En los últimos meses se están instalando en la conciencia colectiva dos asertos que tienen la finalidad de preparar a la ciudadanía para que, por un lado, acepte como inevitables las medidas económicas restrictivas que se pondrán en marcha y, por otro, para que sienta que no hay otras soluciones posibles: “es lo que hay”, o “es lo que toca”, es el mantra que repetimos sumisamente y es el primer paso para autoconvencernos de que no hay respuesta posible. Lo que se está consiguiendo es asustar a la población, retraer el consumo e impedir que aflore deseo de cambio.

En mi opinión no es verdad que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Al menos no los diecisiete millones de personas que vivimos de nuestro trabajo, los pensionistas, los milieuristas, los cinco millones de parados, la mayoría de los estudiantes, etc… Tampoco es verdad que no haya alternativas a esta forma de superar la crisis, porque hay economistas y estudiosos que piensan que las medidas actuales están hundiendo la economía real y que son posibles otras medidas incentivadoras y fiscales, como se explica en el libro de los profesores Navarro, Torres y Garzón, que se puede descargar en:http://www.attac.es/web/uploads/Hay-alternativas-web.pdf.

En el campo de la sanidad, el que mejor conozco, a partir del análisis de datos que ofrece J. Simó en: http://saluddineroy.blogspot.com/2012/02/vivir-por-encima-de-nuestras_15.html, se puede afirmar que durante los años previos a la crisis el crecimiento del gasto sanitario público per cápita ha sido muy similar al crecimiento del PIB, tanto en términos nominales como en términos reales. Este resultado respalda muy escasamente que en sanidad pública hayamos “vivido por encima de nuestra posibilidades”.

El gasto per cápita en farmacia de receta es el único que claramente crece, tanto en términos nominales como reales, muy por encima del PIB durante todo el periodo. Tanto el gasto per cápita en atención especializada como el gasto per cápita en atención primaria crecen igual o menos que el PIB. Llamativo el decenio (1996-2006) durante el cual el crecimiento de gasto en atención primaria es claramente inferior al crecimiento del PIB. El gasto en atención especializada  crece claramente por encima del PIB a partir de 2005, muy probablemente influido por el crecimiento del gasto en farmacia hospitalaria que, como sabemos, ha sido exponencial durante los últimos años.  Por lo tanto, si en alguno de estos tres sectores funcionales hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades” ha sido clarísimamente en farmacia de receta. Y si en alguno hemos “vivido por debajo de nuestras posibilidades” ha sido claramente en atención primaria.

En gasto de personal no "se ha vivido por encima de nuestras posibilidades" en la sanidad pública, sino todo lo contrario: en gasto de personal es en lo que más claramente se "ha vivido muy por debajo de nuestras posibilidades". Por lo tanto, son mucho más injustos los recortes en los salarios del personal que las reducciones de precios en farmacia de receta, que deberían ampliarse a los precios de la farmacia hospitalaria.

En realidad lo que está pasando es que el neoliberalismo no soporta que los servicios públicos sean ofertados por el Estado de manera universal y gratuita cuando las empresas del sector de los seguros, de la construcción, de la gestión de servicios, etc…, podrían obtener enormes beneficios  si se considerasen un bien de consumo, una mercancía, en vez de un conjunto de derechos sociales y una manifestación de la solidaridad.

A los poderes económicos que están detrás de la privatización y de la fragmentación de la prestación de servicios sanitarios no les importa que en España disfrutemos de unos indicadores de salud equiparables a los de los mejores países del mundo (esperanza de vida, mortalidad infantil, etc…); ni que el sistema sanitario esté muy bien considerado por la población; ni que sea comparativamente barato, en relación al coste del sistema sanitario de países de nuestro entorno. Esos poderes, aprovechando la crisis económica, están sembrando en la sociedad la duda sobre la viabilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Afirman que no podemos seguir manteniendo nuestra sanidad pública porque resulta muy costosa.

En realidad esta opinión no es nueva. Ya en los años ochenta del siglo pasado, coincidiendo con el apogeo de las ofensivas neoliberales, el Banco Mundial recomendaba a los sistemas sanitarios trasladar a los usuarios los gastos en la utilización de las prestaciones, ofrecer esquemas de aseguramiento para los principales riesgos, incrementar la utilización de recursos privados y descentralizar los servicios sanitarios públicos. Desde entonces, no son pocos los países que han introducido reformas en ese sentido, entre otras 1/ la financiación directa de la atención sanitaria por parte de la población (copagos, tickes moderadores, pagos hosteleros,....); 2/ la autonomía hospitalaria, como medio de introducir competitividad entre hospitales (fragmentando los servicios, seleccionando a los pacientes más rentables, devaluando la función de la atención primaria y tomando como indicadores de calidad asistencial la disminución del gasto, en lugar de la modificación positiva del estado de salud de la población); 3/ el establecimiento de “acuerdos cooperativos”, “mercados internos” y “libre elección”, iniciativas que introducen mecanismos de ahorro que atentan a la calidad asistencial, porque priman la obtención de pluses económicos en detrimento de resultados en salud. En estas situaciones, como el consumidor no puede juzgar el servicio recibido, la competencia no suele establecerse en la calidad, pero sí en los precios, en las comodidades o en el marketing; 4/ la gestión privada de servicios públicos, con la consiguiente parasitación de lo público por lo privado; y 5/ la contención del gasto farmacéutico.

Estas medidas tienen efecto en la organización asistencial y en los indicadores sanitarios; en la eficiencia en la aplicación de la atención sanitaria, en la empleabilidad del sector y, en última instancia, en la economía real. La experiencia en muchos países en desarrollo de diferentes latitudes es desalentadora. Algunos, como Sri Lanka y China, con sistemas de salud fuertes y satisfactorios, que están promoviendo la privatización o la autonomía de sus hospitales, o como la mayoría de los países africanos, que están facilitando la descentralización de los servicios, obtienen peores resultados sanitarios, con un aumento de la injusticia y de la ineficacia. La experiencia latinoamericana ha demostrado que la privatización no es mejor que el mantenimiento de sistemas públicos unificados. Desde que la India aceptó a someterse al ajuste estructural, en 1990, su presupuesto para salud pública ha sido amputado en un 30 %, y el programa antimalaria en un 40 %. Se agravan viejos problemas, como el hambre, la malaria, la tuberculosis; surgen otros nuevos: SIDA, psicosis, adicciones, violencia en todas sus formas; y se mantienen las desigualdades de género y de etnia y los problemas de abastecimiento básico: agua y alimento. La infancia y la vejez se debilitan y se feminiza la pobreza.

Cuando se reduce la financiación del conjunto de los servicios sociales públicos de un país, las previsiones indican que por cada 80 € recortados la mortalidad general puede incrementarse casi un 1% (0,99%); la debida a problemas relacionados con el alcohol puede subir un 2,8%, las muertes por tuberculosis aumentarían un 4,3% y la mortalidad cardiovascular un 1,2%. En España, los datos de evolución de la esperanza de vida difundidos por el INE relativos al primer semestre de 2011, muestran que por primera vez en cincuenta años la esperanza de vida rompe su tendencia creciente y disminuye (ahora está en 81,87 años de media para ambos sexos, ocho centésimas menos que en 2010). Aunque es prematuro achacar este mal dato a las consecuencias de la crisis, llama la atención que haya habido este descenso en un año en que han disminuido las muertes por accidente de tráfico, que es la causa de mortalidad que más contribuye a alargar la esperanza de vida.

La historia nos enseña que la expectativa de vida al nacer decreció en Rusia 7 años entre 1991 y 1994, como si el país estuviera en guerra, y que todavía sigue siendo de 65 años, cuando en 1988 era de 70. Deberíamos extremar la vigilancia sobre los indicadores de salud y sobre la evolución del coste de los servicios sanitarios, no vaya a ser que si continúa el desmantelamiento de los servicios públicos vivamos situaciones como las que afectaron a los estados del Este de Europa.