México está inmerso en un problema
mayúsculo de inseguridad pública, que a todos nos ha robado la tranquilidad y
ha secuestrado la paz de la nación. Eso, es un hecho incuestionable.
En la guerra que ha emprendido el
Presidente Calderón contra la delincuencia, ha habido bajas de ambos bandos:
los buenos, formalmente representados por los servidores públicos y los malos,
que al parecer pertenecen a las fuerzas del crimen.
Aparte, ha habido bajas de población
civil ajena a los hechos que lamentablemente estaba en el lugar equivocado en
el momento equivocado.
Obvio, los que se encuentran fuera
de la ley no pueden aspirar a derecho alguno derivado de la seguridad social
pues su función no se encuentra regulada por legislación alguna. Bueno. Si los
tienen inscritos como empleados en algún negocio, sí van a aspirar a una
pensión sus familias.
Sin embargo y aquí es donde quiero
llamar la atención de Usted, mi querido lector, los miembros de las fuerzas del
orden, policías, tránsitos, soldados, marinos o como les quiera llamar, sí
estaban cumpliendo con su deber, sí estaban bajo una situación laboral formal y
sí deberían tener acceso a lo que establece la legislación laboral.
Ni la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos ni la Ley Federal del Trabajo contemplan ni previenen
absolutamente nada respecto a las pensiones de los trabajadores. Lo dejan a la
Ley del Seguro Social, a los Reglamentos internos de las dependencias, a los
Estatutos Laborales de los diversos municipios y estados y también, a los
contratos colectivos de aquellos casos en que así aplica.
Y entonces surge una gran
disparidad. Mientras un obrero con relación laboral formal al sufrir un riesgo
de trabajo que le ocasione la muerte deja a favor de su viuda e hijos el
derecho a una pensión por viudez de manera vitalicia a cargo el Instituto
Mexicano del Seguro Social, al fallecer un miembro de la policía estatal o
municipal, la familia debe ir a suplicar al gobernante en turno, llámese
alcalde o gobernador, les conceda como favor una pensión por cierto tiempo.
Hará cosa de dos o tres días escuché
a la alcaldesa de algún municipio decir que las viudas de los policías caídos a
raíz de un ataque con granadas de fragmentación, tendrán derecho a cinco años
de pensión y que los hijos de esos mismos policías tendrían derecho a una beca
hasta terminar la escuela preparatoria, me pareció más que la concesión de un
derecho, la expresión de una burla atroz, pues ¿cómo va a ser posible que haya
dado la vida por defender a la ciudad y a sus moradores el policía y ahora, su
viuda sólo tenga derecho a unos cuantos años de pensión?
Me parece que lo mínimo que debe
hacerse en materia de seguridad social en tratándose de elementos de las
fuerzas armadas y policiales, sea homologar el derecho al que tiene un simple
obrero de fábrica, es decir, que su seguridad social sea proporcionada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el pago de las respectivas cuotas
de los ayuntamientos, estados y gobierno federal para que esas familias tengan
la protección legal que merecen.
No será una concesión graciosa, no
será una dádiva ni un regalo. Están entregando lo más valioso que tienen: su
vida. No se le puede pedir más al obrero para otorgarle lo que por derecho
debería de corresponderle.
La propuesta formal es que todos,
absolutamente todos los que pertenecen a las fuerzas policiales y que utilizan
armas en México, tengan derecho a seguridad social otorgada por el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Para ellos, sus esposas o esposos e hijos y padres.
No es mucho pedir. Así podrá haber
mexicanos interesados en luchar por México.
Y que no diga alguien que no procede
por que la ley no lo permite. Que son trabajadores del Estado o cosas así.
Cambien la ley. Así de fácil. Y sí se puede. Es cuestión de voluntad política.
Además, así podrían interesar a
alguien a seguir la carrera de policía. En el momento actual, lo que ofrecen no
es ni para comentarlo.