Red de publicación y opinión profesional
Política · Economía · Sociedad · Cultura · Ciencia · Tecnología ·
Últimas etiquetas:   Quintana Roo   ·   Elecciones Municipales   ·   Joe Biden   ·   Poesía   ·   Sociedad   ·   Donald Trump   ·   Escritores   ·   Lectores   ·   Periodismo   ·   Lectura



Medios de Defensa Jurídica del Derecho Humano a la Seguridad Pública


Inicio > Derecho
20/08/2018


1154 Visitas



 


 

Escribí esta obra como el complemento procesal necesario para el Libro “El Derecho Humano a la Seguridad Pública en el Estado de Derecho”[1], publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en el que desarrollé desde su aspecto sustantivo este tema de vital importancia para nuestra Vida Nacional.

 

El tema de esta obra reviste importancia trascendental, en tanto que aborda las “garantías” que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las que se refiere desde el primer párrafo de su artículo primero:

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

 

No debemos confundir los Derechos Humanos que reconoce nuestra Constitución vigente, con las “garantías individuales”, del texto anterior a 2011, en tanto que aquellas se referían a derechos sustantivos, y en la vigente Ley Fundamental “garantías” se entiende en sentido moderno, “procesal”, como vgr., el juicio de Amparo.

 

Solo como una muestra para resaltar la trascendencia del aspecto procesal, es pertinente advertir que la prohibición para “restringir o suspender” que establece el artículo Constitucional antes citado, se refiere tanto a los Derechos Humanos como a las garantías para su protección, algo que perdió de vista el legislador federal al incluir, fuera de sus atribuciones constitucionales, la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, a todas luces inconstitucional[2].

 

En mi opinión, ambos aspectos: sustantivos y adjetivos de las normas jurídicas  son fundamentales para dar vigencia y plenitud al Estado de Derecho, en unidad con otros factores indispensables, tales como una estructura Judicial independiente e íntegra, y el ejercicio de las funciones gubernamentales con elevado sentido de ética jurídica y política.

 

Esta obra culmina una serie de trabajos de investigación jurídica que inició con el desarrollo de conferencias, la publicación de distintos ensayos en diferentes medios, impresos y electrónicos, y tres libros, uno ya publicado que se mencionó al inicio, y dos mas en proceso de edición.

 

El primero de los temas antes mencionados: El Derecho Humano a la Consulta Popular, fue desarrollado mediante un ensayo del autor[3], y su naturaleza jurídica posteriormente reconocida por dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[4], al abordar la Revisión de la Constitucionalidad de la Materia de la Consulta Popular[5].

 

El segundo tema: El Derecho Humano a la Seguridad Pública en el Estado de Derecho, fue desarrollado por el autor, como antes se mencionó, fue publicado en 2015.

 

El Derecho Humano a la Interpretación mas Favorable, actualmente en proceso de edición, consiste en un trabajo pionero en materia de Investigación Jurídica, tanto porque fue desarrollado en forma colectiva por el autor y 31 alumnos de distintos niveles de carrera de Derecho en la UAM-A, como porque se desarrolló en línea mediante la aplicación y uso de las TIC´s, y fundamentalmente, porque es un tema axial en materia de Derechos Humanos en nuestro País, que modifica sustancialmente el principio del “libre criterio judicial” por el de la “interpretación mas favorable” (ver la aseveración del Ministro José Ramón Cossío Díaz que se cita en la nota de pie de página 4) superando el nivel de “principio”, al elevarlo a la jerarquía de un Derecho Humano que fortalece transversalmente el goce y la protección de todos los demás, comprendiendo aspectos sustantivos y adjetivos fundamentales, tal y como se explica en esa obra.

 

Este trabajo se desarrolló con el apoyo de mis distinguidos colegas juristas: José Guadalupe Estrada Rodríguez, Doctor en Derecho y Margarita Bravo Campos, Maestra en Derecho, quienes aportaron valiosas ideas, comentarios y críticas para su materialización en extensas y agotadoras jornadas de trabajo,  tanto presenciales como virtuales.

 

Los objetivos de este trabajo de Investigación fueron los siguientes:

 

               I.         Desarrollar y salvaguardar el Derecho Humano a la Seguridad Pública.

             II.         Fortalecer el Estado de Derecho.

           III.         Contribuir a la eficacia jurídica de las normas aplicables en la tutela del Derecho Humano a la Seguridad Pública.

           IV.         Identificar los procedimientos para hacer valer el Derecho Humano a la Seguridad Pública.

             V.         Proyectar modelos de escritos para las atapas cruciales de cada procedimiento.

           VI.         Desarrollar la cultura jurídica en la materia.

         VII.         Desarrollar un Diplomado en línea para difundir la cultura jurídica en esta materia

 

El libro en comento consta de doce capítulos  agrupados en cuatro títulos, que son los siguientes:

 

Título Primero

Aspectos Generales

 

Capítulo I. Los Derechos Humanos y sus garantías

A.- Derechos Humanos y derechos naturales, B.- Concepto de garantías, C.- Naturaleza, jerarquía, diferencias.

 

Capítulo II. El  Derecho Humano a la Seguridad Pública

¿Qué es?, ¿en que consiste?, ¿quiénes son los sujetos en la relación jurídica?; ¿quienes están obligados?

 

Capítulo III. Interpretación del Derecho Humano a la Seguridad Pública

El Derecho Humano a la Interpretación mas Favorable; el principio de oportunidad en la jurisprudencia del Poder Judicial

 

Capítulo IV. Hipótesis de procedencia del Derecho Humano a la Seguridad Pública

 

Título Segundo

Los medios de defensa jurídica previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

 

A.- Directamente

 

Capítulo I. El juicio de Amparo

Directo, indirecto; interés legítimo; amparo colectivo; la suspensión del acto reclamado; las obligaciones de hacer; las sanciones

 

Capítulo II. La queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos

La oportunidad, la expedités, la trascendencia



Capítulo III. La queja ante las comisiones estatales de los Derechos Humanos

 

B.- Indirectamente

 

Capítulo IV. La Controversia Constitucional

Supuestos, condiciones, consecuencias



Capítulo V. La Acción de Inconstitucionalidad

Supuestos, condiciones, consecuencias



Capítulo VI. La Consulta Popular

Temas de Trascendencia Nacional; restricción, suspensión, eliminación

 

Título Tercero

 

Los medios de defensa jurídica previstos en organismos internacionales

 

Capítulo I. La queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

Capítulo II. La Queja ante la Corte Penal Internacional

 

Título Cuarto

 

I. Formularios

Amparo

CNDH

CIDH

 

II. Apéndices

 

III. Glosario

 

Se incluyeron tanto las controversias constitucionales, como las acciones de inconstitucionalidad, así como la consulta popular como medios de defensa jurídica para el Derecho Humano a la Seguridad Pública, cuenta lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo primero constitucional que establece lo siguiente:

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

 

Como se puede observar  la disposición constitucional antes citada se refiere a “todas las autoridades”, es decir no sólo a las administrativas, sino también a las judiciales y a las legislativas.

 

Desde esta perspectiva, es necesario mencionar que la Constitución Política dentro de su texto se refiere en distintos artículos a las autoridades: judicial y administrativa; pero no hace mención específica de la autoridad legislativa.

 

No obstante lo anterior, se considera que el concepto “autoridades” contenido en el párrafo constitucional citado, comprende necesariamente al poder público responsable de las tres funciones en que este se suele dividir: legislativa, administrativa y judicial, porque cualquiera de ellas tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, o, por el contrario, de violar los reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, mediante normas generales, actos u omisiones.

 

Se estima además que dicho concepto comprende igualmente a las funciones desarrolladas por los responsables de los llamados órganos constitucionales autónomos y aun a los particulares cuando desempeñen actos equivalentes a la autoridad, determinados mediante una norma de carácter general[6].

 

Atendiendo a lo ordenado por la Constitución su articulo primero, párrafo segundo, que ordena interpretar las normas relativas a los Derechos Humanos para dar la protección mas amplia en todo tiempo a las personas de los gobernados, se estima también que el llamado “Constituyente Permanente”, o “poder reformador de la Constitución”, a que se refiere el articulo 135 Constitucional[7], cabe dentro de este concepto de “autoridad” cuando de sus actos se encaminen directa o indirectamente a restringir o eliminar Derechos Humanos previamente reconocidos por la Ley Fundamental.

 

Esta obra no tiene como fin de abordar a fondo cada uno de los medios jurídicos para la defensa del Derecho Humano a la Seguridad Pública, lo que evidentemente excedería su propósito, porque ya hay una extensa bibliografía sobre cada uno de ellos; el hecho de identificarlos y apuntar su pertinencia y procedencia es suficiente.

 

El conocimiento, divulgación y ejercicio de estos medios para la defensa del Derecho Humano a la Seguridad Pública, acrecentará y fortalecerá nuestro Estado de Derecho al mostrar el camino a los Ciudadanos Mexicanos para hacer valer sus atribuciones de forma trascendente, esto es: que origine consecuencias jurídicas de todo orden a los infractores, desde cesar las violaciones, como las sanciones para los transgresores, que pueden llegar a la separación del cargo.

 

Espero que el equipo de gobierno del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador que iniciará el 1º de diciembre analice la pertinencia de difundir y aplicar tanto el Derecho Humano a la Seguridad Pública, sobre el que escribí en el artículo anterior, como los Medios de Defensa Jurídica del Libro a que se refiere este artículo.

 

El Pueblo Mexicano puede hacer su parte de forma eficaz si se le dan los medios jurídicos idóneos para que defienda sus derechos por los medios adecuados y sin poner en riesgo su integridad.





 

Twitter y Facebook: @adiazpi

[1] Díaz Piña, Antonio; El Derecho Humano a la Seguridad Pública en el Estado de Derecho; Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco; México; 2015.



[2] Ver: ¿El articulo 61, I; de la Ley de Amparo en México: una flagrante violación al Estado de Derecho?; Díaz Piña, Antonio; (consultada en diciembre 25 de 2015) http://www.reeditor.com/columna/14217/10/derecho/el/articulo/61/i/la/ley/amparo/mexico/flagrante/violacion/estado/derecho

 



[3] Ver: La Consulta Popular; Díaz Piña, Antonio; (consultado en diciembre 25 de 2015)

 http://www.reeditor.com/columna/11145/10/derecho/la/consulta/popular



[4] El Ministro José Ramón Cossío Díaz, que fue el único que se pronunció en contra: En primer término debo reiterar, como ya lo afirmé en las dos consultas que precedieron a ésta, sic que la figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano en el artículo 35 de la Constitución, la interpretación de los derechos humanos debe ser la que sea más benéfica para la persona, ya que de otro modo iríamos en contra del sentido del artículo 1o constitucional…. Y el Ministro José Fernando Franco González Salas en su voto concurrente afirmó: Del análisis de los trabajos legislativos antes mencionados se desprende que la consulta popular puede conceptualizarse como un derecho humano, el cual debe regirse por los principios y reglas que la propia Constitución Federal establece para tal efecto,...



[5] Consultable en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/nov/20141111-III.pdf  (consultada en diciembre 25 de 2015)



[6] El artículo 5º de la Ley de Amparo en vigor, dispone en su fracción segunda lo siguiente:

II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.  (consultada el 25 de diciembre de 2015) http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp_140714.pdf



[7] Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. Párrafo reformado

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf  (consultado el 25 de diciembre de 2015)





Imagen: WEB,  Massachusetts Defense Lawyer









Etiquetas:   Seguridad Pública   ·   Estado de Derecho

Compartir
Tu nombre:

E-mail amigo:
Enviar
PDF

0 comentarios  Deja tu comentario




Comienza
a leer


Un espacio que invita a la actualidad e información
 

Publica tus artículos


Queremos ser tus consejeros y tu casa editorial

Una comunidad de expertos


Rodéate de los mejores y comienza a influir
 

Ayudamos a tu negocio


El lugar y el momento adecuado donde debes estar
Secciones
21483 publicaciones
5225 usuarios
Columnas destacadas
Los más leídos
Mapa web
Categorías
Política
Economía
Sociedad
Cultura
Ciencia
Tecnología
Conócenos
Quiénes somos
Cómo publicar en Reeditor
Contacto
Síguenos


reeditor.com © 2014  ·  Todos los derechos reservados  ·  Términos y condiciones  ·  Políticas de privacidad  ·  Diseño web sitelicon.com  ·  Únete ahora