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Homenaje a los Gasfiteros en Economía


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23/10/2013


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• Durante el régimen militar chileno a quienes criticaron los desaciertos económicos se les descalificó con soberbia como los “gasfiteros en economía”. Para evitar dogmatismos y descalificaciones en la discusión de las soluciones económicas presentes, es necesario neutralizar la prepotencia y ubicar lo económico en el contexto de lo político, teniendo muy buena memoria...




Las claves del modelo económico chileno




Cuando la derecha quiere vender el “modelo chileno” como una experiencia “neoliberal”, es preciso clarificar que en el período militar se debe distinguir dos períodos, el de 1974 a 1982 y el que va desde 1983 a 1990. El gobierno militar no tuvo en principio un modelo económico y tomó el que le presentara el equipo de economistas que fuera conocido como los Chicago boys. Con dogmatismo y fuerza se implantó el shock económico, se bajó los aranceles drásticamente a un 10% parejo, se congeló el dólar en 39 pesos, se privatizaron empresas que habían pasado a manos de la CORFO. Como consecuencia, entre 1977 y 1982, quebraron miles de empresas pequeñas, mientras otras más fuertes, como la Papelera, tenían que defenderse con gran esfuerzo para no sucumbir a la irracional apertura. Quizás en condiciones de competencia leal, muchas empresas habrían podido competir, pero los obcecados economistas en el poder no les dieron ese chance ya que no hubo en Chile en esa etapa ninguna de las regulaciones necesarias para defenderse de la competencia desleal y poder demostrar la competitividad de una empresa afectada por la inundación del mercado nacional.



La ortodoxia neoliberal fue siempre muy incoherente con sus propios principios, pues hizo tabla rasa del requisito de las libertades públicas y, al alero del régimen militar, realizó una apertura económica que no consideró las distorsiones monopólicas, ignoró por soberbia o premeditación las acciones dumping y las subvenciones de otros estados, con la consecuencia de hacer desaparecer por estos errores a amplios sectores productivos hacia el final de los setenta. El dogmatismo de la primera etapa del gobierno militar, el libertinaje y la corrupción que se produjo con las empresas de papel, los créditos vinculados y el uso de información privilegiada por funcionarios del régimen, provocaron la mayor crisis de la historia económica chilena, a partir de 1982.



Como la memoria es frágil y hoy se pinta el progreso chileno como efecto de la doctrina liberal, es preciso traer elementos de juicio para este siglo que se inicia, de manera de clarificar los diversos tonos de gris que conformaron esa recuperación económica a partir de 1983 en adelante, precisamente el período en que se abandona el dogmatismo y se empieza a hacer economía en serio, sin perjuicio de que el régimen favoreciera políticamente a sus herederos naturales, devolviéndoles en el mediano plazo la propiedad de sus bancos, subsidiando sus balances y descapitalizando al Estado de sus mejores empresas, en una retirada inteligente que dejó áreas claves, como la energía, en manos privadas.



Cuando se levantaba la voz en un clima dictatorial había que jugársela. Los descalificados gasfiteros se reunían, como en las catacumbas, en las aulas universitarias contestatarias o en los centros de pensamiento como CIEPLAN o ILET. Desde allí levantaban la voz y desarrollaban alternativas para un futuro gobierno democrático los profesionales por la democracia. El cuestionar el avance económico y coincidir en la necesidad de una reinserción del país al crédito internacional, no significaba ignorar o no denunciar los intereses que se articulaban en esa retirada inteligente de la derecha económica y el apuntalamiento de la Constitución del 80 con leyes que asegurarían la permanencia del modelo. Así como se aplaudió la independencia del Banco Central y se negoció en la transición criterios técnicos para que este organismo evolucionara sin traumas hacia la democracia, así también se denunciaban por parte de los gasfiteros en economía los procedimientos para nada transparentes que se usaron para valuar las empresas públicas que se privatizaron.



Eran tiempos en que la real politick de la oposición concertacionista privilegió la transición política, asumiendo como hechos consumados lo que venía ocurriendo en el aspecto económico, el subsidio de más de 5 mil millones de dólares a la banca en falencia, las privatizaciones en cajas negras que propiciaron el enriquecimiento de los aliados incondicionales del régimen militar. Todas éstas fueron cuestiones que se callaron en beneficio de una política de no hacer olas ni generar ruidos innecesarios para la transición política.



Es oportuno recordar que el análisis de las medidas económicas durante el gobierno militar es objetivo, reconociéndose los avances efectivos. Por ejemplo, frente al sistema de las administradoras de fondos de pensiones, se cuestionó el hecho de que los afiliados no pudiesen participar en el destino de sus fondos (lo que ahora en parte se ha corregido con los planes opcionales de inversión que se han fijado en las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP). Pero lo que queda pendiente es la generación de formas que permitan hacer circular parte de esa enorme masa de ahorro interno acumulado en veinte años, hacia sectores empresariales o hacia los propios afiliados, para dinamizar el consumo y la inversión en nuevos proyectos, de lo cual se esperan respuestas de parte de las autoridades actuales.



Del dogma a la racionalidad 



En términos conceptuales, los equipos técnicos de la Concertación al abrirse los noventa, abogaron por la modernización del Estado. Se proponía fortalecer su capacidad de regular y fiscalizar la economía de mercado, su capacidad para gestionar megaproyectos de desarrollo regional con una efectiva descentralización política. Los mismos principios de fines de los ochenta – cuando se vivía la década pérdida por el endeudamiento externo – fueron posteriormente recogidos hacia la mitad de la década por el propio Banco Mundial, al señalar que no puede generarse un modelo equitativo si no existe en Estado moderno, que actúe con transparencia, que integre a la sociedad civil, fortalezca los espacios locales, incorpore tecnologías y erradique la corrupción. Con criterios pragmáticos fue que se recompuso la economía chilena en los ochenta. Fue a partir de 1985 que se fue ordenando el comercio exterior chileno para que las exportaciones tuvieran un oportuno y expedito sistema de devolución de impuestos. Chile abandonó el dogma del arancel 10% y lo aumentó por varios años a 20%. Se aplicaron sobretasas sectoriales, se protegió a los sectores sensibles y, en general, se recuperó un nivel tarifario que permitió ir negociando desgravaciones con gradualidad, en una relación económica internacional inteligente. Eso no fue aporte de los neoliberales sino de los gasfiteros. 



Lecciones para la crisis presente



La lectura de la economía exige contextualizarla en la ciencia política y las relaciones internacionales. Es la única forma válida de comprender las tendencias y anticiparse a las crisis. El poder que se construye como trastienda de lo económico permite entender el trasfondo de las situaciones históricas. Los momentos económicos de las últimas tres décadas que comentamos estuvieron cruzados como telón de fondo por la expectativa de la transición democrática y la recuperación de las libertades ciudadanas. En lo internacional por la caída de los muros, el desplome de la URSS y la gran revolución tecnológica que sirvió de base a la globalización que hoy nos resulta natural y personal.



Clarificar la historia económica chilena puede ayudar a entender las crisis presentes. Dentro de la globalización, existe en estos tiempos la tendencia a seguir gurúes o a escuchar diagnósticos que simplemente repiten lo que por demás conocemos. Ante el desafío de la reactivación económica y la necesidad de generar nuevos proyectos, es necesario escuchar con respeto, atención y humildad las propuestas que surgen de esos gasfiteros de la economía y que apuntan a corregir las tendencias concentradoras y abusivas de nuestro sistema: la gente sometida a las conductas abusivas de corporaciones internacionales que se han constituido en monopolios de servicios públicos de primera necesidad; la débil capacidad de fiscalización por parte del Estado; los riesgos o evidencias de corrupción. Situaciones reales y cotidianas que ameritan complementar las políticas económicas de los tecnócratas con una permanente participación de la gente. Para ello es necesario fortalecer las organizaciones sociales y la legislación sobre competencia desleal, el ombusdman o defensoría del pueblo y los procedimientos de protección al consumidor. Es preciso que la conducción económica se condiga con una capacidad política real que empuje la democratización del mercado y la eliminación de las distorsiones reales que afectan siempre a las grandes mayorías.



Por eso, es preciso desmantelar la soberbia de funcionarios y de empresarios que son proclives a monopolizar la noticia económica y a caer en nuevos o viejos dogmatismos y por ende en descalificaciones a la crítica que les incomoda. Los gasfiteros de la economía seguirán en estos nuevos escenarios siendo los que le susurren al oído del emperador: “ojo, eres humano...”





Domingo, 29 de septiembre de 2002



Etiquetas:   Ciudadanía   ·   Corrupción   ·   Política   ·   Democracia   ·   Dictadura   ·   Globalización   ·   Neoliberalismo   ·   Historia

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