que fue concordado el 15 de Diciembre del 2005.

Es importante el Preámbulo de esta Convención pues da cuenta de la toma de conciencia sobre un fenómeno global en una síntesis de la emergencia que vive la sociedad actual, a saber:

“Preámbulo

Los Estados Parte en la presente Convención,

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella,

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción, Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones,

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción,

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos, entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 (1), el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997 (2), el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997 (3), el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999 (4), el Convenio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 (5) y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003,

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de septiembre de 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (6),

Han convenido en lo siguiente.

Capítulo I

Disposiciones generales

Art. 1.- Finalidad.- La finalidad de la presente Convención es:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.”





Como se desprende del Preámbulo referido, la Sociedad Civil es convocada a participar con sus organizaciones en la fiscalización de los organismos de Estado, centrales y desconcentrados.

Existe el convencimiento de estar frente a un orden mundial depredador, impuesto a partir de los 90, y que hoy aparece hoy como una estampida sobre los países, invadiendo jurisdicciones nacionales, como un supra imperio que está tratando de desmantelar al Estado Nación, arrebatarle soberanía, debilitando su institucionalidad.





La premeditada manipulación de masas que ejercen los medios de propiedad de los grupos corporativos, ha significado que la acción anticorrupción sea una acción con escasa tribuna, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, centros de estudio, espacios cobijados al alero de partidos políticos o universidades, en donde se desarrollan trabajos de investigación. El Periodismo investigador y las redes sociales han sido el principal canal para ir transparentando los vicios ocultos, la basura bajo la alfombra o dentro del jarrón, la huella de las coimas, colusiones, relaciones impropias que generan asociaciones ilícitas dedicadas profesionalmente a la defraudación fiscal y el lavado de activos.





Batallas con persistencia contra la Corrupción

Si hubiese que registrar hechos emblemáticos de este combate contra la corrupción, habría que destacar el rol heroico de personas que han ofrendado su vida luchando contra poderes fácticos. Ha sido el caso del Ex Senador Jorge Lavandero Illanes, quien ha liderado la acción periodística (Fortìn Mapocho) y ciudadana exigiendo la nacionalización de la minería. Por su persistente accionar político, sufrió el asesinato de imagen a través de un montaje mediático que buscó demolerlo, fue llevado a juicio abreviado y condenado por presuntos abusos a menores. Infructuosamente ha luchado judicialmente para que su condena sea revisada, sin éxito.

En una investigación similar, en la década de los 70, durante el gobierno de la Unidad Popular, el Departamento de Investigaciones Aduaneras, DIA, persiguió fraudes cambiarios por descuentos por fidelidad de las conferencias de fletes que no se retornaba al país; y también investigaba situaciones de minerales valiosos que no se declaraban legalmente en su salida de Chile. La reacción inexplicable y brutal de estos funcionarios de Aduana significó el fusilamiento de 5 funcionarios, mártires del golpe de Estado. Su función era defender el interés nacional en total legalidad, pero los grupos golpistas consideraron que ese accionar de la Aduana era peligroso y ordenaron su exterminio.

En un complejo caso de corrupción que se conoció en los 90 como el pago de sobresueldos del MOP-GATE y MOP-CIADE, la historia deberá reconocer el valiente trabajo investigativo que llevó adelante la magistrada a cargo de la investigación, el actual Ministro de la Corte Suprema, la Magistrada Ana Gloria Chevesich, quien resistió todo tipo de presiones, funas, robos de computadores desde el Ministerio investigado, seguimientos misteriosos. El marido de la magistrada falleció por un ACV en ese proceso. Pero ella llevó la causa a la sentencia final, resistiendo poderes que se sumaban transversalmente para tratar de frenar su investigación. Se logró desmontar una máquina dolosa coludida para pagar con sobreprecios una serie de obras públicas, evidenciándose un cohecho estructural que marcó un hito en el historial de hechos que se ha querido tirar bajo la alfombra.

El trabajo periodístico de CIPER es otro hito de la lucha ciudadana contra la corrupción. El Centro de Investigación Periodística (CIPER) es una fundación sin fines de lucro destinada a promover y ejercer el periodismo de investigación. Creado en mayo de 2007 sostiene “CIPER considera que la democracia tiene como uno de sus pilares fundamentales el derecho de los ciudadanos a hacer el escrutinio de los poderes públicos y privados a fin de verificar que cumplan la ley y estén a la altura de las expectativas que han sembrado explícitamente en los ciudadanos. CIPER piensa que uno de los deberes del periodismo de investigación es hacer ese escrutinio, contribuyendo a la transparencia de la esfera pública”.





Organizaciones regionales como PFC, Periodistas Frente a la Corrupción, ONG con base en El Salvador, editores de la Revista electrónica Probidad, nos han permitido generar redes para compartir experiencias, reportajes, de situaciones transversales. Las redes de cooperación cívica han permitido retroalimentar y complementar las aristas de casos que han llevado a nivel regional las policías especializadas; siguiendo intuitivamente lo que señala la Convención de la ONU contra la corrupción, se ha dado la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, con participación activa en defensa de sus derechos frente a casos de corrupción que les afectan.

Durante décadas hemos conocido la labor de Defendamos la Ciudad, Comando de Defensa de Valparaíso, Grupo La Matriz, Foro Valparaíso Posible, Capitulo Chileno del Ombudsman, Mujeres liderando la denuncia del Plano Regulador de Quilpué, Denuncia de Zonas de Sacrificio en Quintero, la Corporación Ciudadana de Desarrollo de Chañaral, entre muchos otras decenas de grupos ciudadanos que surgen en defensa de la ciudadanía frente a corruptelas que se dan en aprobaciones ambientales a proyectos gestados entre gallos y medianoche, mantos de impunidad gestionados con desfachatez para mantener el statu quo.





El efecto corrosivo de la corrupción

El gran riesgo que afronta el Estado en su rol rector de la Nación es el deterioro provocado por acciones ilícitas que buscan comprar voluntades y obtener de la autoridad decisiones que favorezcan los intereses privados y perjudiquen el interés general. El tráfico de influencias, el cohecho activo y pasivo, es decir el pago o cobro de coimas, la prevaricación que es el uso de la autoridad para beneficio propio, el compadrazgo o nepotismo, la compra pública viciada con sobreprecios, subvaloración de los retornos de las exportaciones, utilidades ocultas, uso de paraísos fiscales, son prácticas que van debilitando la economía y los sistemas políticos. La hipótesis de narco estados, en donde sean las mafias las que colocan y financian partidos políticos para los distintos cargos de representación popular, han pasado a tener evidencias concretas. El gran riesgo de la corrupción es penetrar los tres poderes del Estado, demoliendo la democracia.





El modelo global es amoral, por lo tanto, o se le controla y fiscaliza eficazmente o se pagan como sociedad los costos de la contaminación que conlleva la corrupción. Como la corrupción es multidimensional, cubre todos los ámbitos de un proyecto. Las coimas en cascada van organizando redes de complicidad y encubrimiento.

¿A qué nivel de la cadena de valor de un negocio se produce la desviación de flujos monetarios a operaciones ilícitas como el lavado de activos? ¿Qué abordaje multidisciplinario requiere construir equipos de investigación para develar los casos de corrupción? ¿Con qué herramientas cuenta la Sociedad Civil para poder denunciar con propiedad y soporte jurídico técnico las irregularidades y vicios que se logre conocer?

Del lado del Estado o autoridad fiscalizadora, se tiene normalmente una batería desordenada de entidades fiscalizadoras que se traslapan, se pisan o compiten, lo que significa inconsistencias en las políticas públicas e intereses de Estado que se quiere preservar. Los grupos corporativos, en cambio, desarrollan modelos inteligentes de negocios, con estrategias tributarias sólidas, al filo de lo legal, para eludir las cargas impositivas, es decir minimizar el pago de impuestos, y diseñan para ello sistemas comerciales internacionales con aliados estratégicos, triangulación y re-facturación desde filiales asentadas en paraísos fiscales.

A nivel supranacional esas compañías buscan cambiar las normas de convivencia económica, financiera y comercial, en la Organización Mundial de Comercio, en la OCDE o en la Organización Mundial de Aduanas. Esto hace necesario que la colaboración de la sociedad civil deba ser transnacional, compartiendo campañas por las redes sociales, promoviendo la difusión conceptual y acciones políticas coordinadas, para frenar la acción invasiva de las multinacionales y sus ejércitos privados de abogados, lobbistas y pretorianos.

Aprender la dinámica del Comercio Electrónico y fortalecer la Inteligencia fiscalizadora con uso de tecnologías adecuadas

En la oleada del corporativismo sobre las economías locales, las potencias han ido abriendo las fronteras a servicios que antes estaban preservados o regulados. El cabotaje prestado por empresas internacionales, las plataformas informales de transporte como Uber, que ha provocado guerras con taxistas regulares que pagan impuestos, la venta personalizada “door to door” por compras desde el celular, lo que genera flujos enormes, de alto riesgo y de imposible bancarización. La irrupción de las bitcoins, los pagos en negro y la expansión de los límites a la autonomía de la voluntad en la contratación internacional, cambiarán el comercio internacional clásico. Si sigue el retroceso del Estado, cada vez más débil o más cooptado por el cohecho estructural, lo que se avizora es un escenario difícil, que se está afrontando ahora y requiere propuestas urgentes desde la sociedad civil.

Concentrar las energías del Estado en los grupos que articulan ilícitos es una estrategia para la efectividad. Y eso significa pedir colaboración a las cámaras industriales, a la academia y a otros organismos del Estado que tienen el deber de la coordinación inter-institucional.

Combatir la delincuencia en el comercio internacional significa desarrollar inteligencia. El delito de cuello y corbata opera con facturas subvaloradas, incompletas, falsas o mutiladas; las empresas delincuentes realizan fugas de divisas desde los países exportadores, trasladando las ganancias a países con una tributación a tasas mínimas. En paralelo a esa ingeniería delictual está el delito violento y quizás con vasos comunicantes, allí tenemos el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de drogas, de personas, de órganos, de armas, de precursores, de terrorismo, el contrabando. Pero al final todos son socios y conforman un enemigo complejo y peligroso.

La clase política se encandila con pantallas y ratings, pero descuida estos tsunamis comerciales que nos invaden llenos de cajas negras que no alcanzamos a revisar y quedan como hechos consumados. La necesidad de invertir como Estado en fiscalización y en la construcción de alianzas con la sociedad civil para vigilar y detectar las malas prácticas se hace evidente.



Etiquetas:   Democracia   ·   Anticorrupción   ·   Sociedad Civil

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