El juego político de la Educación

Tras las elecciones autonómicas celebradas hace unas semanas, la ley de educación –conocida también como la ley Wert- parece que está en peligro. A tres meses para el inicio del próximo curso escolar 2015-2016, la nueva ley del ministro de Educación puede que no entre en vigor en algunas comunidades autónomas, que se han rebelado contra la aplicación de esta norma. Esta ley educativa no gusta en Andalucía, ni en Asturias, ni en Canarias, ni en Castilla-La Mancha. Tras un año de funcionamiento en los cursos impares de Educación Primaria, Cataluña y el País Vasco ni siquiera la han implantado ni han aprobado aún los desarrollos curriculares de ninguna de las etapas. Por otro lado, sólo cuatro comunidades autónomas -MadridCastilla y LeónBaleares y Aragón- han aprobado la normativa correspondiente a Secundaria. Por si esto fuera poco, el PSOE ha reiterado en infinidad de ocasiones que, si llegan al gobierno central en las próximas elecciones generales, derogarán la ley Wert de inmediato, con lo que tendrían que legislar una nueva; la octava ley educativa de la democracia. No hace falta decir que ocho leyes de educación en treinta y cinco años no solo es una aberración y un despropósito sino que, además, es una absoluta irresponsabilidad. Tanto cambio de ley –una cada cinco años- afecta negativamente al sistema educativo y a la educación que reciben los alumnos –lo cual se demuestra claramente en las evaluaciones externas internacionales-, pero además desmotiva absolutamente al profesorado, que no se ha adaptado a una ley cuando ya llega otra, como en una sucesión de olas. Y es que la educación en nuestro país no tiene un interés meramente educativo, sino un interés primordialmente político.

 

. A tres meses para el inicio del próximo curso escolar 2015-2016, la nueva ley del ministro de Educación puede que no entre en vigor en algunas comunidades autónomas, que se han rebelado contra la aplicación de esta norma. Esta ley educativa no gusta en Andalucía, ni en Asturias, ni en Canarias, ni en Castilla-La Mancha. Tras un año de funcionamiento en los cursos impares de Educación Primaria, Cataluña y el País Vasco ni siquiera la han implantado ni han aprobado aún los desarrollos curriculares de ninguna de las etapas. Por otro lado, sólo cuatro comunidades autónomas -MadridCastilla y LeónBaleares y Aragón- han aprobado la normativa correspondiente a Secundaria. Por si esto fuera poco, el PSOE ha reiterado en infinidad de ocasiones que, si llegan al gobierno central en las próximas elecciones generales, derogarán la ley Wert de inmediato, con lo que tendrían que legislar una nueva; la octava ley educativa de la democracia. No hace falta decir que ocho leyes de educación en treinta y cinco años no solo es una aberración y un despropósito sino que, además, es una absoluta irresponsabilidad. Tanto cambio de ley –una cada cinco años- afecta negativamente al sistema educativo y a la educación que reciben los alumnos –lo cual se demuestra claramente en las evaluaciones externas internacionales-, pero además desmotiva absolutamente al profesorado, que no se ha adaptado a una ley cuando ya llega otra, como en una sucesión de olas. Y es que la educación en nuestro país no tiene un interés meramente educativo, sino un interés primordialmente político.
Qué duda cabe que quien controla la educación controla el poder. Y qué duda cabe también que quien promueve la incultura entre la sociedad tiene más posibilidades de controlar a una masa de analfabetos. La cultura y la educación en los individuos provoca preguntas e interrogantes, y ningún gobierno corrupto y plagado de seres poco cualificados quiere una sociedad culta que lo cuestione. En este sentido, y a pesar de los intereses políticos de cada cual, hay que reconocer que tanto el PSOE como el PP son iguales. Ni la ley Wert es el demonio ni la ley del PSOE, la panacea. Durante sus años en el gobierno, tanto el PP como el PSOE han aprovechado la ley de educación para implantar su cultura moral. Por si esto fuera poco, gracias al desarrollo curricular que la ley les permite a las comunidades autónomas, algunos gobiernos han aprovechado para incorporar en su currículo un sentimiento tribal, cuando lo lógico sería que la educación en un país no dependiera de las comunidades sino del gobierno central y que fuese igual en todo el territorio. Esto evidencia que todos los partidos políticos han jugado hasta ahora con la educación para generar seres adeptos, no seres educados. Y eso ha sido gracias a que, para hacer las leyes de educación, los gobiernos han contado con presuntos expertos bien subvencionados, fieles a las ideas de los partidos y, también, fieles a sus intereses personales, ya que gracias a las nuevas leyes muchos de ellos han publicado y vendido libros como churros. Para hacer una buena ley de educación que dure años en España no queda más remedio que contar con el consenso de todas las fuerzas políticas y de expertos imparciales. De otro modo, cualquier nueva ley de educación está abocada al fracaso.

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