La Etica Empresarial Frente al Nivel de Transparencia en la Gestion Publica - Política Nacional - Reeditor.com

. Pero además, la ética empresarial implícita en las políticas y programas de toda empresa, siempre está presente, y las respuestas que se den, por ejemplo, frente al nivel de transparencia de la gestión pública, en un mundo globalizado y altamente competitivo, condicionan en buena medida los resultados económicos a corto, mediano y largo plazo.

LA ETICA

En todo acto humano siempre están presentes :

1. Nuestros conocimientos, cultura y experiencia.

2. Nuestros principios y valores

3. Nuestro criterio

De estos, la influencia del criterio marca la diferencia sustancial en los actos de las personas.

El desarrollo del criterio depende del nivel que podamos alcanzar en el desarrollo de nuestra capacidad para optimizar nuestros conocimientos, cultura, experiencia, principios y valores.

Personas catalogadas como “más capaces mentalmente y con mayores conocimientos” pueden tener criterios más alejados del nuestro frente a la toma de decisiones ante una situación específica, que personas con “menor capacidad mental y menores conocimientos.” Todo ser humano tiene la capacidad de realizar aportes que nos permitan desarrollar nuestro criterio.

Son los principios y valores, en el contexto de un cierto nivel de capacidades, los que finalmente marcan la diferencia desde el punto de vista “humano”.

LA ETICA EMPRESARIAL

Dado que toda empresa está integrada por personas, la ética empresarial siempre está presente, implícita y explícitamente. La ética empresarial la construyen todos los días sus dirigentes como primeros responsables, pero también sus funcionarios y empleados.

Podemos referirnos a un nivel de ética bajo, cuando se aceptan “todas las formas de lucha” (para penetrar, mantener o incrementar un mercado en particular, por ejemplo) bajo el principio de que “el fin justifica los medios”.

Podemos referirnos a un nivel de ética alto, cuando no se aceptan estos principios, y por el contrario, se condicionan los resultados y las utilidades al beneficio y bienestar de las personas que están en el ámbito de influencia de sus actividades, en aplicación del principio de la responsabilidad social.

En el momento de tomar una decisión, “el nivel de la ética empresarial” afectará sin duda los resultados económicos a corto, mediano y largo plazo.

Esta consideración la podemos expresar en el siguiente gráfico:

Con un nivel de ética bajo, en no pocas ocasiones y países podemos esperar buenos resultados a corto plazo. A largo plazo, la posible variación en los resultados es muy grande, pudiendo mantener buenos resultados cuando el medio es de alta impunidad y corrupción, así como “fácilmente” ir a la quiebra.

Con un nivel de ética alto, la variación en los resultados es mucho menor. Es decir, el riesgo de quiebra es muy bajo (a causa de este concepto ético) y los resultados ya dependen fundamentalmente de otros factores y no de las situaciones derivadas de este concepto.

En la práctica, manejar estos conceptos no es fácil. Siempre existirán “zonas grises” que diferenciarán las decisiones y por lo tanto los resultados.

La “visión” que se tenga del futuro deseado, sustentado en los principios y valores propios, condicionarán las decisiones.

Metodologías como la evaluación de las prácticas de la competencia, del entorno en general (normas legales, costumbres, necesidades, etc), y la construcción de escenarios, todo a la luz de la ética empresarial propia, son herramientas fundamentales en la planeación estratégica y en la definición de objetivos y metas.

Por otra parte, el estudio de casos es una excelente metodología para socializar las políticas, la visión y los objetivos de una empresa.

A manera de ejemplo nos referiremos brevemente al caso colombiano en salud, por ser un caso complejo de grandes repercusiones a nivel nacional.

CASO COLOMBIANO EN SALUD

A finales de la década de los ochenta el sistema de salud se fundamentaba para la mayoría de la población, en la asistencia pública. La cobertura de los seguros sociales, con derecho a los servicios de un Plan en salud, no llegaba al 20% de la población y el gasto en medicamentos, a costa del bolsillo de los colombianos, representaba más del 40% del gasto total.

En 1993 se expidió la ley 100 estableciendo el sistema de aseguramiento universal definiendo un Plan Obligatorio de Salud (POS) que debería cubrir a la totalidad de la población. En el 2012 más del 95% de la población estaba cubierto. Al establecer la cobertura de medicamentos mediante los genéricos, cuyo costo es hasta diez veces menor que los de marca, “el gasto de bolsillo” se disminuyó a cerca del 10% del gasto total. Muchos laboratorios farmacéuticos tuvieron que cerrar sus ventas en Colombia.

Este sistema de aseguramiento se caracteriza básicamente :

1. Las Empresas aseguradoras (Empresas Promotoras de Salud - EPS) creadas para estos efectos, mediante un pago “percápita” (Unidad de Pago por Capitación – UPC) deben garantizar los servicios del Plan (POS). En caso de no ser suficiente la UPC, deben responder con su patrimonio. La afiliación a una EPS es obligatoria.

2. Los usuarios, en cualquier momento, tienen la libertad de cambiar de EPS y no pueden ser rechazados por ningún motivo.

3. Se cubren todas las patologías con un nivel medio de hotelería y tecnología y mediante medicamentos genéricos y un listado de procedimientos e insumos. El POS se actualiza periódicamente.

A continuación se reseñan los principales sucesos históricos :

1. En 1993 se expidió la ley 100 a la que hemos hecho referencia.

2. En 1991 se expidió para Colombia una nueva Constitución Política en la cual se instituyó la instancia de “la tutela” mediante la cual cualquier persona puede acudir a un juez de la República en defensa de un derecho declarado “fundamental” en la Constitución y en las leyes estatutarias.

OBSERVACION : Nunca se ha expedido una ley estatutaria en salud definiendo con claridad el alcance del derecho a la salud como derecho fundamental, y los dirigentes de las EPS jamás lo han exigido.

3. Los Magistrados de la Corte Constitucional inicialmente declararon este derecho como sujeto a las restricciones propias de un “derecho prestacional” con el fin de salvaguardar la solvencia fiscal. Poco a poco fueron modificando y ampliando este concepto hasta declarar como derecho fundamental prácticamente todos los servicios de salud ordenados por el médico tratante y disponibles en el territorio nacional. Las tutelas por servicios no incluidos en el POS se incrementaron sustancialmente.

4. A finales de la década de los noventa, el Ministerio de Salud aprobó la norma que le exigía a las EPS financiar los servicios tutelados no incluidos en el POS, con dineros del POS, y las autorizaba para efectuar el recobro al Fondo que administraba los recursos de la salud.

OBSERVACION : En estricto sentido esta práctica obliga a las EPS a cometer un “peculado” por cuanto desvía los recursos que les han entregado para garantizar los servicios del POS, hacia otros servicios no incluidos en el Plan (POS).

Los dirigentes de las EPS jamás han demandado esta norma ante las autoridades competentes. Ni siquiera han solicitado un concepto a la entidad que vigila la solvencia financiera de las empresas (la Superintendencia financiera), en relación con el riesgo de insolvencia que genera.

5. A partir de la segunda mitad de la primera década de este siglo se incrementaron las cuentas de cobro al Fondo (Fondo de Solidaridad y GarantÍa – FOSYGA) y se iniciaron las glosas del Fondo que terminaban afectando el patrimonio de las EPS. Igualmente, al estar las EPS obligadas a desviar recursos destinados al POS hacia los servicios no incluidos en él, las entidades prestadoras de los servicios del POS (hospitales y clínicas principalmente) se vieron afectadas por la “falta de recursos” de las EPS para cancelar sus servicios. Actualmente estas deudas tienen al borde de la quiebra a todas las entidades (EPS, hospitales y clínicas).

OBSERVACION : Desde el inicio de operaciones, algunas de las EPS del Régimen Subsidiado, (financiadas casi totalmente con dineros provenientes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales), fueron controladas por organizaciones al margen de la ley y por personas “sin escrúpulos” que desviaron los recursos hacia otras actividades. Desde hace varios años el gobierno (aprovechando entre otras esta situación), ha orquestado una campaña de desprestigio hacia las EPS, responsabilizándolas de la crisis del sistema. Ha contado con el apoyo irrestricto de los medios masivos de comunicación y de todos los políticos que aspiran al monopolio del Estado en el manejo de los recursos. Las EPS, en su gran mayoría son empresas privadas sin ánimo de lucro y por lo menos en el Régimen Contributivo de los asalariados, difícilmente permiten la injerencia de los políticos en sus decisiones.

6. Ante la magnitud de las demandas por tutela los magistrados de la Corte Constitucional autorizaron a las EPS, a través de los llamados Comités Técnico Científicos (CTC), a aprobar y financiar servicios ordenados por los médicos tratantes y no incluidos en el Plan Obligatorio, para después reclamar su costo al Fondo (FOSYGA).

OBSERVACION : Ante la autorización a las EPS de aprobar y financiar servicios no incluidos en el POS, se completó el ciclo de abonar el terreno para la corrupción generalizada. No pocas EPS decidieron tratar de superar sus problemas financieros acudiendo a prácticas dudosas como la sobrefacturación, con el fin de solventarse financieramente.

ANALISIS DEL CASO.

Podemos analizar este caso por medio de reflexiones que ayuden a evaluar diversos escenarios posibles.

En primer lugar, deben analizarse quienes y que clase de intereses presionaron las medidas gubernamentales.

1. En primer lugar, las entidades que están logrando una gran utilidad en esta crisis son los laboratorios farmacéuticos. Es conocida la práctica común de los laboratorios de financiar campañas políticas, congresos médicos, y otorgar diversos beneficios a los médicos que, por ejemplo, ordenan medicamentos de marca, especialmente los de alto costo, en lugar de los medicamentos genéricos que cubre el Plan Obligatorio de Salud (POS).

2. Por otra parte, los intereses políticos llevaron al gobierno a no reconocer sus errores y diseñar la estrategia de desprestigio de las EPS, quienes resultaron los responsables del deterioro de los servicios y de la crisis hospitalaria. Además, resultan extrañas, por ejemplo, las medidas que en su momento expidió el Ministerio de Salud para liberar los precios de medicamentos, llegando algunos de ellos a venderse en Colombia a los precios más altos del mundo.

3. Alrededor de la masificación de las tutelas estimulada por la negligencia de los legisladores y los intereses de los laboratorios farmacéuticos, se organizaron corruptos abogados, médicos y jueces, para obtener el máximo beneficio posible sin consideración alguna de su responsabilidad social. Igualmente se beneficiaron los medios de comunicación, en aplicación de sus objetivos de lucro por medio de escándalos y denuncias sin esforzarse por realizar la más mínima investigación de los hechos. Políticamente se beneficiaron los congresistas y los magistrados, presentándose como los benefactores del pueblo colombiano dado que presentaban a las EPS como causantes de la crisis. Esta conducta es típica de la opción de conseguir altos dividendos a corto plazo. A largo plazo, tendrán que enfrentarse a la verdad y a la justicia.

4. La reflexión que surge, ante normas absurdas que claramente amenazaban la solvencia financiera de las EPS, es analizar las dos opciones que se les presentaron a sus dirigentes :

a. Hacerle frente a la situación inclusive mediante denuncias públicas, buscando el apoyo de la sociedad civil : de gremios, asociaciones (de usuarios, de trabajadores, e inclusive de hospitales y clínicas), del movimiento cooperativo, etc. Tenían argumentos suficientemente claros y contundentes para hacerlo.

b. No enfrentar la situación por temor a posibles represalias gubernamentales y

proceder a buscar la forma de evitar el colapso financiero.

OBSERVACION : La segunda opción fue aceptada por los dirigentes de las EPS. Esta opción condujo a dudosas prácticas como la sobrefacturación, para obtener recursos que contrarrestaran las pérdidas que ocasionaban las glosas del FOSYGA. Inclusive, algunas EPS masificaron las aprobaciones de estos servicios ante “los buenos resultados” de sus prácticas dudosas. Las utilidades que a corto plazo se pudieron obtener, a mediano plazo ya han conducido a la intervención de las autoridades ante el éxito de la campaña de desprestigio de las EPS, a la cual ellas mismas colaboraron.

Bogotá, Marzo 2013 - Carlos Alberto Naranjo - oficinacan@yahoo.com