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La manada y la jauría


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29/04/2018

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Una de las películas que más me ha impresionado en mi vida fue “La jauría humana”, aquella en la que Marlon Brando daba vida a un sheriff de pueblo que se erigía como heroico baluarte de la legalidad frente a una horda irracional que pretendía linchar a un preso fugado de la cárcel. Tras las reacciones a la sentencia del caso de “la manada” no he podido evitar ver en los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra a ese pobre sheriff Calder, acorralado y vapuleado por la jauría humana, manteniendo en pie la legalidad frente al linchamiento por parte de la masa.


Parece mentira que a estas alturas haya que recordar que en España, como en cualquier estado de derecho que se precie, la justicia se imparte en los tribunales por parte de los jueces, y no por parte de tertulianos, de políticos, de estrellas mediáticas, o de masas enfervorecidas. Y esta obviedad es la que constituye la principal garantía judicial  en un sistema democrático, el hecho de que las acusaciones emitidas contra un ciudadano puedan ser contestadas y refutadas en un tribunal, y valoradas y enjuiciadas por la autoridad habilitada al efecto. Es evidente que los jueces pueden también equivocarse, pero para eso el sistema prevé mecanismos suficientes para que las personas perjudicadas por estas posibles equivocaciones puedan recurrirlas ante las instancias oportunas.

Lo que no se puede es echar por tierra todo un sistema judicial y de garantías porque una sentencia no se acomode a nuestras preferencias o prejuicios.

Vaya por delante que ni soy ni pretendo ser experto en leyes, y que mis valoraciones tras la lectura detenida de la sentencia sobre el caso de “la manada” surgen del sentido común, y de lo que, bajo un prisma lógico, puede considerarse razonable.

Lo primero que quiero destacar es que tras la lectura de editoriales, artículos de opinión, y declaraciones altisonantes sobre la sentencia, la conclusión que me queda es que la inmensa mayoría de los autores de dichas opiniones no han leído la sentencia. Apenas transcurridos minutos después de la lectura del fallo, y sin conocer aún el texto de la sentencia, ya surgió un primer aluvión de críticas y descalificaciones hacia los magistrados que han juzgado el caso. Una vez publicada, sorprende la rapidez con que tanto medios de comunicación como bastantes responsables políticos leyeron y analizaron un documento de 370 páginas, lleno de referencias a preceptos legales, y de indudable complejidad para un lector no familiarizado con el lenguaje jurídico, dejando casi como única alternativa la ya mencionada: que en la mayor parte de los casos se formularon juicios sin haber leído y analizado la sentencia.

Como acabo de decir, se trata de un documento extenso y muy razonado, tanto en la parte correspondiente a la opinión mayoritaria de los magistrados como en la del voto particular formulado por uno de ellos. Descalificarla en su totalidad sólo tiene sentido tras rebatir cada uno de los razonamientos contenidos en la misma, y hasta hoy no he leído ni oído en la mayoría de las opiniones vertidas ningún debate sobre dichos razonamientos, sino más bien descalificaciones personales hacia los jueces, hacia las leyes, y hacia nuestro sistema judicial.

Del texto de la sentencia lo primero que destaca es el acuerdo unánime de los tres magistrados en un aspecto crucial: no se dan los condicionantes para condenar a los acusados por un delito de agresión sexual (violación). Y ello no es fruto de una interpretación de los magistrados, sino del propio testimonio de la denunciante en el juicio oral. En la denuncia inicial presentada por la presunta víctima, se acusaba a los integrantes de “la manada” de ejercer sobre ella violencia e intimidación, pero estas acusaciones quedaron absolutamente desmentidas por su propio testimonio durante el juicio oral. No es, como se ha dicho a menudo en teles y radios, o como dice un hagstag en redes sociales, que el tribunal no haya creído las acusaciones de la denunciante (de hecho lo fundamental de la sentencia se basa en el relato de los hechos realizado por ella), es el propio testimonio de la denunciante ante el tribunal el que descarta la existencia de violencia y/o intimidación, aspectos fundamentales en el delito de agresión sexual.

En lo que existe discrepancia entre uno de los magistrados y los otros dos que integraban el tribunal, es en la condena que finalmente se impone a los acusados por un delito de abuso sexual.  Y a este respecto no entiendo que se haya cargado contra el magistrado que ha formulado un voto particular proponiendo la absolución de los acusados, llegando a calificarle de “psicópata”, o proponiendo directamente su inhabilitación. Sin entrar en el fondo del asunto, a mí me parece que su exposición es argumentalmente más consistente y coherente que la formulada por sus compañeros de sala, y en muchos de sus razonamientos inapelable. Y en cualquier caso, manifiesta discrepancias sobre extremos sujetos a interpretación, sobre los que es lícito el debate. No formula propuestas disparatadas ni carentes de argumentación.

El primer tirón de orejas que realiza el magistrado discrepante, y para mí uno de los más importantes, se refiere a cómo durante la instrucción y posterior juicio se ha prescindido del principio de presunción de inocencia de los acusados. En este sentido el magistrado denuncia el juicio paralelo en los medios de comunicación, que daba ya por condenados a los acusados antes de iniciarse la vista oral. Denuncia así mismo que parte de la instrucción, y algunas de las pericias realizadas, se hicieron bajo la premisa de que existía la agresión sexual, prejuzgando de esta forma los hechos que debía enjuiciar el tribunal.

Sobre esto resulta especialmente alarmante la propuesta formulada estos días por Podemos de que las presuntas víctimas de violación no necesiten acreditar su no consentimiento, lo que equivaldría poco menos a que cada denuncia por agresión sexual se convirtiera automáticamente en una condena, borrando de un plumazo cualquier vestigio de la presunción de inocencia.

Otro aspecto que destaca el magistrado, y que para los medios de comunicación ha pasado completamente desapercibido a pesar de su relevancia, es el del principio acusatorio, que podría conducir a la nulidad del juicio. Según este principio, a los reos se les juzga por lo que se les acusa, y no por otra cosa. En este caso, a los acusados se les condena por un delito distinto del que justificó el inicio del proceso. Nadie pude ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado y de la que, por lo tanto, haya podido defenderse. A los integrantes de “la manada” se les acusaba de violación y se les ha juzgado por ese delito; sin embrago se les ha condenado por un delito por el que no se les juzgaba, el de abuso, siendo el criterio del magistrado que ambos delitos no cumplen el principio de homogeneidad que hubiera justificado esta posibilidad. Este es un asunto en absoluto baladí, sobre el que tanto el magistrado discrepante como sus otros dos compañeros aportan abundante doctrina y jurisprudencia, y que seguro que estará presente en los recursos que planteen los abogados defensores a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.

Otro asunto clave del voto particular del magistrado González González es la distinta valoración que hace de las discrepancias entre el relato de los hechos realizado por la denunciante ante la policía y ante el juez de instrucción, y el que luego realiza en la vista oral. Para los dos primeros magistrados, salvo en el caso del desmentido de la violencia y la intimidación, se trata de diferencias de matiz (“matizaciones”), mientras que para el magistrado discrepante se trata de auténticas contradicciones que restan credibilidad y firmeza al testimonio de la denunciante.

Y sin duda lo más polémico del voto emitido por el magistrado González González, es la distinta interpretación que hace sobre el comportamiento de la denunciante en lo que reflejan los vídeos grabados por los acusados de los hechos que se juzgan. Según él no se aprecia en la denunciante ningún comportamiento que pueda interpretarse como negación, rechazo, repulsa o miedo, y que incluso muestra en ocasiones una actitud activa. Sobre esto, lo primero que hay que decir es que juzgar si su opinión es más o menos atinada requeriría haber visto los vídeos. Opinar sobre un vídeo que no se ha visto es una temeridad. En segundo lugar hay que decir que ni los argumentos de los otros dos magistrados, ni los esgrimidos por los peritos, son especialmente contundentes en este sentido, lo que inclina a pensar que el visionado del vídeo quizás no resulte especialmente esclarecedor respecto a si hubo o no consentimiento. Además, según el magistrado discrepante, el estado de shock de la denunciante durante los hechos, que se da por sentado en la sentencia, no resulta acreditado por ninguno de los peritos que testificaron en la vista oral, y la propia denunciante reconoce en su declaración en el plenario que, a su juicio, era posible que los acusados hubieran interpretado su actitud como una aceptación de lo que ocurría.

También me gustaría resaltar otro aspecto que considero de suficiente gravedad, y es el de la consideración que merecen las prácticas sexuales que ocurrieron aquella madrugada en el rellano de un portal de la calle Paulino Caballero, de Pamplona. Los tres magistrados coinciden tras el visionado de los vídeos en la sordidez y deshumanización de lo que ocurrió en aquel portal. Leyendo la descripción que se hace en la sentencia de los hechos allí ocurridos no pude menos que recordar al doctor Gaona, cuando en un conocido podcast expresaba su alarma por cómo la conducta sexual de muchos jóvenes intentaba reproducir las prácticas de los vídeos porno que se distribuyen por internet, en los que las mujeres aparecen en la mayoría de los casos como meros objetos a los que se puede someter a cualquier práctica por humillante que parezca.

Independientemente de la calificación penal que puedan tener estos hechos, son el reflejo de una considerable degradación moral que debería preocuparnos y mucho. La conducta de los integrantes de “la manada” aquella noche los rebaja al estatus de meros animales, sin rastro de humanidad y carentes de cualquier respeto hacia una chica a la que utilizaron para su propia satisfacción como si fuera una mercancía. ¿Hasta qué punto estos cinco sevillanos son un caso aislado en nuestra sociedad? ¿Hasta qué punto se están promoviendo estas conductas en las que la satisfacción física se antepone a cualquier tipo de empatía?

Y para finalizar, una mención a esa jauría que, como en la película, se ha echado a la calle con nulo respeto a una decisión judicial que, si no se considera apropiada, puede ser recurrida en las instancias previstas para ello. Esa izquierda que hace escasamente un mes, tras el asesinato de Gabriel, decía que no se podía legislar en caliente, y ahora pide una reforma express del código penal. Ese feminismo que igual defiende a la asesina de Gabriel, que condena de antemano a unos acusados, pasando por encima de cualquier decisión judicial o de cualquier mínimo régimen de garantías. A esos medios de comunicación que han hecho caja a costa del asunto de “la manada”, y que silencian la violación de una niña de 14 años en Alicante, por parte de diez inmigrantes argelinos. ¿Diez argelinos no son manada? Tanto unos como otros se encuentran en las antípodas de lo que debe ser un estado de derecho.

Mencionaba estos días el insigne abogado José María de Pablo un diálogo entre Delphinius y el emperador Juliano. El diálogo tiene lugar durante el juicio al gobernador de la Gallia Narbonensis, al que se acusaba en un juicio criminal y, asumiendo su propia defensa, negó los cargos que le imputaban y criticó la falta de pruebas que los demostrasen. Ante esto, el acusador Delphinius preguntó al emperador:

-“Si es suficiente con negar, ¿qué ocurrirá con los culpables?”

A lo que el emperador Juliano respondió:

-“Y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes?”.



Etiquetas:   Justicia   ·   Estado de Derecho

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