Lecciones de la sentencia de La Haya

El límite marítimo del Perú y Chile ya se encuentra debidamente delimitado, luego de finalizar el proceso de fijación bilateral de las coordenadas que dan cumplimiento al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 27 de enero de 2014.

 

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Saldado este problema, cabe reflexionar sobre las responsabilidades propias anteriores al fallo, y también en aquellas cuyas consecuencias  se plasmaron en el mismo,

Uno de los aspectos más sorprendentes del fallo (tanto para Perú como para Chile) fue el de la línea de 80 millas que sigue el paralelo que pasa por el punto extremo del límite terrestre (sobre lo que no se pronuncia la CIJ y que Chile interpreta de una forma particular)

A partir de la milla 80, la CIJ reconoce y aplica el criterio delimitatorio propuesto por el Perú.  Desde una perspectiva realista, se supuso – en términos generales – que la CIJ podría fallar reconociendo un paralelo de 12 millas (mar territorial) o de 24 millas (incluyendo zona contigua) y, desde ahí, aplicar la propuesta peruana.

Como se observa, más de un escenario – en Lima y en Santiago – aceptaba como algo plausible una combinación de criterios (paralelo, línea media)  Más allá de distancias específicas (12, 24 u 80 millas), cabe preguntarse por qué subsistió el criterio del paralelo.  En principio, la pretensión peruana se aferró a una nueva concepción del derecho del mar, a tono con las normas y principios del derecho internacional público contemporáneo.  En el otro extremo, Chile sentó sus reales en una visión más contractualista, tal vez algo encasillada en parámetros rígidos.

En este contexto, la postura peruana no pudo superar un gran obstáculo: su histórica actitud de no cuestionar decididamente (con hechos y declaraciones) la pretensión y las acciones de Chile para imponer el paralelo como límite, o como línea de statvs qvo. El cuestionamiento no debía suponer una actitud teórica, sino más bien acciones que debieron romper la conformación de una costumbre internacional o la generación de actos propios peruanos a favor de Chile.

El Perú (lógicamente, sus autoridades e instituciones más vinculadas al tema) debieron ser más cuidadosas y diligentes a la hora de firmar tratados y otros documentos internacionales con terminología equívoca o que, en un futuro, podría suponer controversias.  A este respecto, el prever problemas a futuro siempre debió y debe ser parte del análisis en materia de compromisos internacionales.

De haber asumido el Perú una actitud permanentemente cuestionadora de la posición chilena a lo largo de los últimos cincuenta años, hubiese sido más factible eliminar la postura chilena ante la CIJ, dando más espacio a la pretensión peruana de la línea media.

Es obvio que muchas veces la prudencia aconseja morigerar las acciones y declaraciones en aras de  no generar tensiones innecesarias o procesos de escalamiento.  No obstante ello, una permanente actitud de cuestionamiento al límite defendido por Chile sobre la base del paralelo debió ser combinada inteligentemente con una actitud prudente.

Como consecuencia de la actitud histórica del Perú frente al problema descrito, la CIJ no pudo soslayar los hechos y actitudes peruanas, que demostraban cierto grado de aquiescencia al criterio del paralelo, sea por acción u omisión.  La consecuencia se deja observar en el fallo, cuando la CIJ reconoce un paralelo por 80 millas que avala derechos adquiridos por Chile, derechos que se originan en la actitud peruana ya señalada.

En definitiva, no es un mal fallo para el Perú, pues en gran parte se reconoce su pretensión.  Pero, aparejado a esto, se desprende una gran lección: no caer en el error de dejar de prever las consecuencias futuras de las decisiones apresuradas o equívocas del presente. 

UNETE



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