. “Es una realidad, la protesta social ha crecido en
Colombia. En los últimos años han surgido nuevos líderes que ya no tienen
miedo de mostrarse”, afirmó José Noé Ríos durante el lanzamiento del documento
de las recomendaciones para una gestión respetuosa del derecho a la protesta
social y frente a las acciones ilegales o violentas que se deriven de su
escalamiento.
El Comité Minero Energético de Seguridad, CME,
en cabeza de Luz Stella Páez Cañón presentó, con apoyo de la Vicepresidencia de la República, representada por José Noé Ríos, asesor de Presidencia y director de
Cedisco, y María Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos,
lineamientos dirigidos a las empresas para prevenir el escalamiento de la
protesta social a acciones ilegales o violentas, gestionarlo cuando se
presenten y desplegar actuaciones con el cese de las mismas.
Las recomendaciones emitidas por el CME, son
una herramienta concreta para que las empresas del sector minero energético
actúen de manera responsable y respetuosa de los derechos humanos para
prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos resultantes de las
operaciones, y potencien los impactos positivos. El documento, comprende 59
recomendaciones que desde un enfoque de prevención deben activarse desde el
momento mismo de la llegada de las empresas a los territorios para el
reconocimiento del territorio y la comprensión de la conflictividad social,
presupuesto básico para prevenir la ocurrencia de hechos que comporten acciones
ilegales o violentas.
Para Francisco José Lloreda Mera, Presidente
Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP, en el marco de los
conflictos, es relevante llegar a acuerdos e identificar los
interesas legítimos y las causas que subyacen a la protesta social.
De acuerdo con Luz Stella Páez Cañón, Directora
Ejecutiva del CME, “en los territorios donde operan las empresas del sector
minero energético se presentan con frecuencia conflictos sociales que pueden
afectar el normal desarrollo de las operaciones, exigiendo la atención y
gestión colaborativa con autoridades locales y del nivel nacional y el apoyo de
organizaciones de la sociedad civil”.
El ejercicio de construcción de este documento
inició en 2015 y su resultado es fruto del consenso de los integrantes del CME
y la participación y aportes del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina en Colombia del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en calidad de observador la
Defensoría del Pueblo.
El CME se fortalece como iniciativa multiactor
y ratifica su valor al recoger pluralidad de visiones en torno a
temáticas complejas, que responden a las dinámicas y transformaciones del
contexto nacional.
Actualmente, Colombia avanza hacia la
construcción y consolidación de la paz en los territorios y se evidencia una
sociedad que de manera creciente se moviliza para reclamar el reconocimiento y
protección de sus derechos.
De acuerdo con Páez, “el enfoque de estos
lineamientos se orientan a los tres momentos clave de actuación, esto es, a
prevenir el escalamiento, a gestionarlo cuando se presente y a desarrollar
actuaciones posteriores, todo esto con el fin de que las empresas puedan
mejorar la comprensión en relación con la existencia de cierto tipo de
manifestaciones sociales, que siempre y cuando sean pacíficas y respeten los
derechos de terceros, se encuentran ampradas por el ordenamiento jurídico
colombiano”.
De acuerdo con Ríos, no toda protesta social
genera acciones ilegales o violentas, por lo tanto debe respetarse el ejercicio
de este derecho.
El CME reconoce estas recomendaciones como un
documento vivo que debe ser puesto en práctica por las empresas y ofrece
aportes concretos a las autoridades, la sociedad civil y a las empresas para
una mejor gestión de los riesgos en el territorio
Aquí algunas recomendaciones para prevenir
acciones ilegales:
·
Analizar y
evaluar el entorno, sus riesgos e impactos, manteniendo actualizado el
mapa de actores relevantes del nivel nacional, regional y local.
·
Gestionar de
quejas y reclamos, explicando a los peticionarios en escenarios de diálogo, el
alcance y motivación de las respuestas
·
Relacionamiento
con grupos de interés con el ánimo de establecer estrategias de diálogo y
participación con presencia institucional para comunicando el alcance de los
proyectos y sus beneficios.
El documento refuerza la necesidad de asegurar la cadena
valor, impartiendo inducción a su personal sobre formas de diálogo
social, relacionamiento con autoridades e interacción con las comunidades en
terreno, según los protocolos, guías o buenas prácticas implementadas por la
empresa.
Para Páez, se debe hacer claridad en qué es lo que le
compete a las empresas y qué es lo que le compete al Estado.
De acuerdo con Jaime Prieto, coordinador del equipo
Territorio y Paz y representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, “las propuestas sociales debe encontrar
mecanismos de solución, algunas de las principales causas por las cuales se presentan
son: presuntas afectaciones socio ambientales, discusiones de orden laboral,
porcentaje de contratación de mano de obra local o contratación de pequeñas
empresas locales o Incumplimiento por compromisos previamente adquiridos.
Con relación al tema, Ríos afirma que “las
protestas empiezan desde que los proyectos son anunciados, en muchos casos,
para evitar que se conviertan en una realidad. Se hace necesario trabajar en
una gestión preventiva más que reactiva, respetando los derechos”.
“Si bien
la Constitución Política de Colombia, reconoce la protesta social pacífica como
un derecho, esta protección no está dada para aquellas situaciones que
comparten acciones ilegales y de violencia”, afirmó Páez.
Por su parte, el CME continuará documentando
las buenas prácticas y lecciones aprendidas relacionadas con la gestión de las
acciones ilegales y/o violentas derivadas del escalamiento de la protesta
social con el fin de compartir el conocimiento adquirido y visibilizar en las
instancias de diálogo y relacionamiento que existen con el Gobierno Nacional y
otras entidades del Estado, los retos y dificultades para las empresas en esta
materia.
Este documento busca estimular una reflexión
sobre la manera en que las empresas pueden prevenir conflictos y generar espacios
de diálogo y búsqueda de consensos frente a un tema crucial de la agenda
pública y constituye un aporte a las autoridades, a la sociedad civil y a las
empresas para una mejor gestión de riesgos en el territorio. Es tarea de todos,
continuar trabajando para su implementación.
Sobre el CME
El CME es un
espacio de generación de conocimiento y diálogo maduro con una trayectoria de
15 años donde confluyen actores relevantes del Gobierno Nacional, empresas del
sector minero energético, organizaciones de la sociedad civil, embajadas,
academia y organizaciones internacionales.
Esta
plataforma multiactor promueve el diálogo y genera Recomendaciones prácticas
para orientar a los decisores empresariales frente a temas complejos, donde la
construcción de consensos y acuerdos son un reto permanente.
El CME es
observador de la Iniciativa Internacional de Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos y ha sido un aliado del Gobierno Nacional en la
construcción del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos y miembro de
la Comisión Asesora del mismo.
La Corporación
le apuesta a un actuar empresarial responsable y respetuoso de los derechos
humanos, lo cual supone identificar, prevenir, mitigar y/o reparar los impactos
negativos resultantes de su operación y potenciar los impactos positivos a
partir del trabajo colaborativo, las relaciones basadas en la confianza, el
reconocimiento y la comprensión integral del entorno de operaciones.
En un contexto
socio político que representa grandes retos y a la vez nuevas oportunidades
para el sector privado, el CME estimula la reflexión e incentiva el
relacionamiento incluyente para la construcción de acuerdos en el territorio.
El rol de las organizaciones de la sociedad civil en este propósito es
fundamental.
Este es un
espacio en permanente evolución que se enriquece con nuevas voces y
perspectivas y por eso hoy contamos con la presencia de nuestros asociados y
otras empresas, organizaciones y embajadas que comparten los mismos retos, a
quienes invitamos a unir fuerzas en este propósito común. En la foto de izquierda a derecha: Luis Fernando de Angulo, Director Ejecutivo CREER; Francisco José Lloreda Mera, Presidente Ejecutivo Asociación Colombiana del Petróleo; Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los DDHH; Luz Stella Páez Cañón, directora Ejecutiva Comité Minero Energético; Jaime Prieto, Coordinador Equipo Territorio y Paz en representación de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
