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¿El articulo 61, I; de la Ley de Amparo en México: una flagrante violación al Estado de Derecho?


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27/10/2014


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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán… de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.


Sobre lo establecido en esta disposición Constitucional, resulta evidente que la fracción 1, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor desde el 3 de abril de 2013, no puede restringir ni suspender la garantía procesal (judicial) por excelencia para proteger los Derechos Humanos que es el Juicio de Amparo, establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dice tal artículo:

Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Esta restricción a la Garantía Procesal que es el juicio de Amparo no aparecía en la Iniciativa de 15 de febrero de 2011; tampoco apareció en la Iniciativa de 22 de septiembre de 2011; Tampoco en el Dictamen de la Cámara de Senadores 13 de octubre de 2011; Tampoco en la Discusión en la Cámara de Senadores 11 y 13 de octubre 2011, es hasta en el Dictamen de la Primera Lectura del Proyecto de Decreto en el Senado, y después en la Minuta Cámara de Senadores del 18 de octubre de 2011, en que de la nada “aparece” sin mediar ninguna razón para su inclusión, ni “de parte de quien”. Esa “discreta inclusión” del texto en comento, se mantiene dentro del texto en las subsecuentes etapas del proceso legislativo hasta su promulgación.

Una restricción de esa naturaleza, debió ser analizada y discutida a fondo por los legisladores, y debió quedar constancia por lo menos quien propuso su inclusión, en que forma, bajo qué argumentos, como se discutió y sobre que consideraciones se aprobó.

Violaciones a la Constitución con esta restricción legal:

a.- Como se puede apreciar, esta restricción a la Garantía Procesal de los Derechos Humanos que es el Juicio de Amparo no está en la letra de la Constitución, sino en una norma de inferior jerarquía, una Ley Federal: la “Ley de Amparo”.

En efecto, sin hacer salvedad o restricción ninguna en favor de las autoridades ejecutiva, legislativa federal o legislativa ordinaria que intervienen en el proceso Constitucional para reformar nuestra Ley Fundamental, el Artículo 103 de la Constitución Federal dispone por lo contrario que Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

En los artículos transitorios al DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio de 2011, no se observan restricciones a la Garantía Procesal de los Derechos Humanos que es el Juicio de Amparo y tampoco existen en los transitorios del DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio de 2011.

b.- No existe una delegación expresa dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para restringir ni suspender Derechos Humanos o sus garantías en favor del legislador federal. Por lo tanto el Congreso de la unión se excedió en sus facultades al incluir esta disposición restrictiva para la protección de los Derechos Humanos dentro de la Ley de Amparo.

c.- La interpretación restrictiva de esta norma legal en comento, aduciendo que la simple publicación en el Diario Oficial de cualquier texto dentro de la Constitución le da la calidad de “reforma Constitucional” inimpugnable, restringe además el principio “pro persona” en la interpretación, reconocido en el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicándole en sentido inverso, esto es, en favor del gobernante que interviene en el proceso legislativo.

d.- Esa misma interpretación simplista de que la publicación dentro del Diario Oficial de la Federación de cualquier texto dentro de la Constitución “automáticamente” le confiere la calidad de “reforma Constitucional” inimpugnable, deja en estado de indefensión a los Ciudadanos Mexicanos en contra de los abusos del Poder que se “formalicen” mediante viciados procedimientos legislativos.

e.- Este absurdo impedimento procesal, mutila la esencia jurídica de la Garantía Constitucional de los Derechos Humanos que es el Juicio de Amparo.

f.- Esta restricción al Juicio de Amparo, establecida en una norma subordinada a la Constitución, en la praxis judicial equivale a una Derogación de los Derechos Constitucionales exclusivos del Pueblo Mexicano consistentes en la modificación de la Forma de Gobierno y el ejercicio de la Democracia Directa en Temas de Trascendencia Nacional.

g.- Esta restricción a la Garantía Procesal de los Derechos Humanos que es el Juicio de Amparo, constituye una reducción de las atribuciones sustanciales y razón de ser de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como responsable del Control  Constitucional, no solo en el ámbito subconstitucional de las normas secundarias en relación con la Ley Fundamental, sino en el intraconstitucional que se da entre las normas esenciales y las demás normas Constitucionales derivadas y/o complementarias de aquellas como son, por ejemplo, las orgánicas y las transitorias dentro del propio texto de la Constitución.

h.- Considerando que las normas en materia de Derechos Humanos contenidas en los Tratados de los que el Estado Mexicano sea parte, constituyen “normas constitucionales”,  el Juicio de Amparo resultaría improcedente en contra de los mismos bajo la absurda e inconstitucional restricción legal de la fracción en comento.

I.- La justificación sobre la existencia de esta restricción legal al Juicio de Amparo es irracional; prejuzga que tampoco en la interpretación y aplicación de las “reformas constitucionales” pueda haber violaciones a los Derechos Humanos, toda una aberración jurídica.

J.- Una restricción a la Garantía Judicial de los Derechos Humanos que es el Juicio de Amparo, no puede surgir por “generación espontánea” dentro del proceso legislativo. Considerando su magnitud y trascendencia, debió ser motivo de una iniciativa de ley específica, en donde se fundara y motivara el ¿por qué? de tal propuesta, más allá de aquella burda excusa de que todas las normas Constitucionales poseen igual valor y que la observancia de los procedimientos establecidos para reformar la Constitución resultan irrelevantes una vez que se da la publicación en el Diario Oficial. ¿Desde  cuándo tal publicación puede subsanar los vicios en el procedimiento?, absurdo.

 

k.- Finalmente, cabe citar como es que se pueden restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

 

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

 

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

 

El Poder Judicial tiene la oportunidad de enmendar cuanto antes este despropósito que atenta contra el Estado de Derecho en México.



Twitter @adiazpi



Etiquetas:   Justicia   ·   Estado de Derecho

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