Lastre Legislativo - Política Nacional - Reeditor.com

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Unos fuerte y sistemáticamente señalados por corrupción, y otros repudiados socialmente por su manifiesta incapacidad para haber desempeñado cargos de elección popular que inmerecidamente ocuparon antes de lanzarse como candidatos a diputados,

Filiberto Martínez Méndez, Jorge Carlos Aguilar Osorio, Trinidad García Argüelles y Emilio Jiménez Ancona, se han convertido en filosas e hirientes piedras en el zapato de sus compañeros de Legislatura y, por ende, de esos incautos electores que de nuevo votaron por ellos.

Pillos, mentirosos, tramposos y abusivos del poder, este cuarteto de pseudo representantes populares hoy se regodean confiados en sus curules, seguros de que el tiempo y la desmemoria de los quintanarroenses se habrán de imponer sobre el sentido lógico que exige no sólo su inmediata destitución de la Cámara de Diputados, sino hasta varios años en prisión para pagar los delitos que impunemente cometieron, dos de ellos como presidentes municipales, uno como funcionario municipal y otro como líder sindical.

Su presencia representa un vergonzoso retroceso en los objetivos trazados por el Poder Legislativo para andar a la par del desarrollo político, económico y social con el que avanza Quintana Roo, por lo que su remoción resulta tan urgente y necesaria como la extirpación de un tumor cancerígeno.

Verlos sentados tan campantes y tranquilos en el honorable recinto de la calle Esmeralda de Chetumal, hace inevitable pensar, para quienes en verdad conocen los alcances de su deshonestidad, que sólo buscaron esa posición para usarla de escudo y prolongar la impunidad de la que han gozado los últimos años.

Filiberto Martínez, ex alcalde de Solidaridad y actual miembro de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, es de los más señalados. Acusado de corrupción, nepotismo y extorsión a empresarios, dejó una deuda pública casi impagable (la incrementó en más del 300 por ciento) de al menos 517 millones de pesos y su sucesor, Rafael Kantún Ávila, otro bandido de la misma ralea, utilizó el interinato para robar lo que pudo y regalarle generosamente --con recursos públicos, but of course—autos y propiedades a secretarias y otras empleadas municipales con las que sostuvo públicos amoríos. Tan indecente fue el pinto, como el colorado.

Otra ex alcaldesa, la de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, hoy miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XIV Legislatura, tampoco canta mal las rancheras en cuanto al enriquecimiento con dinero mal habido. Actualmente su administración está sujeta a revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que ha encontrado graves irregularidades, aunque para poder proceder las autoridades del PRI que la sucedieron en el empobrecido municipio deberán presentar una denuncia formal ante el Congreso. Hasta en tanto, esta sinvergüenza panista seguirá fingiendo y cobrando como diputada quintanarroense. Qué deshonra.

Por el mismo camino de los señalamientos de corrupción desmedida transita el diputado del PRD y anteriormente director de Servicios Públicos Municipales en la malhadada administración de Julián Ricalde Magaña en Benito Juárez, Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien hoy es el principal sospechoso del escandaloso asunto de las luminarias vendidas como chatarra. Se dice hasta el cansancio de que robó dinero de la obra pública, que participó en el negocio de la basura y que hizo millonarios negocios a través de una Consultoría Legal y Financiera, cuyo objetivo era promover, y ganarle al mismo tiempo, cuantiosas demandas al Ayuntamiento. Mayor descaro y suciedad política no puede haber.

Por último, está el priísta Emilio Jiménez Ancona, ex líder de la sección XXV del SNTE y actual integrante de la Comisión de Justicia. Ha sido denunciado por maestros de actos graves de corrupción durante su gestión sindical y de amenaza a docentes de nuevo ingreso para despojarlos de sus plazas y asignarlas a sus amistades o personas de su confianza. Un auténtico mercenario magisterial, a quien habría que cuestionarle su grado de responsabilidad en el grave conflicto que vive el estado con este gremio.

Para el Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, es posible llevar a la cárcel a estos deshonestos personajes hoy investidos como dignos representantes ciudadanos. Pero primero, afirman, se debe hacer un procedimiento administrativo, recabar la documentación referente a los malos manejos y actos de corrupción en que incurrieron, levantar las actas penales correspondientes y luego pedir el desafuero. Ya luego, podrían ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Tres nuevos alcaldes y un dirigente sindical, tienen la palabra. ¿Quién dice “yo”?

Jorge Castro Noriega, periodista y analista político. Es director del periódico La Voz de Quintana Roo y conductor del programa La Voz en Contrapunto.

E-mail: jcastro_noriega@hotmail.com

Twitter: @jcastro_66