Vivienda: El Gobierno, de tumbo en tumbo - Política Nacional - Reeditor.com

Según palabras del Ministro de Fomento, con la medida se pretende reactivar el sector de la construcción y contribuir a la creación de empleo en el sector más perjudicado.

Uno de los principales problemas económicos que azota a nuestro país es la burbuja inmobiliaria, hiperinflada desde los gobiernos del PP, con una gran acción continuista en las dos últimas legislaturas con los gobiernos de Zapatero.

La vivienda no sólo está planteando graves problemas económicos en nuestro país, sino también sociales. La Constitución consagra el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Derecho, sobra decir, en absoluto garantizado por los poderes públicos.

En un país con una precariedad y temporalidad laboral como la que sufre España, con un salario mínimo irrisorio, donde los salarios de un gran porcentaje de la población rondan los mil euros, y donde los jóvenes (según dicen los más preparados de la historia de este país) tardan años en acceder a un primer empleo, aun en condiciones precarias, tras finalizar sus estudios, resulta agresivo contra el intelecto el precio actual de la vivienda, incluso tras unos dos años de moderación.

Ya pasaron los años en los que todo el mundo tenía acceso al crédito, independientemente de su capacidad financiera, independientemente de si el solicitante poseía recursos mínimamente garantizados para hacer frente a la deuda que se disponía a contraer. Con un sector de la construcción en máximo apogeo, donde trabajadores sin cualificación obtenían salarios mayores a los de muchos profesionales altamente cualificados, donde se compraba sobre plano a precio "x" y se revendía a los pocos meses o incluso semanas con unos porcentajes de plusvalía enormemente golosos, donde las constructoras y promotoroas publicitaban sus inmuebles como 'magnífica oportunidad de inversión'... Se estaba, directamente, especulando con un bien al que, se suponía, todo hijo de vecino español debería tener acceso.

El resultado de semejante exceso, insensatez e imprudencia lo estamos viendo en la actualidad. Los desahucios están a la orden del día, familias que pierden su vivienda (en muchos casos de calidades ínfimas y vendidas a precio de oro) y que, sin embargo, siguen sin saldar su deuda, quedando amarrados al mayor lastre de sus vidas del que les resultará muy difícil desprenderse.

Bien es cierto que a nadie (o, al menos no es lo habitual) han obligado a firmar un préstamo hipotecario bajo amenaza o coacción. Pero tampoco deja de ser cierto que, en muchos casos, muchos clientes de banca no alcanzaban a comprender con exactitud lo que estaban firmando. La cultura económico-financiera no se inculca en la escuela, cosa que, a la vista de los acontecimientos se hace extremadamente perentoria. Se trata, al fin y al cabo, con conocimiento o sin él, de un ejercicio de responsabilidad personal, y, como tal, hay que estar dispuesto a afrontar las consecuencias que del mismo puedan derivarse.

Pero, sin perjuicio de lo anterior, la banca también asumió una importantísima responsabilidad. Las tasaciones 'ficticias' muy por encima del valor aconsejado por una peritación técnica y comercial seria, escrupulosa y sensata del inmueble; y la concesión de préstamos a personas cuya solvencia era más que dudosa, contribuyeron a la formación de la situación actual. Sería de justicia exigir la asunción de responsabilidad en la que esta parte haya incurrido, ya que sólo estamos viendo que el más débil asume la suya.

La bajada del IVA en la adquisición de obra nueva, y mucho menos con la temporalidad con la que ha nacido, no ayudará a paliar la situación presente del mercado inmobiliario español.

No parece descabellado pensar que para una pareja de mileuristas que decidan abordar la compra de un inmueble nuevo de 200.000€, el ahorrarse 8000€ no suponga demasiado incentivo, sobre todo poniendo en relación tal ridículo ahorro con los intereses que se devengarán en favor de la entidad bancaria en un préstamo a semejante plazo.

Por supuesto, con un mínimo conocimiento de fiscalidad, enseguida se percata uno de que la medida no será aplicable a las transacciones de viviendas que han pasado a mano de los bancos (pues no son vivienda nueva a sensu stricto), y tampoco resultará aplicable a vivienda usada, pues en ambos tipos de transacciones se aplica el ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales.

En definitiva, volviendo a la raiz de la cuestión, el problema inmobiliario español pasa por no interferir en una autoregulación del mercado de tal manera que exista una relación razonable entre el precio de la vivienda y el salario de los ciudadanos.

Facilitar el acceso al crédito de la manera que se ha venido haciendo, a personas sin la adecuada solvencia, con tasaciones irreales muy por encima de lo que aconsejaría una tasación técnica objetiva por un agente tercero imparcial, sólo profundizará el problema, pues es lo que hemos estado haciendo en los últimos años.

Y, por favor, que alguien me explique cómo una bajada de 4 puntos porcentuales en el IVA temporalmente hasta final de año, ayudará a la reactivación del sector de la construcción y a bajar el paro.