Políticos justifican el robo - Política Nacional - Reeditor.com

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A veces vuelve al tono de su discurso como si anduviera en campaña, y según podemos observar no descansa ni los sábados por la tarde, como para dar ejemplo a quienes trabajan y permanecerán en el servicio público a pesar de los recortes salariales.

Si bien en lo político el tema dominante es el de la multa por 197 millones de pesos que el INE aplicó a Morena en virtud de presuntas irregularidades en la operación del Fideicomiso “Por los demás”, es el asunto del tope salarial el que ha despertado una mayor cantidad de comentarios.

Cierto que la multa provocó una reacción enérgica de López Obrador, quien aduce que la sanción es “una vil venganza del INE”, y se ha embarcado en la defensa tanto del fideicomiso como de la honorabilidad propia, de los fideicomitentes y de Morena, y acusa a los consejeros electorales de dar “un golpe político y artero” a Morena.

No faltan quiénes ya hasta insinúan que debieran anularse las elecciones. El periodista Héctor de Mauleón, por ejemplo, tuiteó: “Según el artículo 41 constitucional, la ley anulará las elecciones federales cuando ´se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita en las campañas´. Pero claro, eso no importa. Nomás lo dice la Constitución”.

Con la pena, hasta yo me atreví a revirarle, no obstante admirarle que normalmente está bien enterado y tiene una brillante prosa: “¡Sí, qué pena! Ya doblan las campanas. ¡Esperen!, el citado artículo establece: ´Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento ´. ¡Uf, estamos a salvo!”.

Porque me parece recordar que la diferencia de la votación entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya (segundo lugar), fue “un poquito mayor” al cinco por ciento que establece la Carta Magna como causal.

En fin, como quiera que sea ya el propio “virtual presidente electo” encabeza la defensa ante esta “vil venganza”.

En cuanto al asunto de los salarios y los 50 puntos contra la corrupción, los comentarios son mayormente de aprobación entre la sociedad, que ve como un acto de justicia social la desaparición de los ingresos faraónicos de sus empleados y representantes, en tanto que éstos han puesto el grito en el cielo.

Como resulta obvio, a mayor ingreso y canonjías en riesgo, mayor cuantía en decibeles alcanzan las protestas de la clase dorada de la burocracia nacional.

También es mayor la desfachatez.

Por ejemplo, una émula del poblano Javier Lozano de nombre María del Refugio Ruiz, “Cuquita” pa los cuates, diputada local del PRI en Jalisco, aseguró en una entrevista radiofónica que si le bajan el salario como legisladora (de 66 mil pesos netos al mes) tendrá que recurrir a robar para cumplir con su función, pues afirma que no le pagan gasolina, casetas ni comidas. Eso sí, contrató como asesor a un hijo suyo de ella con un sueldo de 40 mil pesos. Ya como quiera completan para los frijolitos.

Como se recordará, Javier Lozano, quien ha ido del PRI al PAN y viceversa, y fue vocero del recién derrotado Meade, también amenazó con que se pondría a robar si le rebajaban su ingreso como senador.

Con mayor refinamiento y retórica, pero también con más contundencia, el Presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales afirmó el mero Día del Abogado que “las remuneraciones y pensiones de los miembros del Poder Judicial de la Federación no son privilegios, sino condiciones que garantizan la autonomía e independencia de los magistrados y jueces”.

Y luego: “Tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que les permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones sin presiones ni internas ni externas que doblen la vara de la justicia”.

Sus argumentos sirvieron para que un músico coahuilense, Frino Ab, le compusiera unas décimas (“rábanos”, llama a sus versos):

Argumenta el acusado

que requiere “un sueldo digno”,

y es peor que un tumor maligno

todo lo que ha declarado.

Usted, señor magistrado,

parece ser que no entiende

que con su actitud pretende

malbaratar la justicia,

yo le tengo una noticia:

LA DIGNIDAD NO SE VENDE.

Y es que, como seguramente usted sabe, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia gana alrededor de 600 mil pesos al mes, no obstante que la Constitución señala de que nadie puede percibir más que el Presidente de la República. Pero ya ve usted cómo somos buenos para darle vuelta a la ley, de manera que junta ese dinerito mediante bonos.

Los diferentes argumentos que se escuchan en defensa de las percepciones tienen como común denominador la eficiencia, la honorabilidad, la garantía de un trabajo de calidad, sea en la impartición de justicia o en la atención a los “representados”.

El problema es que con tales tesis, cuando los protestantes dicen que si no ganan lo que ganan se pondrán a robar, dejan la puerta abierta.

Hay millones de mexicanos que no alcanzan con lo que ganan. Lejos están de lo que percibe un consejero del INE, un senador, un diputado… un simple jefe de departamento.

En el mejor de los casos sobrarían las solicitudes de incontables mexicanos que están dispuestos a sacrificarse por la Patria aun con un salario igual o menor a los míseros 100 mil pesos para ocupar el puesto de los que hoy cobran hasta el doble.

En el peor de los casos no faltaría quiénes interpreten las declaraciones de estos “servidores públicos” como una bendición para el atraco.

Así pues, si no nos alcanza con lo que ganamos ¿podemos ponernos a robar? ¿Aunque sea poquito, como el Layín, el alcalde nayarita?

Gracias a Dios, esos millones de mexicanos que apenas ganamos lo suficiente sí tenemos vergüenza y respeto por las leyes.