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El archipielago de San Andres y los cambios geopolíticos en el Caribe (2/2)


Inicio > Política Internacional
07/10/2013

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Panamá y el fallo


Los límites marítimos en el Caribe entre  Colombia y Panamá, a diferencia de Costa Rica,   se rigen por un Tratado ratificado y por tanto vigente. El mismo se  denomina: Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos entre la República de Colombia y la República de Panamá,  (Tratado  Liévano-Boyd), del 20 de noviembre de 1976, que incluye la delimitación en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Por su medio se adoptó un límite de línea divisoria (“step-line boundary”) como una forma simplificada de la equidistancia en la zona comprendida entre las islas colombianas y el continente panameño. Su trazado se basó en  el  método de la línea media o de la equidistancia, que se utiliza  para solucionar el solapamiento o superposición  de las proyecciones de Estados con costas laterales. Se trata de una línea  media en la que cada punto es equidistante de los puntos más próximos a las líneas de base, a partir de las cuales se  mide el ancho del mar territorial de cada Estado. Su utilización pretende  un  resultado equitativo, aunque ello necesariamente no produce equidad.  Este Tratado en lo que respecta al Caribe, establece la línea media, desde el punto en que la frontera internacional terrestre llega al mar, en el Cabo Tiburón. Los límites convenidos en el Caribe de 970.64 kilómetros, son líneas rectas entre 13 puntos. Por  lo que  atiende al área  que en virtud  del fallo fue modificada en el sentido de pasar de propiedad de  Colombia a Nicaragua que roza el territorio marítimo fronterizo entre  Colombia y  Panamá, esta corresponde al sector noroccidental de los límites marítimos entre los  dos  últimos países, es decir,  el territorio marítimo correspondiente a la parte sur del atolón de Alburquerque (Cayo Norte y Cayo Sur), el  cual se  ubica a 100 millas náuticas al este de la costa continental de Nicaragua, a 375 millas náuticas desde la costa continental de Colombia y a 20 millas náuticas al sur del territorio colombiano de  la Isla de San Andrés;  y el territorio marítimo,  situado al sur de los Cayos Este Sudeste (Cayo Este, Cayo Bolívar o Cayo Medio), Cayo Oeste y Cayo Arena, que  se ubica a 120 millas náuticas de la costa continental nicaragüense, a 16 millas náuticas  del territorio colombiano de  la isla de San Andrés y  a  360 millas náuticas de la costa continental de Colombia. A propósito del área, que  atañe  a Panamá, el fallo de la Corte, (Parrafo165), distingue que “Al sur, el límite del área relevante comienza al este en el punto en que la línea de las 200 millas náuticas de Nicaragua se cruza con la línea de límite acordado entre Colombia y Panamá. Luego sigue la línea Colombia- Panamá hacia el oeste hasta llegar a la línea acordada entre Colombia y Costa Rica. Sigue esa línea hacia el oeste y luego hacia el norte, hasta que se cruza con una línea de equidistancia hipotética entre las costas costarricenses y nicaragüenses”. El área relevante conforme a lo anterior tiene un tamaño de aproximadamente 209.280 kilómetros cuadrados (Parrafo166). 

Hecha pública la  decisión de la CIJ sobre el área marítima, al sur de los accidentes mencionados, a finales de noviembre de 2012, en ocasión del fallo, el entonces Canciller panameño, Rómulo Roux  aseguró que el mismo no afectaba al país, en razón de que Panamá  no fue parte del proceso en ese tribunal internacional y por que la propia CIJ en su momento, así lo consignó. “Ningún fallo de la CIJ es vinculante en forma alguna a un Estado soberano que no es parte, ni directa, ni indirectamente, del  diferendo entre Colombia y Nicaragua, ni tampoco del proceso legal o del fallo de la Corte  internacional”, acoto. Esta  Declaración del entonces, más alto personero de la Cancillería panameña,  cierra, el primer círculo de  intervención panameña en el problema. Un segundo círculo de nuestra participación en el mismo, se produce  a  raíz  de la  Declaración del 10  de septiembre del 2013, del presidente colombiano, J. M. Santos, en la cual solapadamente  se  confiesa en rebeldía, contra  la sentencia de la CIJ y del anuncio por parte de Bogotá, de presentar una Carta al Secretario General de la ONU,  para  denunciar  la “política expansionista” de Nicaragua, en el mar a Caribe, que afecta los Tratados vigentes existentes entre Colombia y los países firmantes (sic). En este segundo momento  de la controversia, hay un giro de 180° en la postura panameña, cuando contrario a la acción anterior, el presidente, Ricardo Martinelli, muestra su inmediata solidaridad con Colombia, a todas luces mas dictada por el interés de que  en contrapartida, Bogotá, rubricara la firma del Tratado de libre comercio, que “justo” coincidía  con el cierre de la negociación,  que por la certeza de afectación negativa del fallo, en nuestros límites marítimos noroccidentales. Un  tercer circulo de copropiedad  en torno a  la cuestión tratada, se dibujara, luego de la reacción de Nicaragua frente  a la última  Declaración de Santos, cuando en respuesta a la unilateral acción, Managua interpone el 16 de septiembre  del año en curso, una nueva demanda ante la CIJ, en la cual le solicita   que falle y declare "el rumbo exacto" de su frontera marítima en el mar Caribe con Colombia, más allá de las 200 millas náuticas (ZEE) en la zona de la plataforma continental, sin perjuicio de derechos de terceros  Estados. Este tercer  condominio  de intervención panameña en el asunto,  difiere en profundidad de involucramiento de las dos anteriores, pues denota, que la defensa de los intereses colombianos  virtualmente  es  sostenida mas por Panamá, que por Colombia, (simplemente porque Bogotá,  legalmente no puede hacer absolutamente nada). Ello es perceptible  de la  comparecencia en la  68º Asamblea General de la ONU,  cuando el presidente Martinelli, apropiándose del discurso de Santos, (que “extrañamente”, no  se  refirió al asunto en su comparecencia en la ONU); repite que "Mi gobierno se ve en la imperiosa necesidad de rechazar categóricamente el intento de delimitación de fronteras marítimas de Nicaragua” (sic), como si el ejercicio  de ese legitimo derecho   de Managua, después del fallo de la  CIJ, respecto  a  Colombia,  requiera primero, la venia de Panamá. En otros términos, que, el máximo tribunal de justicia internacional, tiene que primero conocer si Panamá, autoriza o no, la solicitud nicaragüense, para acoger la nueva demanda interpuesta  por  Managua a Bogotá, respecto a los límites marítimos colombo-nicaragüenses; más allá de las 200 millas de ZEE,  porque esos límites ya están definidos  entre Bogotá y Panamá. Esto última concepción  por parte de la Cancillería panameña de la solicitud presentada por Nicaragua ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, órgano técnico de la  de la CONVEMAR,  se transparenta del discurso ante la ONU de Martinelli, al afirmar que la misma; “vulnera Tratados vigentes con Panamá”, pues  Nicaragua pretende expandir su plataforma en unos 49 mil 892.54 kilómetros cuadrados lo cual genera “una inobjetable superposición en nuestros espacios marítimos y en los Tratados contratados por Panamá con países vecinos”. Un cuarto circulo de consorcio panameño en el asunto, se presenta, producto de la reunión, en Naciones Unidas de los cancilleres de Panamá, Fernando Núñez Fábrega y de Nicaragua, Samuel Santos L. Ciertamente, de  forma casi sorpresiva  se llega a un Acuerdo preliminar, para que en caso de que la aspiración nicaragüense de expandir su plataforma marítima continental produzca  un traslape, no se comprometa la jurisdicción panameña. Según Núñez Fábrega  “El traslape podemos compartirlo, siempre y cuando no afecte las aguas territoriales panameñas, ni la salida del Canal, que tiene un Tratado de Neutralidad suscrito por la comunidad internacional”. Es  evidente, que  aquí, la preocupación panameña, aunque  deja abierta la posibilidad de un Arreglo, no obstante  la misma, quedo mal planteada. Sustento lo anterior en base, a que  el  Anexo A  del  Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá (TCNP y FCP), es claro cuando señala que  el termino Canal incluye el Canal existente, sus entradas y los mares territoriales de la republica de Panamá adyacentes a él; o sea que conforme a  dicho Tratado el territorio, donde se aplica el régimen de neutralidad, no solo es el área de compatibilidad con la operación  del Canal, sino además, en una zona contigua al mismo, dentro de las 12 millas o 22,2 km  de mar territorial panameño, definida en detalle por  el Anexo B. Es harto conocido que  de las aguas oceánicas, la única zona donde el Estado, realmente ejerce con propiedad soberanía es  el mar territorial, toda vez que en lo que concierne  a ZEE y plataforma continental, el mismo, solo se  tiene la facultad  para ejercer  una jurisdicción especial, ello es: para los fines  específicos  de exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales vivos y no vivos, del lecho, el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes. Ello es así, toda vez que las ZEE se consideran dominios reservados económicamente a los Estados y por ende la autoridad  ejercida, es puramente económica. Si respecto  a lo supra  expuesto, no existe discusión, mal puede a la republica de Panamá, preocuparle, que los limites de Nicaragua se traslapen con nuestro mar territorial, pues  ello seria algo  insólito, si es la única zona en donde sin discusión tenemos el derecho de ejercer soberanía, sumado a  que  se ubica  a  ciento de  millas  de distancia del área en litigio. Eso  significa, que en todo caso,  la preocupación debió manifestarse respecto a otros limites oceánicos, llámese ZZE o  Plataforma continental, pero nunca sobre el mar territorial panameño. Es  más, si la profundidad en dichas zonas  no excede  los  200 metros,  en la aérea de las  200 millas en que puedan superponerse las zonas  de cada país, entonces los limites serían perfectamente negociables.

Otra de las preocupaciones vertidas, por  los personeros panameños, que  vuelve a pecar de errónea, es la que  afirma que…“Si la intención de Nicaragua afectara la entrada del Canal, cualquiera de los firmantes del Tratado de Neutralidad pudiera objetarla”. Tal afirmación no   tiene, ni piso, ni techo, por cuanto que el Protocolo de Adhesión al  Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, en ningún momento compromete  a los  49  Estados que han suscrito el Protocolo,  desde 1980 a la fecha, a defender los límites marítimos pactados entre Panamá y Colombia porque, una vez  más, conforme al principio de res inter alios acta, un Tratado entre dos (Tratado  Liévano-Boyd),  no puede afectar o comprometer a un tercero, que no ha sido parte (Nicaragua).  Paralelo a ello, si de  lo que se trata  de afirmar es que los limites que Panamá negocie con otro país, pueden ser objetados por los países firmantes del Protocolo al Tratado de Neutralidad (aparte de lo acotado con el principio), es saludable recordar que las Partes Contratantes, respecto al Tratado en ciernes, lo único a lo que hacen es que   “reconocen  el régimen de neutralidad permanente y adhieren a sus objetivos” (Art.I); obligándose exclusivamente a   “observar  y respetar el régimen de neutralidad” (Art. III). O sea una cosa es la neutralidad permanente y  otra el funcionamiento del Canal y el articulo I refiere  al reconocimiento  de dicha neutralidad, mas no  al funcionamiento del Canal. En otras palabras, mientras los Estados Unidos y Panamá tienen la obligación de mantener el régimen de neutralidad establecido en el Tratado, los Estados signatarios de Protocolo, solo se obligan a observar y respetar  el régimen de neutralidad. De  suyo  se desprende que la adhesión al Protocolo al (TCNP y FCP)   no establecen  a   favor de terceros Estados algún derecho legal con respecto al transito por el canal u obligación a tomar acción a fin de mantener el régimen de neutralidad al adherirse al Protocolo simplemente se obligan interse a respetar  el régimen de neutralidad y  asegurar que las naves de su registro cumplan las reglas aplicables. 

Este  cuarto momento concluye, con la concertación de un  “Acuerdo Verbal”, coyuntural el cual dispuso el nombramiento de  un equipo técnico que determinará “si la posición de Nicaragua es correcta y no lesiona los derechos de Panamá sobre sus aguas territoriales”.

Un quinto  circulo,  de implicación panameña, evidencia  que la problemática  tratada, se mantiene abierta,  al tenor de una nueva comunicación de la Cancillería panameña, la cual señala  que “hasta tanto no finalicen esas negociaciones, el gobierno nacional continuará en su posición de defensa y salvaguarda de los derechos de Panamá sobre sus aguas territoriales”. Hasta  allí, huelgan los  comentarios,  pero agregar que  Panamá “no va a precipitarse en llegar  a un acuerdo en forma unilateral”, deja a  entrever, que cualquier Tratado de límites que Panamá, se vea obligada a firmar con Nicaragua, tendrá primero que  ser aprobado por Bogotá, reescribiendo la historia de ser  el único país  en el planeta, que  sus fronteras son fijadas por otro Estado, tal como ocurrió en  1914, cuando Estados Unidos nos impuso las fronteras terrestres, tanto con Costa Rica (Laudo White), como con Colombia (Thompson-Urrutia), tocándole el turno ahora a  Colombia, país que intervendría, en la determinación de nuestros límites marítimos, con Nicaragua.

Es imposible culminar este parte del escrito sin hacer  referencia obligada a la afirmación del gobernante panameño en su discurso en la ONU, cuando manifestó que su gobierno “no desconoce” la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que el año pasado resolvió una disputa territorial de Nicaragua y Colombia. Es bueno apuntar,  que si  seguimos siendo objeto de los  vaivenes de la política  interna y  externa de Colombia, y  hacer el papel de Departamento colombiano en el siglo XXI, al punto de que en la defensa de intereses exógenos, terminemos por  desafiar la seguridad jurídica internacional: la comunidad internacional en su conjunto,  más  temprano,  que tarde, nos exigirá res non verba,  el acatamiento de la decisión del máximo órgano judicial de la ONU, y de  persistir en mantener  una conducta rebelde, terminara por  convertirnos   en un paria internacional. Frente a dicho escenario  y  la decisión de la CIJ sobre los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, específicamente en  la zona otrora, bajo soberanía colombiana y negociada con Panamá conforme al Tratado  Liévano-Boyd del 20  de diciembre de 1976, situada al norte de los límites marítimos colombo-panameños y al sur del atolón de Alburquerque y de los Cayos Este Sudeste,  ahora entregada  a Nicaragua; de parte  de Panamá, proceden dos eventos. Uno, si las circunstancias así  lo exigen, como creo  que será, deberá negociar  con los nuevos vecinos al norte de nuestro mar Caribe (Nicaragua), un  Tratado de límites marítimos que  dada su naturaleza  podría  ser  un Canje de Notas, que simplemente confirme los  límites preexistentes establecidos en el Tratado  Liévano-Boyd, con Colombia, y la sustituya mutatis mutandi por Nicaragua en el área   colindante con Panamá previo al fallo. Eso  es sí, habida cuenta de que sobre Panamá, pesa el estoppel  o impedimento de que no puede exigirle a  Nicaragua, mas, de lo que con Colombia negocio. Por  otro lado, si en su defecto  se plantea la   elaboración  de una “nueva” línea marítima  fronteriza, esta debería  seguir de forma equilibrada, la línea del traslape de las 200 millas de Zona Económica exclusiva de ambos Estados, respetando los acuerdos de pesca firmados entre Panamá y Bogotá. El segundo evento  atiende a Colombia. Este implicaría negociar un nuevo acuerdo  o sencillamente un Protocolo al Tratado Liévano-Boyd, que  refleje la nueva situación, producto del acortamiento de distancia  en  la zona limítrofe, que  refleje las modificaciones  introducidas por el fallo. Por  ultimo, frente  al hipotético  escenario, de que  la CIJ, respecto a  la ultima demanda (16/9/2013), falle  a favor  de  Nicaragua, se  tendrá que determinar  si el alcance territorial de la misma,  involucra o no, limites nuestros previamente negociados con Colombia. En otras palabras, habría que determinar la cantidad de millas náuticas adicionales que se les otorgue  y  la profundidad media del mar en metros cuadrados en esa área de la plataforma continental. A ello hay que  añadir,  que en realidad, las pretensiones de Nicaragua, mas que  territorio colindante  con  Panamá, estas  apuntan muy  al norte  de nuestra frontera con Colombia, es decir, al noreste  del cayo  Roncador  y al este cayo  Serrana, en una zona que Colombia  administra como parte de su plataforma continental y que  según Nicaragua  son aguas internacionales.





Obligatoriedad del fallo 

Frente a lo manifestado por  Santos de  que “no  me rebelo contra el fallo porque quedaría mal, pero lo hago inaplicable, que es una forma decente y disimulada para desacatarlo”, lo primero que resulta imperativo  subrayar aquí,  que independiente del lenguaje utilizado, estamos ante la presencia del  incumplimiento patente de una sentencia, que tiene la particularidad de que se adoptó de forma  unánime por los 15 jueces que conformaron la Corte, incluyendo el juez ad hoc nombrado por Colombia. Lo anterior refuerza el grado de obligatoriedad que  tiene  el cumplimiento del fallo en ciernes,  que se traduce, como  la obligación jurídica de que se lleve a cabo lo dictado en la sentencia de manera inmediata y sin posibilidad de apelación. Respecto a dicha obligación, no es un secreto la actitud rebelde, por decir lo menos, que desde el momento del fallo ha mantenido Colombia. Ahora la renuencia a acatar el fallo, adopta la figura condicional de la negociación de un Tratado bilateral con Managua, que tire por la borda  la decisión  de la CIJ,  invocando el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que los límites sólo se pueden modificar mediante Tratados aprobados por el Congreso. En otras palabras, si la  Constitución y las leyes colombianas, consideran el Archipiélago de San  Andrés y sus  aguas adyacentes como parte inalienables del Estado colombiano y el fallo de la CIJ, no se ajusta exactamente  a tales términos, como en efecto, así resultó; entonces el mismo podrá ser desconocido. Como es evidente,  esta falaz interpretación de la ley; es catalogable como un fenómeno de monismo interno,  donde  se intenta hacer que prevalezca  el derecho nacional, sobre el derecho internacional. Sirva  de ejemplo contra dicho argumento, la jurisprudencia de otras sentencias de la CIJ, como lo fue diferendo que en 2002, enfrento a Nigeria y Camerún por la soberanía de la península de  Bakassi y la delimitación de la frontera marítima entre los dos Estados. En tal oportunidad, la CIJ emitió  la sentencia a  favor de  Camerún, por lo que como consecuencia de ello, Nigeria tuvo que reformar su Constitución y cumplir el fallo. Por último, sobre el punto, relativo a la pacta sunt servanda (los acuerdos deben respetarse) en los Tratados internacionales, no abunda  recordar que en ocasión de la triunfal campaña  para las  elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en 1980, Ronald Reagan, la baso entre otros, en lo que denomino,  la política exterior equivocada de Carter, quien había “regalado” a Panamá,  el Canal “americano”, que ellos habían financiado y construido; prometiendo a su electorado, que  de llegar a la presidencia, desconocería los Tratados del Canal de Panamá o Tratados Torrijos- Carter. Todos los Estados del orbe saben perfectamente de los resultados al respecto, una vez Reagan triunfo en las elecciones. La pregunta obligatoria que  aquí flota por tanto sería?  Podrá uno o varios  presidentes latinoamericanos, solo o  en conjunto,  emular a  Reagan, en semejante desafío, ahora ante la CIJ? huelgan los comentarios. En conclusión, las posibilidades de Colombia respecto al fallo se limitan, bien a recurrir a los mecanismos del  Reglamento y el Estatuto, para solicitar una interpretación del fallo (caso El Salvador vs Honduras, 2002 o México vs Estados Unidos, 2008); bien a interponer un recurso de revisión ante la CIJ, si demuestra la existencia de un  nuevo y determinante  elemento, desconocido y por tanto no  presentado en las fases previas. En dicho evento, la Corte tendría que evaluarlo, disponiendo para ello de un plazo de 10 años. De  todas formas, es imperativo subrayar que después de un juicio, en toda su historia, la Corte nunca ha aceptado una solicitud de revisión de ninguna sentencia. El último recurso seria, la solicitud de una  aclaración del fallo,  pero para ello, tiene que contar con la aquiescencia de la contraparte (Nicaragua) y segundo que el remedio podría ser peor que la enfermedad, ya que  incluiría, los Tratados firmados por Colombia con países con los que no tiene frontera y con los que se negocio territorio marítimo  ajeno (de Nicaragua), porque en el fondo,  la verdadera intención  de Bogotá al concluir  Tratados marítimos con Panamá, Costa Rica y Jamaica, no era otra que la de legitimar su soberanía en el Archipiélago de San Andrés y sus aguas adyacentes. En las tres circunstancias reseñadas,  es poco o nada, lo que Colombia podría obtener a su favor. El callejón sin salida constatado, por Bogotá, explica el porqué de la estrategia  de dilatar hasta donde le sea posible, el cumplimiento de la sentencia, (sumando en tal aventura a Costa Rica y Panamá), debido al costo político que implicaría decantarse por cualquiera de las dos alternativas: aceptar o rechazar  el fallo;  además que nada garantiza que mantener la conducta, de diferir sine die  la ejecución de la sentencia; no le pueda traer consecuencias negativas para la hacienda de  ese país  y de los que los que suscriben su apoyo;  si  sumado a todo lo sucedido en su contra, también tengan hacer frente a la responsabilidad por daños y prejuicios acarreados a Nicaragua, por su negativa a implementar el fallo.

Ultima demanda de Nicaragua ante la CIJ

Sobre dicha realidad, ante todo, precisa  aclararse, que la  nueva demanda que Nicaragua emprendió en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), orientada a ampliar su plataforma marítima en el Caribe, está cimentada en el derecho internacional, toda vez  que el artículo 76 de la Convención de Jamaica, establece que cuando un país tiene una plataforma continental geológicamente extensa, como es el caso de Nicaragua, que parte de  453 kilómetros de costa en el Caribe,  puede optar hasta 350 millas náuticas máximo. Ello quiere decir que la  CONVEMAR, que  da  cabida  al reclamo, dispone que “un Estado ribereño con amplio margen continental, pueda establecer el límite de su plataforma continental, más allá de las 200 millas establecidas, siempre que estudios técnicos y científicos, demuestren, que esa extensión sea la prolongación natural de su territorio bajo el mar”. Adicional a ello, “el propio fallo de la CIJ en sus párrafos 127,129 y 131, dejo constancia  que Nicaragua ya había  solicitado  ampliar  su plataforma mas allá de las 200 millas”. Como es conocido, la  plataforma continental de Nicaragua en la parte norte, arriba de la latitud 13 grados, es extensa y las aguas al este de dicha zona,  no son colombianas sino internacionales, por lo tanto, si ese territorio marítimo, no es propiedad  de Colombia, la oposición de Bogotá  al reclamo, no tiene ningún fundamento. Nicaragua le está pidiendo a la CIJ 150 millas adicionales a  su ZEE,  hasta encontrarse con derecho de terceros. Una petición semejante la han realizado 67 Estados en el mundo, entre ellos nueve latinoamericanos y caribeños, entre ellos Argentina, que han pedido una plataforma continental más allá de las 200 millas. La propia  Costa Rica,  tiene una petición de plataforma continental más extensa en el océano pacífico. En ese orden de ideas, la demanda actual de Nicaragua en el sentido de que  la CIJ  falle y declare “el rumbo exacto” de su frontera marítima en el mar Caribe con Colombia, (El territorio marítimo de Colombia en el atlántico suma 589.360km), en  las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las Partes,  más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2012, sin perjuicio de derechos de terceros Estados, se supone basada en el argumento de que la  plataforma continental de un Estado ribereño (Nicaragua), “comprende hasta el borde exterior del margen continental (barrera continental) la cual involucra la prolongación sumergida de la masa continental del Estado nicaragüense, constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental, a una distancia que no exceda 350 millas marinas contadas desde las líneas de base”. En otras palabras, esa distancia podría ser  de entre 150 o mucho menos (pero no mas), millas náuticas adicionales a su ZEE concedida por el fallo. Para el logro de semejante  objetivo, Managua mínimo, tendría que  sortear los siguientes escollos: Uno,  demostrar que existen áreas de plataforma continental extendida en esa parte del Mar Caribe, que se extienden más allá de 200 millas náuticas, desde la costa territorial más cercana de los Estados costeros. Dos, evidenciar que  el derecho  de un Estado basado en la prolongación natural más allá de 200 millas náuticas, precede al derecho del Estado basado en la distancia. Tres, si bien la reclamación  nicaragüense de solicitar  derechos a la CIJ, en la zona de la plataforma continental (150 millas  náuticas adicionales a la ZEE) se  fundamenta en que  los Estados  con plataforma continental mayor a  las  200 millas de  ZEE , como ocurre con   Nicaragua, potencialmente pueden ejercer dichos derechos sobre la totalidad de la plataforma continental, tales derechos, serian validos en la medida en que no interfiera con  la prolongación natural del territorio de otro Estado. Ello significa que Managua debe confrontar el obstáculo,  de que la  delimitación de derechos superpuestos que incluye una plataforma continental extendida de una de las  Partes, puede afectar el derecho de plataforma continental de la otra Parte.  Es  evidente que cualquier alegato nicaragüense relativo a derechos sobre  una  plataforma continental extendida al oriente de la cual forman parte las islas, cayos e islotes del Archipiélago de San Andrés, de propiedad de otro país (Colombia), no es un asunto fácil de sostener; máxime los precedentes existentes. Entre los precedentes más emblemáticos, sobre controversias semejantes, aunque no iguales, podemos destacar  dos. Uno, la  sentencia de la CIJ sobre la plataforma continental entre Túnez vs Libia, del 24 de febrero de 1982, donde la CIJ se alejó del criterio geomorfológico o  territorialista, según la cual la plataforma continental corresponde a la prolongación natural de las costas y  se oriento  hacia  una concepción marítima, para la cual, la Convención indicó dos elementos constitutivos del derecho sobre la plataforma continental: el principio de adyacencia que fundamenta el título jurídico sobre la plataforma continental; y  el criterio de la distancia que define su extensión, independientemente de la prolongación natural de las costas hasta una distancia mínima de 200 millas. El otro ejemplo que aquí aplica, fue, la decisión  emitida  por la CIJ en 1985,  en la controversia  que enfrento a Libia y Malta  en el marco de la delimitación de una zona de superposición más allá del límite de las 200 millas náuticas contadas a partir de las costas de los Estados parte en el litigio, las consideraciones geológicas y geomorfológicas, (en las que en esta situación, se basa Nicaragua),  fueron desechadas. En tal oportunidad la Corte determinó que en ese caso específico no se aplicaba el criterio de la prolongación natural y que, de manera alternativa, la solución debía encontrarse en la aplicación de los principios equitativos: División en partes iguales de las áreas de superposición de las zonas marítimas y submarinas correspondientes a la proyección de cada Estado, en el caso donde no existan circunstancias especiales o donde no se requieran factores de corrección. Se  suma a lo anterior, el que “los derechos de soberanía, que asisten a los Estados ribereños, se refieren a la exploración y explotación  de sus recursos naturales. Dichos recursos en términos  de la CONVEMAR, comprende a los de origen mineral y a otros recursos no vivos del lecho y subsuelo, así como de los organismos vivos de especies sedentarias”

En el evento contrario, es decir que la CIJ,  falle en contra de Bogotá, dándole razón a Nicaragua, se podría pensar que Colombia, en razón de que  no suscribió la Convención sobre Derecho del Mar  de   1982,  podría argumentar que no está obligada a acatar la nueva sentencia. Sin embargo, comoquiera que la Convención de Jamaica, solamente codifica lo que es el derecho consuetudinario internacional,  a Colombia se le aplica aunque no sea parte. En conclusión, a nuestro juicio, la demanda de Nicaragua, tiene el mismo propósito de la primera, aspirar al máximo, para recibir, el mínimo, y con ello, de todas formas obtener ganancias, sean estas,  unas 20  o 40 millas  náuticas adicionales a las 200 millas náuticas alcanzadas, pero nunca las 150 adicionales a su ZEE, que  reclama, habida cuenta de que la anchura en promedio de la plataforma continental es de cerca de 90 km y no de 150 como pretende Managua.





Solución  de la controversia

Es harto conocido, que desde  que  la sentencia fue publicada,  la  mayor preocupación para Colombia, constituye la imperiosa necesidad  de asegurar los derechos de pesca, al oeste de las costas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es innegable que la cuestión pesquera, es central en la controversia generada por el fallo, por lo que  a nuestro juicio, en vez  de promover demandas de parte y parte y el involucramiento de países  ajenos  a dicha controversia, como estrategia para burlar la decisión de la CIJ;  la solución de la misma, pasa obligatoriamente por  negociar un  entendimiento  semejante, al que Colombia plasmó con los Estados Unidos en el Tratado Vásquez-Saccio, en 1972 y el  intercambio de Notas del 24 de octubre  de 1983, que le siguió. En tal oportunidad, Washington reconoció la soberanía colombiana sobre  los Cayos  Serrana, Roncador y el Bajo Quitasueño  y Colombia a su vez, les resguardo los derechos de pesca a los  Estados Unidos en dicha zona. En otras palabras, Bogotá debe evitar buscar subterfugios para sortear el fallo, complicando aun más la situación de lo que ya esta,  a través de Declaraciones que invocan leyes y decretos internos, como la del nueve (9) de noviembre, que solo obligan a Colombia, pero que están dirigidos a crear situaciones de hecho tales como: “fallo inapelable”,  “Tratado que proteja los derechos de los colombianos aprobado  conforme a la  Constitución”, “Zona Contigua Integral”, que en vez  de las 12 millas náuticas otorgadas por la CIJ, sumar por su cuenta 12 millas adicionales, que  cubrirían  los espacios marinos que se extienden desde el sur, cayos de Albuquerque y las islas Este-Sudeste, hasta el norte, cayo de Serranilla y ocupar así el área marítima concedida por la CIJ  a Nicaragua y finalmente,  “unir  dos plataformas continentales”, la del continente colombiano y la  del Archipiélago de San Andrés, incluyendo aguas internacionales. Tales acciones,  lo único que fomentan es una actitud  contestataria de Nicaragua, la cual  ante la imposibilidad de definir bilateralmente los espacios marítimos, empujan a ese  país (con diferencias internacionales de límites con sus vecinos, solo superada en el mundo,  por la Republica Popular China), a  apelar por enésima vez,  a  la CIJ. En resumen, la única  opinio juris  valida al respecto, es  que  como corresponde a naciones civilizadas y hermanadas  por historia, lengua, cultura y religión, Colombia, debe acatar sin remilgos el fallo de la CIJ, Nicaragua, reconocerle a los pescadores que faenan en el área, los derechos de pesca, que como pueblos originarios de la zona, siempre han usufructuado y ambos acordar  preservar  la reserva de biósfera Seaflower  y la vigilancia y lucha contra el narcotráfico en la zona.





Primera Parte



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